Juventudes Socialistas pide al Gobierno que «ponga a la Iglesia en su sitio»

Juventudes Socialistas de España (JSE) pidió hoy al Gobierno que promueva la constitución de una Comisión en el Congreso de los Diputados que debata la posibilidad de revisar los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. En un comunicado, esta formación considera conveniente que comience en España un debate "abierto y participativo" sobre esta cuestión "para poner a la Iglesia en el sitio donde le corresponde, ni encima ni debajo de nadie, donde tiene que estar en un país aconfesional, sujeto al Estado de Derecho y al imperio de la ley, sin privilegios de ninguna clase".

   El secretario general de JSE y portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista, Herick Campos, cree que dichos acuerdos han de revisarse porque han dado lugar que la jerarquía católica "abuse de su condición de opción religiosa mayoritaria, incluso en asuntos que afectan directamente a la esencia del Estado de Derecho". Aunque no se pusieron ejemplos de cuales sean esos campos que afectan solo a “la esencia del Estado” y no a los ciudadanos católicos o no.
   Para Campos, en realidad lo que le interesaba esencialmente de los acuerdos es que "tienen que ser revisados de manera especial en lo que se refiere a la enseñanza y a la financiación". "Nuestro país es aconfesional y como tal, el Estado tiene suscritos acuerdos con las diferentes confesiones, lo que no es pretexto para que la Iglesia católica tenga hoy en día privilegios", subraya Campos. Aunque las leyes de la democracia dan mayor o menor financiación según mayoría o minoría de votos obtenidos, cuando son más dan más y eso no es un privilegio, es un derecho.
   Entre otros privilegios Campos cita la financiación por parte del Estado; la exención del IRPF de la contribución territorial urbana, de los impuestos reales o de producto sobre la renta y patrimonio y de los impuestos sucesiones, donaciones y transmisiones; o la obligatoriedad de garantizar el derecho a recibir enseñanza religiosa en los centros docentes públicos. Aunque cuando hay acuerdos no cabe hablar de privilegios pues nacen de mutuo acuerdo entre las partes y responden a prestaciones y contraprestaciones de las dos partes contratantes

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