La acusación pide 66.600 euros de multa al arzobispo

El sacerdote suspendido ´a divinis´ considera, en su relato de hechos, que fue represaliado por sus relaciones con la entidad cordobesa CajaSur
La acusación particular en el caso del canónigo de la catedral despedido por Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, pide un total de 66.600 euros en concepto de multa por cinco presuntos delitos que habría cometido el prelado. En concreto, el denunciante considera que se han consumado contra su persona los delitos de calumnia, injurias, coacciones, lesiones y contra la integridad moral.
Por otra parte, la representación legal renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle por las lesiones y daños morales derivados de la acusación, pero solicita la publicación, por cuenta del arzobispo, de la sentencia en los periódicos nacionales y provinciales que determine el fallo, además de las costas del procedimiento, que comienza el 14 de este mes.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, se hace una detallada sucesión de los hechos acontecidos tras el nombramiento del denunciante -Francisco Javier Martínez Medina- como canónigo de la catedral, archivero y consejero de CajaSur por Granada, puestos aprobados por Antonio Cañizares, ex arzobispo granadino.
Entre los proyectos conjuntos de la entidad financiera y la Diócesis de Granada, en los que intervendría directamente el canónigo, estaba la elaboración de un libro que reflejara la riqueza artística y cultural de la catedral y una revista cuya publicación prohibió el actual arzobispo .
Tras el nombramiento de Francisco Javier Martínez como arzobispo de Granada, en "represalia" por la confrontación de éste con CajaSur en su anterior destino (la Diócesis de Córdoba), decidió romper toda relación con dicha entidad y terminar de un plumazo con los proyectos en común. Siempre según el escrito de la acusación particular, comenzó entonces el "acoso" y las "vejaciones" del arzobispo al canónigo, tratando de conseguir "por la fuerza y con intimidación" que el denunciante se marchara de la catedral y renunciara a sus obligaciones.
La acusación afirma que el sacerdote fue "injusta e ilícitamente" despedido de sus funciones relacionadas con el patrimonio histórico de la catedral, cese que se le comunicó por medio de una carta-decreto que apuntaba a los vínculos con CajaSur como fundamento de la decisión. En un fragmento de la misiva, el arzobispo indica: "has de dejar inmediatamente todo aquello que tuvieras bajo tu custodia y los bienes materiales o en lo que respecta a la propiedad intelectual".
Fuentes consultadas por La Opinión aseguraron que el arzobispo alega en su defensa que se trata de cuestiones internas y que en ningún caso los hechos son constitutivos de ilícito penal.