El Tribunal Superior de Justicia de Londres pone en duda el deterioro de la salud mental y el riesgo de suicidio del fundador de Wikileaks si es entregado a Washington, motivos por los que una jueza había denegado la extradición.
Duro revés para el periodista australiano Julian Assange y para sus posibilidades de no ser extraditado a Estados Unidos, cuyo Gobierno persiste en su petición de extradición para que sea juzgado por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática; acusaciones que podrían suponerle al fundador de ‘WikiLeaks’ 175 años de condena. En la vista del pasado 11 de agosto, el juez Timothy Holroyde, del Tribunal Superior de Justicia de Londres, cuestionó la decisión de su homóloga Vanessa Baraitser de negarse a la extradición para salvaguardar la salud mental de Assange y ante el riesgo de suicidio si es condenado finalmente en Estados Unidos, donde, según la jueza, su ingreso en una prisión sería un duro “confinamiento”.
En estos momentos, la única baza de la defensa de Julian Assange, encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido en un asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años, es su deteriorada salud mental y el riesgo de suicidio que supondría su entrega a Estados Unidos. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman así lo acredita. La jueza Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero.
Lo más preocupante de la situación procesal de Assange es que la jueza británica no avaló la tesis principal de su defensa, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón. Baraitser rehusó la motivación política que denuncia el fundador de ‘Wikileaks’ respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EE.UU. En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por ‘Wikileaks’ quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.
Tras la sentencia de la jueza Braitser, otro juez denegó a Washington la posibilidad de usar en su recurso argumentos contrarios al informe psiquiátrico que advierte del peligro de suicidio. Según la Administración de EE.UU, el profesor de Psiquiatría Kopelman trató de engañar al tribunal al apuntar como “alta y certera” la posibilidad de que Assange se quitara la vida si llegaba a ser extraditado a Estados Unidos.
En la vista del pasado 11 de agosto, un tercer juez ha permitido a Estados Unidos cuestionar ese dictamen psiquiátrico en su impugnación contra la no extradición. Así mismo, el juez Timothy Holroyde reprocha a la jueza Braitser haber sobredimensionado el riesgo de suicidio; también pone en duda la fragilidad de la salud mental del periodista. En la vista definitiva para decidir la extradición, que se celebrará en Londres el próximo mes de octubre, el informe del doctor Kopelman será el eje central.
La credibilidad del informe ha sido duramente cuestionada por los fiscales estadounidenses, tras desvelar que el psiquiatra omitió intencionadamente que Assange tenía dos hijos con su abogada, Stella Morris, mientras estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres.
Julian Assange, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Belmarsh, en Londres, lleva una década soportando un auténtico calvario, sin haber sido condenado todavía por los delitos que se le imputaron desde que difundió los documentos militares secretos de EE.UU. Fue acusado de abusos sexuales en Suecia, pero la Fiscalía del país nórdico archivó finalmente la causa por la dificultad probatoria. En Reino Unido fue condenado a cincuenta semanas de prisión por violar las condiciones de libertad condicional en 2012, cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció casi siete años, protegido como asilado político.
Sin embargo, el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, retiró a Assange la protección diplomática y permitió en abril de 2019 el asalto de la Policía Metropolitana de Londres a la embajada ecuatoriana, que concluyó con la detención del periodista. No sólo está en juego la salud y la vida de Julian Assange, también la libertad de prensa.
