Una comisión mixta.Iglesia-Estado estudia.una reforma del.modelo actual
Deseable, pero imposible. En los acuerdos con el Estado de 1979, que sustituían al Concordato de 1953, la Iglesia mostraba su propósito de lograr por sí misma los recursos económicos suficientes para su mantenimiento. Casi un cuarto de siglo después, todos los especialistas coinciden en que es un objetivo inviable a corto y medio plazo.
De momento, una serie de comisiones técnicas formadas por representantes de la Conferencia Episcopal y la Administración del Estado trabajan en la definición de un sistema que sustituya al de 1987 (la asignación directa por los contribuyentes de ese 0,52% de su IRPF), que se aprobó con carácter transitorio. «De hecho, dice Rekakoetxea, estaba previsto que variara ese porcentaje en función del volumen de contribuyentes que decidieran apoyar a la Iglesia, pero no se ha tocado». Lo que está descartado es que esas comisiones aprueben una desvinculación total entre la Iglesia y el Estado. «Siempre habrá alguna colaboración, por los fines sociales y culturales que la Iglesia cubre», sostiene el ecónomo de Bilbao.
Separación de funciones
Quizá el camino sea el de una separación efectiva de funciones. Para José Ignacio Calleja, sería conveniente dar incluso forma jurídica al hecho de que el enorme patrimonio artístico de la Iglesia «es de todos» y es preciso mantenerlo.
También están las obras sociales que se realizan en las parroquias, «en las que se pone mucho dinero y que la sociedad debe contribuir a financiar si son necesarias», explica. Otra cosa es el funcionamiento diario de las 67 diócesis, el arzobispado castrense y las más de 20.000 parroquias que hay en España. «Habrá que implicar a la gente de una manera estable, dice Calleja; conseguir incluso que estén dispuestos a domiciliar en su cuenta una aportación fija, en función de las posibilidades de cada uno. Pero eso mismo, añade, crea también dependencia de otro grupo, en este caso esos fieles, que pueden exigir fidelidad ideológica». De cualquier forma, añade, lo que parece seguro es que «los católicos tendrán que hacerse cargo de ese servicio».
Calleja reclama también la pobreza como forma de vida. «El modo de vida de los curas tiene que ser pobre: por razones evangélicas y económicas. Y quizá no ha calado del todo que esto va muy en serio. Una mayor autofinanciación nos obligará a reducir gastos». Aunque a veces la presión para no ser pobre, o no parecerlo, viene desde fuera. «Por ejemplo, explica el ex-decano de la Facultad de Teología, si se hace una iglesia en un barrio, con frecuencia son los propios vecinos los que no admiten que se habilite una lonja. Enseguida llega una comisión que nos pregunta por qué ellos no pueden tener una parroquia mejor. Y un buen edificio, de los que la gente quiere en todos los barrios, cuesta 2 ó 3 millones.
