En el avión que le trasladaba a Santiago, Benedicto XVI denunció el supuesto renacimiento en España del laicismo anticlerical y agresivo dominante durante la Segunda República; también aclaró que el recién creado organismo vaticano para la nueva evangelización se ocupará de manera preferente de nuestro país. Aunque la incontinencia expresiva del papa Ratzinger haya dado lugar anteriormente a otros conflictos diplomáticos, la pifia ha desbordado esta vez la prudencia exigible a un jefe de Estado invitado por otro país. ¿Cabe imaginar al máximo dignatario de una nación europea de visita en el Vaticano comparando despreciativamente ante los periodistas a Benedicto XVI con Pío Nono?
Ni las situaciones históricas son comparables ni la Constitución de 1978 copia el tratamiento dado a la Iglesia por la Constitución de 1931. Es cierto que el anticlericalismo causó la quema de iglesias y conventos a lo largo del siglo XIX, durante la Semana Trágica barcelonesa de 1909 y tras la proclamación de la Segunda República; también fue responsable de la muerte de más de 6.000 sacerdotes y monjas durante la Guerra Civil. Hoy día, sin embargo, solo quedan huellas retóricas de esa barbarie. A partir de 1939, por lo demás, el franquismo y la Iglesia sellarían un pacto comparable con la alianza entre el Trono y el Altar. Las casi cuatro décadas de nacional-catolicismo colmaron de privilegios económicos a las instituciones eclesiásticas, les garantizaron el monopolio de la vida religiosa mediante el Estado confesional, encomendaron la educación a sus cuidados y les concedieron un régimen de extraterritorialidad. La dictadura también entregó a la Iglesia la regulación de las costumbres, sin perjuicio de que la práctica sórdida y el ocultamiento cómplice de la pederastia en sacristías, seminarios y colegios no haya sido nunca investigada como lo fue en Estados Unidos, Irlanda, México y Bélgica.
El marco jurídico del laicismo consensuado en 1978 descansa sobre el mandato constitucional según el cual "ninguna confesión tendrá carácter estatal". El artículo 16 une a la tajante separación entre la Iglesia y el Estado la recomendación -complementaria y subordinada- a los poderes públicos para que tengan en cuenta "las creencias religiosas" de la sociedad española y mantengan las consiguientes "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas". El profesor Rafael Díaz-Salazar advierte con acierto en España laica (Espasa, 2008) sobre las dificultades para armonizar los dos momentos de la autonomía y la cooperación.
Zapatero eligió el laicismo como seña de identidad de su programa para competir el año 2000 por la secretaría general del PSOE. Una parte de ese ideario se ha ido materializando desde la victoria socialista de 2004. Sin embargo, la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 fue abandonada por entero y la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega aumentó considerablemente hace dos años las subvenciones a la Iglesia; la nueva ley de conciencia y de libertad religiosa ha sido aplazada.
No soplan buenos vientos para el laicismo: la nueva evangelización de España y de otros países occidentales erosionados por la secularización y la disminución de la práctica religiosa así lo anuncia. Los esfuerzos de los 80 miembros de la Conferencia Episcopal -ciudadanos españoles nombrados para su cargo por la Santa Sede- para vetar leyes aprobadas por las Cortes Generales muestra su añoranza del confesionalismo. Los gobernantes que elaboran los proyectos de esas normas, los parlamentarios que las promulgan y el jefe del Estado que las sanciona son obligados a elegir, si son católicos, entre la lealtad a la Constitución y la fidelidad al Vaticano. La coartada justificadora de esa extorsión a la libertad de conciencia es la supuesta violación por el derecho positivo de una ley natural que solo la Iglesia católica se halla en condiciones de conocer, interpretar y aplicar.
Benedicto XVI ha aprovechado su viaje para condenar en nombre del derecho natural la ley del aborto y la ley del matrimonio homosexual. Dentro de la lista figuran también la agilización de los trámites del divorcio, la investigación con células madre y la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. ¿Aspirará ese nuevo confesionalismo a transformar la Conferencia Episcopal en una Tercera Cámara de las Cortes dotada del derecho a vetar las resoluciones aprobadas por el Congreso y el Senado?
