Jalisco: supresión del laicismo

Los primeros beneficiarios del laicismo y la libertad de credo son precisamente los creyentes y las iglesias, pues el carácter laico del Estado constituye la mejor garantía para la libertad religiosa.

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, nos ha mostrado que, además de sus excesos e incontinencia, ejerce el poder a partir de intereses, fobias y filias personales, sin importarle que sus acciones, dirigidas a privilegiar a un grupo, generen legítimos reclamos en el grueso de la población.

A González lo envuelve un escándalo que no es menor: la entrega de recursos públicos por un monto de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros y, más tarde, la entrega de otros 15 millones de pesos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, institución de beneficencia social ligada a la Iglesia católica. Todo ello, claro está, motivado por sus creencias religiosas y sus relaciones con esa Iglesia, tan respetables en el ámbito de su vida privada como inadmisibles en el ejercicio de un cargo público.

El gobernador ha respondido a su manera. Primero, minimizando la magnitud del donativo que el gobierno hizo al Santuario de los Mártires Cristeros —argumentando que sólo representa 4.5% de la inversión total—, y, segundo, mentándole la madre a quien se atreva a cuestionarlo. Una vergüenza.

Desde la perspectiva del gasto público y los retos de Jalisco en materia de desarrollo social, el apoyo financiero que el gobernador ha entregado a la Iglesia católica resulta una aberración. En esa entidad una de cada cinco personas mayores de 15 años es analfabeta (Conapo) y más de 250 mil niños de entre seis y 14 años se ven obligados a trabajar por sus condiciones de marginalidad extrema y fuera de cualquier tipo de protección (INEGI). Por si fuera poco, Jalisco ocupa el primer lugar en cuanto a casos de papiloma humano y herpes genital, así como el cuarto lugar de mortalidad por VIH.

¿Cómo explicar entonces que el gobierno de Jalisco haya destinado 90 millones de pesos a la construcción de un templo religioso, en lugar de dedicarlos, por ejemplo, a apoyar a las miles de niñas y niños que deben abandonar la escuela para ganar unas monedas, o bien a prevenir las enfermedades de transmisión sexual con políticas públicas de salud de cobertura universal?

La frivolidad y la vulgaridad de las respuestas de González no deben dejar de lado la relevancia del asunto ni dejar impunes sus acciones. Y es que además de su irresponsabilidad e insensibilidad social, estas acciones desafían abiertamente al sistema constitucional y la tradición liberal que lo anima, pues atentan contra un principio fundamental para la pluralidad democrática: la separación entre los asuntos del Estado y el ámbito de las creencias religiosas y las iglesias, es decir, contra el carácter laico del Estado en México, que nos distingue de los estados teocráticos, donde el poder público y la religión acaban siendo una y la misma cosa, suprimiendo la diversidad social y las libertades individuales.

Esta separación, que en México fue resultado del triunfo liberal en el siglo XIX y, en concreto, de la guerra de Reforma, no responde a una ocurrencia, sino a la conclusión de una larga y sangrienta disputa —que en cada país ha seguido un proceso histórico particular— en torno a los límites del Estado respecto a las diferentes expresiones religiosas. Ya desde el siglo XVII, John Locke subrayaba en su Ensayo sobre la tolerancia la importancia radical de un Estado que promoviera y garantizara la libertad de credo como un elemento vital para la paz y la estabilidad política en cualquier sociedad.

Y es que cuando la autoridad privilegia a una religión por encima de otra discrimina y, al hacerlo, alimenta tensiones innecesarias en la esfera de la vida pública, cuando los asuntos que conciernen a las creencias de las personas son, por definición constitucional, asuntos inherentes a la vida privada. Los primeros beneficiarios del laicismo y la libertad de credo son precisamente los creyentes y las iglesias, pues el carácter laico del Estado constituye la mejor garantía para la libertad religiosa. Por esa razón, creo pertinente que sean las iglesias, en este caso la católica, las que rechacen estas prácticas, por respeto a todas las personas que profesen cualquier religión.

Presidente del Partido Socialdemócrata

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