La Benemérita señala al alcalde de Borja por presionar a testigos

Convocó reuniones en el consistorio con personas relacionadas con el caso del cura. El atestado resalta la división social en la localidad a partir de las redes sociales

La Guardia Civil acaba de escribir un nuevo capítulo en la Operación Espino, que investiga la supuesta apropiación indebida de más de 168.000 euros por parte del cura de Borja, Florencio Garcés. Esta vez, el atestado señala al alcalde de esta localidad zaragozana, Miguel Arilla, por cometer, supuestamente, un delito de obstrucción a la justicia.

Las investigaciones del instituto armado han descubierto, según señala el propio organismo, que el primer edil convocó en dos ocasiones reuniones con testigos del caso que instruye la magistrada del Juzgado de Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez.

En ellas, se indica que desde el consistorio se habría presionado para que no declararan en contra del sacerdote o que no ejercieran como acusación particular. El instructor señala que en alguna ocasión lo han conseguido, como fue en el caso del testigo protegido «que cambió su manifestación con posterioridad». En un primer momento este trabajador del ayuntamiento reconoció que Florencio Garcés estaba siendo extorsionado por el clan gintano Zapato Veloz.

Una de esta convocatorias se celebra después de que EL PERIÓDICO publicara que varias personas, como el monaguillo o personal de Cáritas, admitieron irregularidades en la gestión financiera realizada por el religioso. Así lo confirman ante los miembros de la Benemérita alguno de los asistentes y concejales de diversos colores políticos.

De hecho, algunos comunican su «indignación» ante «el interés del alcalde por el procedimiento judicial, desconociendo la razón o el porqué una autoridad pública intenta inmiscuirse en asuntos del campo judicial».

A lo largo del atestado también se resalta la división social que existe en la localidad de Borja, a partir de las redes sociales. La Guardia Civil hace un análisis de los foros y páginas de Facebook en las que los habitantes de este municipio se expresan a favor de Florencio Garcés, y en contra de medios de comunicación como este diario por hacer públicos las pesquisas. Alguna de las personas que se han posicionado en contra del sacerdote han sido víctimas de insultos e incluso sabotajes en domicilios particulares, que están siendo investigados.

MISIVA

En uno de estos grupos se resalta una carta firmada por el alcalde Miguel Arilla; el instituto armado no duda de su autoría. En la misiva se califica de «sainete» la labor realizada hasta el momento por los investigadores. «La presunción de inocencia en entredicho, el sigilo brillando por su ausencia, cantidades económicas magnificadas, imputaciones y desimputaciones, acusadores acusados y uno de los ciudadanos más representativos de Borja siendo portada no deseada en muchos medios de comunicación», apostilla.

También pide a los ciudadanos «confianza en la Justicia» para los que «con su silencio no otorgan, sino confían expectantes en la pronta resolución de este caso». La carta finaliza con un «ánimo para todos y un recuerdo especial para Florencio».

Con este nuevo atestado, la jueza podría tener que llamar al alcalde Borja, Francisco Miguel Arilla, para que aclare su actuación en el caso.

Florencio Garcés volvió a oficiar misa en Borja el pasado 27 de agosto, tras pasar nueve meses apartado de la parroquia del pueblo. Aquel día ya se hizo notar la separación del pueblo respecto al caso, aunque la iglesia de la Concepción se quedó pequeña para recibir al pastor.

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