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IU propone que en 2018 la Iglesia no reciba un euro de dinero público

La formación enmienda los Presupuestos para que se disminuya la asignación del Estado a la institución hasta lograr su total autofinanciación. Además, impulsa el fin de sus privilegios en la Ley Hipotecaria.

Que la financien los fieles. Eso es lo que propone Izquierda Unida para la Iglesia: que a partir de 2018 no reciba ni un duro del Estado.

La formación ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia Católica.

Asimismo, plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016, al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles.

“Se propone recortar razonablemente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación”, señala IU en la argumentación de la enmienda.

Supresión de privilegios 

A su vez, IU plantea en otra enmienda al PGE la supresión del “privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios (IBI) de la Iglesia Católica”.

Según justifica en su enmienda, la Ley Hipotecaria autoriza a la Iglesia a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos. Entre otros casos, destaca el de la Mezquita de Córdoba, “del que la Iglesia se apropió en 2006”.

Por ello, cree que hay que promover la revisión de la Ley Hipotecaria para suprimir ese “anacrónico privilegio”. De hecho, en su enmienda llama a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Hipotecaria por “vulnerar lo establecido” en la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado.

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