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La Archidiócesis de Los Ángeles deja en la calle a las religiosas para pagar las indemnizaciones de los pederastas

Pone en venta los conventos y residencias de las hermanas para conseguir el dinero. Fría, sin compasión. Así era la orden de desalojo que recibieron las Hermanas de la Betania que viven en la parte pobre de Santa Bárbara desde hace casi medio siglo, pero la carta no venía del banco, sino del Arzobispado.

La Archidiócesis del sur de California ha decidido vender unos 50 edificios no parroquiales, entre los que se encuentran al menos cuatro conventos.

¿Protestas? No, sólo tres monjas de Santa Bárbara se han atrevido a hablar. El resto de las devotas religiosas se siente obligado a callar y sufrir en silencio, de acuerdo al voto de obediencia que profesan, pero en privado se muestran dolidas por la afrenta de que las echen a la calle para pagar los pecados de los curas pederastas.

Para cerrar las demandas de 508 víctimas de 221 sacerdotes y otros empleados religiosos, la Archidiócesis se ha comprometido a pagar 650 millones de dólares, de los que 250 saldrán directamente de sus arcas. "Lo que estamos tratando de lograr es preservar nuestros ministerios esenciales al tiempo que sacamos una barbaridad de dinero para pagar las indemnizaciones", explicó el portavoz de la archidiócesis, Told Tamberg.

Desde el púlpito de la parroquia de la Cruz Sagrada, el reverendo Ludo de Clippel criticaba el otro día a las religiosas por hablar con los medios, recordando que las demás han aceptado sin protestar.

En realidad la que levantó la liebre fue Angela Escalera Gutiérrez, una ex religiosa de 64 años que ya dejó la orden pero tiene a su hermana mayor, Rosemary, entre las tres monjas que esperan el desahucio en la calle Nopales. Su hermana va a cumplir los 70, es diabética y necesita de un bastón para caminar. La casa de dos plantas, con fotos de Juan Pablo II, es todo el hogar que ha conocido desde 1964.

Lluvia de generosidad
La aparición de esta controversia en la prensa local y en las televisiones hispanas ha desatado una lluvia de espontánea generosidad que llega en dosis humildes, la mayoría ofertas de vecinos para acogerlas en sus casas, y alguna que otra colecta.

"¡Echar a las monjas así a la calle!", protestaba un vecino al periódico 'The Washington Post'. "*Y esto se lo hacen después de haberles servido durante 57 años? No me extraña que no haya más vocación".

La hermana Escalera ha sido asistente social y notaria. Con esos conocimientos ha ayudado a lo largo de los años a muchos inmigrantes indocumentados a resolver su situación e incluso a traerse a su familia.

"Nos sentimos fatal por esas monjas, son muy valiosas para nosotros, y los curas siguen viviendo en casitas fantásticas, a ellos no los echan", protestaba Evangelina Díaz, que también ha sido religiosa. El argumento de la archidiócesis parece ser que los sacerdotes son más imprescindibles para instruir los servicios religiosos en las parroquias.

La prensa local estima que la casa de las monjas vale unos 700.000 dólares, o sea, la décima parte del 1% de lo que debe la archidiócesis, mientras que la casa del obispo se valoraría en varios millones de dólares.

Alarmado por la espiral mediática que se ha generado, la jerarquía católica ha decidido tomar cartas en el asunto, pero no ofreciéndoles otro lugar en el que vivir, sino haciendo venir desde Guatemala a la hermana superiora para que las llame al orden.

"La Iglesia no ha aprendido nada de lo que ha pasado", se lamentaba Denise dïSant Angelo, que ha formado un grupo llamado "Salvar a Nuestras Hermanas". "Siguen operando con el máximo secretismo, y no se dan cuenta de que los católicos ya no toleramos eso".

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