IU presenta una iniciativa en el Congreso para impedir que las fuerzas de seguridad se extralimiten en sus actuaciones durante las reivindicaciones públicas

Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, ha registrado una iniciativa parlamentaria para “regular y acotar” las intervenciones policiales en “manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos”. IU lleva a cabo esta propuesta a raíz de la brutal respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas estudiantiles que se están desarrollando en Valencia.

La proposición no de ley ha sido presentada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso por el portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, y el portavoz en la Comisión de Interior y diputado valenciano, Ricardo Sixto, y en ella se insta también al Ejecutivo del PP a garantizar “con mayor amplitud” los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.

Esta iniciativa se suma a la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tanto en el Pleno del Congreso como en Comisión correspondiente a su departamento registrada ayer lunes para que explique la actuación “injustificadísima y desproporcionada” de la Policía en Valencia, como ha detallado Sixto.

Explicó que “no vale" con que el titular de Interior detalle hoy en rueda de prensa, como así ha anunciado, lo ocurrido en la capital valenciana, sino que donde Fernández Díez debe dar cumplidas explicaciones de lo ocurrido es ante los parlamentarios de los distintos grupos.

En función de si esas explicaciones se producen o no y de su contenido final, IU no descarta pedir la reprobación del ministro por los “excesos” de la actuación policial en las protestas estudiantiles.

El diputado de IU por Valencia ha exigido también la “dimisión” de la delegada del Gobierno en esta comunidad, Paula Sánchez de León, por su manifiesta “incapacidad” para gestionar esta crisis, así como el “cese inmediato” del jefe superior de la Policía, Antonio Moreno, a quien responsabilizó de que la situación haya desembocado en una violencia desconocida cuando no es la primera vez que se dan “circunstancias tan complicadas” como la de los últimos días en la capital valenciana.

En la iniciativa registrada, además de la elaboración de un protocolo para delimitar las mencionadas actuaciones, se reclama también que las identificaciones y cacheos policiales no se produzcan con “fines intimidatorios” y que se garantice la identificación de los policías “de forma clara y visible” cuando así sea requerido por los ciudadanos, junto a que se tipifique como falta disciplinaria la negativa de un agente a hacerlo.

Solicita igualmente la colocación de cámaras de vídeo en todas las dependencias policiales y que se puedan grabar las actuaciones de los agentes en las movilizaciones y protestas.

Izquierda Unida insta, a su vez, al Gobierno a que establezca un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales para, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.


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A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA REGISTRADA:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV- EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Proposición no de Ley  sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas en la Comisión de Interior.

En los últimos meses estamos asistiendo a un incremento de las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como respuesta actuaciones policiales que han arrojado como resultado un número considerable de ciudadanos detenidos, y también fruto de las cargas policiales se han registrado importantes lesiones en  ciudadanos, tanto que participaban en las movilizaciones como transeúntes, así como  en agentes de policía.

Entre las citadas actuaciones policiales, podemos señalar la del pasado día 15 de enero de 2012 en Madrid, en la que agentes antidisturbios reprimieron una manifestación del movimiento “Yo no pago”, que protestaba contra los recortes sociales mediante la negativa simbólica a pagar el billete de metro en la estación de Callao, saltando el torniquete para volver a salir a la calle. Cuatro manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Brigada Provincial de Información, en Moratalaz. Los manifestantes respondían a una convocatoria en red, respaldada por el movimiento ciudadano del 15-M.

Posteriormente, otras cargas policiales han tenido resultados similares, como las llevadas a cabo frente las protestas ciudadanas contra la reforma laboral que tuvieron lugar de forma pacífica en varios lugares de España y que igualmente se saldaron con detenidos y heridos consecuencia de las cargas policiales. Concretamente en la protesta llevada a cabo en la Puerta del Sol de Madrid, el balance fue nueve detenidos y nueve heridos leves (según se ha tenido conocimiento por medios de comunicación 8 de ellos, policías)

Según algunas informaciones el detonante de las cargas policiales fueron las identificaciones indiscriminadas de las personas que pacíficamente estaban expresando su rechazo a la reforma laboral presentada por el Gobierno el mismo día. Ante el incremento de la crispación de los presentes, un numeroso dispositivo de antidisturbios comenzó a cargar  contra cualquier persona que se hallara por las inmediaciones, resultando golpeados transeúntes y varios periodistas y cámaras de televisión que hacían su trabajo, pese a que la protesta había bajado de intensidad.

Más recientemente, el pasado 17 de Febrero, también hubo una carga policial contra los estudiantes del IES “Luis Vives” de Valencia, que se manifestaban pacíficamente en defensa de la educación pública. El saldo de la actuación policial, fueron varios menores detenidos y denuncias de insultos y tratos vejatorios por parte de agentes de la policía.

Resulta especialmente llamativo que ninguno de los agentes de policía llevase su preceptiva identificación visible en cada una de las intervenciones policiales que se han reseñado, al igual que resulta preocupante el elevado número de identificaciones indiscriminadas en las mismas, con efectos intimidatorios y/o criterios de productividad inaceptables.

Del mismo modo, se puede observar cierta discrecionalidad e improvisación de estas intervenciones policiales, con efectos negativos en todas las partes, y que parecen tener como objetivo lanzar un mensaje claro, intimidatorio, de tolerancia cero,  con las próximas convocatorias y movilizaciones ciudadanas.

Por último, resulta reseñable que en este contexto de incremento de la movilización ciudadana, que diversas organizaciones de defensa de  defensa de los Derechos Humanos están denunciando la desproporcionalidad de las actuaciones policiales en dichas movilizaciones, refiriéndose no solo a las expuestas en esta iniciativa, sino también a otras anteriores como las convocadas con motivo de la visita del Papa a España, la entrada a la Universidad de Cádiz o  las protestas contra los desahucios. 

Incluso por la forma de proceder en las referidas intervenciones policiales podría decirse que existe una orden para la represión sistemática del movimiento ciudadano de protesta.

Nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo oportunidad de mostrar su preocupación en la primera comparencia del Ministro del Interior por la reacción policial ante un previsible clima de movilización e incremento de la conflictividad social derivado de la política de recortes que se está llevando a cabo, a la que hemos de sumar la reforma laboral y un posible calendario de movilizaciones sociales  en crecimiento y sostenidas en el tiempo.

Por estos motivos, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1) Elaborar un Protocolo específico que regule y acote las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta garantizando con mayor amplitud los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.

2) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la actuación policial.

3) Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.

4) Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía para establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.

5) Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio de las actuaciones.

6) Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.

7) Promover las reformas legales oportunas y adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno, y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.

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