IU respalda a la Junta por la decisión de la Mezquita y la alcaldesa se lo piensa

Pedro García asegura que entiende y comparte la decisión de la Administración autonómica de llevar el proyecto de la segunda puerta a la Unesco, un tema sobre el que Isabel Ambrosio no ha querido hablar

El conflicto iniciado por la Junta de Andalucía por la apertura de una segunda puerta en la Mezquita-Catedral ha creado otra aparente desavenencia entre el cogobierno municipal, lo que atisba que en temas de Iglesia empieza a ver una cierta distancia. En este caso, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, se posicionó ayer claramente y manifestó que entiende y comparte la postura de la Junta de Andalucía de llevar el asunto ante la Unesco y así dejar en suspenso el proyecto y con ello el traslado de la carrera oficial desde el centro hasta el entorno de la Mezquita. García, de IU, justificó que «ante un informe de Icomos hay que repensarse cualquier actuación». 

Mientras tanto, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), optó por la callada -una vez más- cuando se había anunciado que ayer iba a hablar sobre este conflicto que no sólo afecta al Cabildo y a las cofradías, sino a la economía y el turismo de la ciudad por la afluencia de público que conllevaría el traslado de la carrera oficial hasta el monumento. De esta forma, Ambrosio declinó hacer declaraciones sobre el tema hasta que tenga más información del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). 

De nuevo, los partidos del cogobierno toman distancia en un asunto relacionado con la Iglesia, como ya ocurrió cuando la alcaldesa acudió el pasado mes de octubre a la iglesia de San Andrés, desde donde la Hermandad de la Esperanza iba a salir en procesión extraordinaria, le impuso la medalla de oro a la Virgen y protagonizó una levantá. Esto no cayó demasiado bien en sus socios de gobierno ni en Ganemos, su apoyo de investidura. 

Por su parte, García aseveró que «son temas muy serios, y en el caso de Córdoba es la Mezquita-Catedral, un monumento único en el mundo», por lo tanto «sobre lo que se haga en el edificio, todas las voces tienen que ser escuchadas y una voz tan autorizada como Icomos, que es la que da o quita la capacidad de ser Patrimonio de la Humanidad, debe ser escuchada y sus consideraciones deben ser extremadamente respetadas». 

El primer teniente de alcalde reiteró que «hay que ser muy serio» al tratarse de un asunto extremadamente delicado, y resaltó la importancia del dictamen del organismo consultivo: «Icomos no es cualquier cosa, sino que es una herramienta de Unesco, que hace valoraciones a veces positivas, que permiten tener un Patrimonio de la Humanidad, y a veces negativas, que pueden llegar a ridiculizar la actuación de cualquier Ayuntamiento». 

Por otro lado, respecto a la decisión que ha tomado la Agrupación de Cofradías de que en la próxima Semana Santa lleguen todos los pasos a la Mezquita-Catedral, García argumentó que «la carrera oficial o la estación de penitencia que hace cualquier hermandad es una decisión exclusivamente de ellos», aunque «luego estarán las valoraciones técnicas que habrá», como la prevención y control de aglomeraciones. Sin embargo, son cuestiones en las que aún no quiere entrar porque, expuso, no conoce «los recorridos ni realidades objetivas que plantean» las cofradías. 

El pasado viernes la consejera de Cultura de la Junta, Rosa Aguilar, anunció que dejará la decisión sobre la segunda puerta de la Mezquita-Catedral a la Unesco ante una petición del Icomos. Esta decisión se comunicó el mismo día en el que se cumplía el plazo para que la Junta resolviese el recurso interpuesto por la familia del arquitecto Rafael de La-Hoz sobre la retirada de una de las celosías de la fachada de la zona Norte para la apertura de esa puerta -Rafael de La-Hoz fue el coautor de dicha celosía-. 

Si se tiene en cuenta lo que concluye el informe de Icomos, que tiene 13 páginas, todo parece apuntar a que el dictamen de la Unesco será contrario a los intereses del Cabildo Catedralicio y a lo que demanda la Agrupación de Cofradías. De hecho, el documento asegura que lo que se pretende no es una obra menor sino una «mutilación» del monumento que, además, sería «ilegal» porque la normativa solo permite obras de conservación en los edificios con este grado de protección. Se trata, señala el informe, de «destruir lo que hay (una celosía instalada en la segunda mitad del siglo XX) y sustituirlo por otra cosa», por lo que no avala la actuación.

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