Indignación en los movimientos laicistas andaluces contra el consistorio jerezano, gobernado por el PP y cuya deuda sobrepasa los 1.000 millones de euros. La asociación Andalucía Laica ha denunciado en su página web la donación de 647.000 euros por parte del Ayuntamiento de Jerez a la Iglesia Católica, para obras de mantenimiento en tres iglesias: de Santiago (que se llevará la mayor parte), San Mateo y San Juan de los Caballeros. Andalucía Laica denuncia que se trata de “recursos procedentes de la venta de la única empresa municipal generadora de ingresos, la gestora del agua de la ciudad.”
Los argumentos de Andalucía Laica contra una donación que consideran un absoluto despropósito son, en primer lugar, que ”la Iglesia Católica tiene suficiente dinero para restaurar sus edificios, aparte de la gran cantidad que recibe cada año del Estado”. Otra razón esgrimida por los laicos andaluces es que “cualquier persona o entidad privada está obligada sostener, con sus medios, el patrimonio de su propiedad, por lo que es un abuso flagrante, incompatible con la democracia y la Constitución española, la utilización de recursos públicos para el sostenimiento de propiedades privadas”.
Finalmente, Andalucía Laica entiende que “la ciudad de Jerez tiene problemas muy graves de paro y familias empobrecidas, como para que se priorice la utilización de 647.000 euros públicos, en propiedades privadas que no le compete, y paralelamente, no asista adecuadamente a sus obligaciones competenciales, especialmente a la Delegación de Bienestar Social, que debe paliar la gran crisis y el empobrecimiento ciudadano del que Jerez figura, tristemente, en primeros puestos”.
El gobierno local de Jerez tomó la controvertida decisión el día 11 de julio, según publicaron medios locales. Del total de casi 650.00 euros, la mayor parte de ellos, alrededor de 400.000 euros, serán para obras en la iglesia Santiago, cerrada desde hace varios años al culto porque sufre riesgo de derrumbe. La alcaldesa María José García Pelayo justificó así su decisión: “No vamos a dejar que la ciudad se caiga, y además las iglesias podrán ser visitadas y eso beneficiará a la industria turística”.
La Plataforma Ciudadana Rascafría-Oteruelo ha denunciado en su página web (http://www.agua.rascafria.net) que “el origen de todo este desmadre es la privatización de servicios a cambio de un canon, una cantidad que adelantan las empresas a los Ayuntamientos y que después cobran con sus beneficios e intereses a través de los recibos que pagan los ciudadanos”. Para los activistas jerezanos contra la privatización del agua, “es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica”.
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