Las confesiones minoritarias critican que el Gobierno «nos trata como a una ONG» al financiar únicamente proyectos sociales y no la asistencia al culto
El Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás en su decisión de ampliar las clases de Religión islámica a todo el Estado español a partir de enero de 2005, tal y como había anunciado el pasado mes de julio la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico Carabias. Ésta declaró entonces a ABC que «muy probablemente habrá profesores de Religión islámica en los centros públicos desde comienzos de año», lo que implicaría, además, «realizar la aportación necesaria» para el pago del salario de estos docentes, quienes serían elegidos por las entidades musulmanas correspondientes, en un modelo similar al que actualmente rige la contratación de los profesores de Religión católica.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, manifestó en una reciente entrevista a ABC que «no estoy en condiciones de pronosticar» que dicho proyecto se pudiera llevar finalmente a cabo, y mucho menos en el plazo indicado desde Asuntos Religiosos. Más bien al contrario, el titular de Justicia indicó que «precisamente estamos empezando a debatir estas cuestiones. Abriremos un debate a lo largo de este curso, un diálogo en el que se involucren todas las instituciones» y que deberá comandar el Ministerio de Educación.
Normas incumplidas
Esta sorprendente paralización de los compromisos adquiridos con otras confesiones se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones Iglesia-Estado, agravado por las recientes medidas del Gobierno del PSOE en favor del divorcio y el matrimonio homosexual, normas a las que la Iglesia se opone con ahínco.
En la actualidad, y según datos de Justicia, existen alrededor de 800.000 musulmanes en España, que reclaman cada día con más fuerza la inclusión de la enseñanza del Islam en el sistema educativo. Sin embargo, en la actualidad únicamente existe una veintena de profesores entre Ceuta y Melilla. Aunque los Acuerdos de 1992 establecen que el Estado está obligado a contratar un profesor de Religión islámica designado por la Comisión Islámica de España (CIE) en aquellos centros donde al menos diez alumnos lo soliciten, lo cierto es que esta norma no se cumple. Los responsables musulmanes estimaron en su día que, «para comenzar a caminar», serían necesarios al menos un centenar de docentes. A medio plazo, se habla de una cifra que en ningún caso debería ser inferior a los 300 profesores.
En este sentido, las entidades musulmanas se ven discriminadas no sólo con respecto a la Iglesia católica, sino incluso con otras confesiones minoritarias. Así, mientras en España existen 35.000 profesores de Religión católica, la Federación de Entidades Evangélicas de España (Ferede) cuenta con un total de 95 profesores en ejercicio, además de otros 53 en prácticas, a los que hay que sumar 89 docentes en formación en todas las Comunidades Autónomas. El número de judíos que estudia en la escuela pública es muy minoritario.
Pese a que desde el Gobierno se tiene el convencimiento de que «es absolutamente necesario» ir eliminando las diferencias entre el tratamiento dedicado a la Iglesia católica y a las confesiones denominadas «de notorio arraigo» (judíos, musulmanes y evangélicos), en especial en aspectos educativos y de presencia en los organismos estatales (ejércitos, hospitales, medios de comunicación), lo cierto es que los plazos anunciados no se están cumpliendo.
Junto a las reformas en materia educativa, Mercedes Rico también indicó a este diario que «a partir de septiembre trataremos de hacer que funcionen estos Acuerdos en algunos aspectos que consideramos urgentes, como la atención religiosa en hospitales o centros penitenciarios». A medio plazo, la Dirección General de Asuntos Religiosos «desarrollará las otras materias», como la financiación de judíos, musulmanes y evangélicos y su presencia en los medios de comunicación públicos.
Más diálogo, pocas medidas
El nivel de diálogo institucional -prácticamente inexistente durante los años de Gobierno del Partido Popular- se ha intensificado ahora hasta el punto de que las confesiones minoritarias han llegado a alabar «el talante y la predisposición» del Ejecutivo socialista para «cumplir los Acuerdos de 1992 y alcanzar una sociedad que reconozca la neutralidad religiosa del Estado y la igualdad religiosa».
Sin embargo, más allá de las buenas palabras, la única medida adoptada hasta la fecha -si bien calificada de «gesto histórico» por todas las confesiones- ha sido la inclusión, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, y hasta que se llegue a «la autofinanciación completa de todas las confesiones religiosas en España», de una partida de tres millones de euros para la creación de una fundación que otorgue fondos a «proyectos y necesidades de carácter educativo y de inserción de los miembros de las confesiones minoritarias». En un reciente comunicado, el Ministerio de Justicia dejaba bien claro que, en cualquier caso, «queda siempre excluido el apoyo al sostenimiento del culto».
«Decisión unilateral»
Aunque judíos, musulmanes y evangélicos coinciden en señalar que «se trata de la primera vez en que un Gobierno nos ofrece un respaldo económico», algunos de sus responsables han criticado veladamente tanto la forma como el fondo del procedimiento adoptado por Justicia. En cuanto al primer aspecto, desde la Ferede se criticó la «decisión unilateral» del Ministerio, que sólo hizo partícipes a las confesiones de la creación de una fundación estatal cuando los Presupuestos ya habían sido presentados. Respecto al fondo de la reforma, responsables de las confesiones minoritarias destacan que el Gobierno «nos trata como una ONG», al aportar fondos únicamente para proyectos sociales y educativos de entidades relacionadas con dichas confesiones.
