Lo anunció ayer en rueda de prensa la ministra María Jesús San Segundo, quien, sin embargo, se mostró muy ambigua al referirse a esta materia y dejó en el aire si existirá una alternativa a la enseñanza confesional y cuál sería su peso académico. La titular de Educación avanzó estos planteamientos minutos después de presentar a los responsables autonómicos del ramo el anteproyecto de Ley de Orgánica de Educación (LOE). Esta normativa derogará tres legislaciones anteriores -incluidas la LOGSE y la promovida por el Gobierno del PP- y marcará los designios del sistema educativo a partir del año lectivo 2006-2007.
La norma del Ejecutivo socialista, de obligado cumplimiento en el conjunto del país, establece unas pautas «mínimas» de actuación para todas las etapas de la enseñanza obligatoria y también para los Bachilleratos y la Formación Profesional. Medio año después de un intenso debate en el que el futuro de la Religión ha estado siempre encima de la mesa, la situación no ha cambiado tanto y habrá que esperar a decretos posteriores para conocer su regulación con exactitud. Es seguro que la asignatura aparecerá en el boletín de notas, pero ningún alumno perderá un curso o tendrá que hacer exámenes de recuperación si no la supera.
Éste es uno de los aspectos que más preocupa a los sectores que defienden la equiparación de la enseñanza confesional al resto de materias, ya que, según su criterio, su escaso valor en las aulas puede convertirla en una 'maría'. Lo que no está de momento nada claro es qué van a estudiar los alumnos que no elijan Religión, ya que el ministerio ha postergado su decisión sobre una posible área alternativa a acuerdos posteriores. Ha quedado patente, en todo caso, que la propuesta de Cristianos Socialistas -corriente del partido del Gobierno- de integrar en una materia la Religión y la transmisión de valores no ha tenido eco en el ministerio.
El paso de curso en la ESO era otro de los aspectos sobre los que también había muchos interrogantes. En este sentido, Educación ha buscado el término medio para tratar de aunar sensibilidades; es decir, descarta la promoción automática pero eleva a cuatro el número de suspensos necesarios para que un alumno repita. Cuando la ley entre en vigor, los estudiantes con dos materias 'pencadas' podrán pasar de curso; los que tengan cuatro o más perderán el año; y los que 'cateen' tres deberán esperar la resolución del claustro de profesores (una medida que recuerda bastante a la LOGSE). Los escolares sólo podrán repetir una vez en Primaria y dos en Secundaria y tendrán pruebas de recuperación en cuarto de la ESO y en los Bachilleratos.
Módulos especiales
San Segundo, no obstante, subrayó que la repetición «no tiene que ser la solución mágica» a los problemas de aprendizaje. A su juicio, no tiene sentido que un adolescente repita «para hacer lo mismo» que el año anterior, por lo que será necesario desarrollar planes de refuerzo específicos que le sirvan para asimilar las destrezas básicas de esa etapa. De hecho, al estudiante que fracase en la ESO no se le cerrarán las puertas para la obtención del título. El ministerio promoverá unos módulos de cualificación encaminados en una doble dirección: lograr que los jóvenes tengan una buena capacitación profesional para acceder al mercado de trabajo y, también, preparar a los que no se graduaron para que puedan hacerlo. Abre, por tanto, una nueva vía a los adolescentes con fracaso que quieran reengancharse al sistema educativo.
La mayoría del paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo socialista tienen un denominador común: «Favorecer el éxito escolar». Para ello, la normativa hace especial énfasis en la necesidad de atender la diversidad del alumnado con programas de refuerzo, diversificación curricular y desdobles en las áreas fundamentales del aprendizaje: lectura, escritura y matemáticas. Sobre estos tres pilares se sustentan el resto de asignaturas, según la ministra. La ley prevé incluso planes de apoyo desde el primer curso de Primaria para escolares con dificultades.
Conocer las materias en las que flojean los alumnos es otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo. Para lograrlo realizará dos evaluaciones de diagnóstico en cuarto de Primaria (10 años) y segundo de ESO (14 años). Los resultados de estas pruebas de conocimientos no contarán para nota, pero serán puestos en conocimiento de las familias y el Gobierno los presentará cada año en el Congreso. Se trata de corregir los aspectos en los que se detecten más fallos.
