La fundación, creada por un decreto-ley franquista en 1957, sigue siendo deficitaria: gasta el doble de lo que ingresa
El Gobierno no ha dado detalles sobre los bienes del organismo, que está gestionado y administrado por Patrimonio Nacional
La Abadía del Valle de los Caídos ha recibido 1,7 millones de euros en subvenciones desde 2012 para atender los gastos corrientes de la escolanía y el centro religioso, a razón de 340.000 euros cada año, según los datos facilitados por el Gobierno al Congreso.
Estas ayudas públicas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, han sido otorgadas en cada ejercicio presupuestario por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a la Abadía, como beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La fundación fue creada por un decreto-ley franquista en 1957 y está gestionada y administrada por el propio Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
En la respuesta que el Gobierno ha remitido al diputado socialista Antonio Hurtado, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo detalla los gastos de explotación que ha tenido la fundación entre 2012 y 2016. Estos incluyen aquellos destinados al mantenimiento, la seguridad, el personal y los suministros, entre otros.
El Gobierno también ha dado cuenta de los ingresos de esta entidad en el mismo periodo, derivados de la venta de entradas y otros ingresos patrimoniales.
Así, en los últimos cinco años la fundación ha incurrido en gastos por valor de 11,32 millones de euros, frente a unos ingresos de 5,96 millones. Es decir, la entidad es claramente deficitaria, ya que gasta el doble de lo que ingresa. No obstante, en 2016 la diferencia entre los ingresos y los gastos se redujo a 425.656 euros, frente a los casi dos millones de déficit que registró en 2012.
En todo el periodo, los gastos se han reducido de 2,60 millones a 1,83, mientras que los ingresos han aumentado de los 617.522 euros de 2012 a los 1,41 millones con los que la fundación cerró el año pasado.
Hurtado quería saber los bienes que posee la fundación, pero el Gobierno le ha respondido que los mismos no constan en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio Nacional porque la entidad sólo se encuentra transitoriamente administrada y gestionada por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional –desde 1982 está pendiente un reglamento relativo a los reales patronatos–.
No obstante, sí existe una relación catastral de los bienes inmuebles que incluye 49 fichas catastrales de los mismos, aunque el Gobierno no da detalle alguno al respecto. Por contra, sí concreta que la fundación cuenta con un total de 614 bienes muebles histórico-artísticos. En total, el valor de todos estos bienes asciende a 21 millones de euros y ha permanecido inalterable en los últimos cinco años.
Y tampoco ha variado el personal de la fundación, que está contratados por el Consejo de Administración de Patrimonio y que asciende a treinta personas con contrato fijo que prestan sus servicios como personal de oficios y atendiendo las taquillas.
