La acusación particular y popular recurren el archivo de la causa contra el gurú hinduista

De la comunidad ´Vadika Pratishana Sangha´ de la Casa Yoga de Armilla

La acusación particular y la popular han interpuesto ya recurso de reforma contra el auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el gurú de la comunidad hinduista 'Vadika Pratishana Sangha' de la Casa Yoga de Armilla (Granada) dictado por el Juzgado de Instrucción 7 de Granada, que no ha observado indicios de delito en su actuación.

La particular, representada por el letrado Manuel Ramírez, alega, en contra del magistrado instructor, que no está acreditado que los integrantes de la comunidad fueran solo mayores de edad, y censura que no se haya admitido en ese sentido como prueba la declaración de una joven menor de edad que presuntamente fue violada por el imputado.

Asimismo, indica que "el auto olvida los testigos" que han puesto de manifiesto los abusos sexuales, las privaciones de sueño y las coacciones a los que presuntamente el gurú sometió a sus víctimas dentro de la comunidad. Para la acusación particular, "la asociación ilícita" está "más que acreditada", y apunta que "la organización" del acusado "es uno de los grupos generadores de trastornos psíquicos y que la doctrina califica como sectas destructivas o coercitivas".

"Es tal la influencia que ejerce el líder sobre sus adeptos que, en bastantes casos, como acreditaron los testigos, son los propios adeptos los que denuncian coacciones y privaciones de libertad ilegales frente a quienes pretenden protegerlos restableciendo su salud psíquica", indica la acusación particular en su recurso.

Todos los exadeptos, señala, "presentan un daño en su salud mental más que notorio", con "falta de raciocinio a la hora de tomar decisiones tales como el uso racional del dinero, el uso racional de su libertad sexual, el uso racional de sus derechos laborales, quedando de manifiesto como por la manipulación y control metal que han sufrido han procedido a un rechazo total de sus familiares más directos y un apartamiento de sus amigos y conocidos, produciéndose una desestructuración familiar más que evidente y que les lleva a quedar totalmente subordinados al grupo sectario de la organización", y ello ha quedado demostrado por la pericial psicológica realizada.

Por ello, no comparte la falta de credibilidad aludida tanto por el fiscal como por el instructor de los denunciantes, y recuerda la acusación particular que no han sido admitidas todas las declaraciones de las víctimas solicitadas.

La acusación popular, Redune

Por su parte, la acusación popular, que ejerce la Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria (Redune) y que representa el letrado Jorge Luis Sánchez Medina, recuerda en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que, pese a que fue la propia Fiscalía la que interpuso recurso, durante la instrucción ha rechazado muchas de las propuestas de las acusaciones personadas.

"Las actuaciones se han archivado sin haberse practicado las pruebas mínimas, en este caso se nos han rechazado a las acusaciones múltiples pruebas, creándonos tal situación de indefensión, que con ello se vulnera un derecho constitucional cual es el derecho a la tutela judicial efectiva", indica Redune.

La asociación personada reprocha al juez que no haya tenido en cuenta las pruebas aportadas sobre el "intrusismo profesional" del acusado, pese a reconocer que no tenía titulación alguna para el ejercicio de la psicología, de la que imparte clases, y que no haya dado importancia al "contrato de esclavitud" incorporado a las actuaciones "cuando es una prueba de cargo importantísima".

"Tampoco hace mención alguna a las testificales de los denunciantes, tanto de los que se les ha permitido declarar, como de los que no se les ha permitido, lo que convierte el auto dictado en genérico, sin referencias concretas a hechos y diligencias de lo actuado", señala Redune en su recurso.

Además, entiende la acusación popular que !queda claro que ha habido un desplazamiento del patrimonio de las víctimas" del imputado Plazas, como demuestra un informe de la Guardia Civil de Granada, que atribuye al gurú la propiedad de los tres inmuebles de que dispone la comunidad, "sin que se conozca actividad, o trabajo alguno" que le lleve a tener "tan vasto patrimonio". Según el Instituto Armado posee además como de su propiedad "varios vehículos, algunos considerados de lujo, y existen 14 entidades bancarias en que tiene abiertas cuentas bancarias" tanto el líder como la comunidad y personas cercanas al mismo (como su madre) y varias sociedades mercantiles, "todo ello dedicado a su propio beneficio".

Por todo, las dos acusaciones piden que se tenga en cuenta sus consideraciones y que se admita el recurso planteado y prospere para la apertura del juicio oral contra el imputado.

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