Izquierda Republicana ha difundido un documento político en el que lamenta que durante las festividades de la Semana Santa, la separación entre Iglesia y Estado "desaparece". La formación afea que autoridades políticas del Estado participen en su calidad de representantes políticos en las celebraciones religiosas.
“consideramos que ningún cargo público en el ejercicio de sus funciones debe participar en los actos religiosos que se sucederán en nuestro país durante las festividades de la pascua católica. Desgraciadamente hemos comprobado y seguiremos comprobando que la pretendida aconfesionalidad proclamada por la vigente Constitución de 1978 será incumplida por autoridades civiles y militares, que asistirán a los eventos confesionales ejerciendo su cargo, y no, como debiera ser, como ciudadanos particulares, con perfecto derecho a manifestar su fe”, señalan.
Para Izquierda Republicana este comportamiento revela un sometimiento del poder público a unas determinadas creencias religiosas que es “del todo incompatible con la pluralidad social de los ciudadanos de nuestro país “entre los que los hay no católicos y no creyentes en religión alguna.
Por otra parte también se produce la asistencia de representaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas escoltando las imágenes que desfilan por las calles en estos días, poniendo estos cuerpos públicos bajo advocaciones religiosas. Aparte de lo pintoresco que esta circunstancia pueda resultar, es absolutamente inadmisible que aquellos que tienen la capacidad utilizar la fuerza en interés público deban tener algún tipo de creencia colectiva como institutos armados.
“En Izquierda Republicana entendemos que la democracia como tal sólo es compatible con un Estado Laico en el que las creencias religiosas o la ausencia de estas quedan restringidas a la esfera privada de cada ciudadano”. Finalmente, IR expresa con toda claridad que respeta las creencias religiosas de todo tipo, siempre que estas sean respetuosas con los derechos humanos, y defiende la libre práctica de cualquier religión, tanto en el ámbito privado como en el público sin que ello suponga intromisión de la religión en la actuación del Estado.
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