Junta y padres ven «irresponsable» la incitación del arzobispo a la desobediencia

La delegada de Educación de la Junta en Granada, Carmen García Raya, criticó ayer la “irresponsabilidad” del arzobispo de Granada, Javier Martínez, al apelar a la desobediencia civil si no se salvaguarda el derecho de los padres con la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

García Raya consideró ayer que el prelado “ataca los cimientos de la democracia” al lanzar un mensaje que “desestabiliza” el sistema democrático.
El arzobispo dijo el sábado que esa asignatura constituye una “verdadera invasión de un derecho fundamental de los padres”, y consideró que si ese derecho no se pudiera salvaguardar, “estarían justificadas la objeción de conciencia y la desobediencia civil”.
Para la delegada de Educación, es una “irresponsabilidad llamar a a la desobediencia civil ante las disposiciones de una ley que están aprobadas legítimamente por las Cortes Generales”. 
“Yo creía que la obediencia estaba entre las virtudes cristianas”, señaló García Raya, quien precisó que, en cualquier caso, son las declaraciones “de un arzobispo, no de la Iglesia”.
 La Confederación Andaluza de Padres de Alumnos por la Escuela Pública (Codapa) consideró “un insulto al raciocinio” las palabras del arzobispo de Granada, a la vez que solicitó a la Conferencia Episcopal que “modere a sus obispos”.
La presidenta de Codapa,  Pilar  Triguero, pidió a la Conferencia Episcopal que ante este tipo de declaraciones “tome cartas en el asunto y le diga a los obispos andaluces que piensen antes de abrir la boca”.
Para Triguero “tras esas declaraciones se esconden otros intereses que no son referentes a la mejora de la calidad de la educación sino que están más relacionadas con la financiación de la Iglesia católica, con cuántas horas de religión establecen en los colegios y si esas clases se establecen o no en el currículum”.

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