Davis se ha convertido en heroína de los conservadores opuestos a los matrimonios gay en EEUU
Proclamando la “gloria de Dios”, Kim Davis, la funcionaria que pasó cinco días en una cárcel por negarse a dar licencias de matrimonio a parejas gay en Kentucky, se ha convertido en una heroína de la derecha religiosa, pero también ha dividido a los conservadores en la contienda electoral.
Davis, secretaria del Condado Rowan, quedó en libertad el martes por orden del juez federal David Bunning, que le prohibió interferir con la emisión de las licencias de matrimonio para parejas homosexuales.
Su abogado, Mathew D. Staver, advirtió de que Davis no traicionará ni a Dios “ni a su conciencia” como cristiana apostólica, por lo que la tarea de otorgar las licencias en cuestión recaerá en cinco de los seis secretarios suplentes del Condado.
En duda la validez de licencias
La polémica puso en duda la validez de las licencias matrimoniales, porque los documentos llevan el nombre de Davis, pero la fiscalía de Kentucky y los abogados del Condado insisten en que éstas sí tienen peso legal, pese a la oposición de la funcionaria rebelde.
Las autoridades no han precisado si pedirán que la legislatura estatal modifique los documentos, cuando reanude su sesión en enero próximo, retirando el nombre de Davis.
Representada por el grupo conservador Liberty Counsel, el caso de Davis ha movilizado a grupos que temen un atropello de su libertad de culto y sus derechos bajo la Primera Enmienda.
Se calcula que la mitad de los 120 secretarios de los condados de Kentucky se opone a las licencias para parejas gay por motivos religiosos, pero nadie se ha atrevido a seguir el ejemplo de Davis.
Símbolo de resistencia conservadora
Pese a múltiples divorcios que contravienen su defensa de los matrimonios “tradicionales”, Davis es ahora símbolo de la resistencia contra los matrimonios gay, pese a un dictamen de junio pasado del Tribunal Supremo que los legalizó en todo EEUU.
Convocando a un “Dios viviente”, Davis azuzó ayer a sus partidarios en la ciudad de Grayson a que “no retrocedan” en esta lucha en la que, a raíz del revés en el Tribunal Supremo, los conservadores recurren a la libertad religiosa para desobedecer el fallo.
¿Escudo para desobedecer?
Las autoridades permiten exenciones para “objetores de conciencia” para proteger a quienes no desean participar en actos que consideren “inmoral”, como puede ser el prestar servicio militar, realizar abortos o ejecuciones, o presidir bodas gay.
Pero esas mismas leyes no protegen a las personas de apoyar indirectamente prácticas con las que no están de acuerdo por objeciones morales, como sucede con el pago de impuestos para financiar guerras, según expertos.
Quienes prestan servicio militar, por ejemplo, lo hacen a sabiendas de que van al campo de batalla a matar o a morir, y no pueden escoger las misiones en las que quieren participar.
En el caso de Kentucky, Davis, con un salario anual de $80,000, juró cumplir con sus labores, y nadie la ha obligado a abandonar su fe.
El gobierno puede despedir a empleados públicos que se nieguen a obedecer las leyes, estén o no de acuerdo con éstas, y su alternativa es buscar un empleo que no les cree cargos de conciencia, según Garrett Epps, experto en leyes constitucionales en la Universidad de Baltimore.
Pero Davis es una funcionaria electa en Kentucky, uno de 21 estados opuestos a los matrimonios gay, y no puede ser despedida, y ella tampoco piensa renunciar.
Divisiones entre conservadores
La mayoría de los precandidatos republicanos respalda a Davis –el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y el senador de Texas, Ted Cruz, la acompañaron al salir de la cárcel- pero difiere sobre hasta dónde llega su libertad religiosa.
Rezagado en las encuestas, Huckabee presentó la polémica como una opción entre defender la libertad religiosa o “sacrificarla a la tiranía”, y dijo estar dispuesto a ir a la cárcel por defenderla.
Cruz no hizo declaraciones pero ha usado el caso para sumar votos entre los evangélicos.
Por su parte, el magnate empresarial, Donald Trump, ha sugerido como solución que otros funcionarios otorguen las licencias, mientras que la empresaria Carly Fiorina considera que Davis debería buscar otro empleo.
Mientras, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, y los gobernadores de Ohio y Nueva Jersey, John Kasich y Chris Christie, respectivamente, creen que Davis debió cumplir con la ley avalada por el Tribunal Supremo.
