IU-ICV propone autofinanciación de la Iglesia, suprimir efectos civiles de bodas católicas y religión extracurricular

El grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno socialista a "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede", dejar la asignatura de religión al "margen de la enseñanza obligatoria" y de los currículos en la tramitación de la reforma educativa, y modificar el Código Civil para suprimir los efectos civiles del matrimonio canónico católico.

Este grupo ya presentó una iniciativa similar en el Debate sobre el Estado de la Nación, que fue rechazada por el PSOE.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, IU-ICV se queja de que, a pesar de que en los últimos años la sociedad española ha experimentado una "profunda secularización", los sucesivos gobiernos hayan mantenido una relación con la Iglesia que le garantiza una "situación claramente privilegiada".

"La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General de 1976 que revisaba el Concordato de 1953", dice la proposición.

Izquierda Verde considera que un Estado democrático debe defender "sin ambigüedades la laicidad de las Administraciones Públicas" porque el laicismo, añade, es "consustancial al Estado democrático". Por eso, exige al Gobierno "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede": el Concordato de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre Asuntos Culturales y Educativos de 1979, "negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado".

RELIGION "AL MARGEN DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA"

El texto de IU-ICV solicita también al Gobierno adoptar medidas para "hacer efectiva la restitución del IRPF no recaudado por el tesoro público" y modificar la regulación del IRPF con la "perspectiva de la eliminación del impuesto religioso"; aplicar los acuerdos para la "autofinanciación de la Iglesia Católica antes del final de esta legislatura"; y dejar la religión "al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo y del horario escolar".

Asimismo, reclama al Ejecutivo que reforme la Ley Orgánica de 1980 sobre Libertad Religiosa con el fin de "acabar con la actual injusticia, regulando la libertad de conciencia como derecho de todos los ciudadanos", y que habilite partidas presupuestarias en los Ministerios de Educación y Justicia, "canalizadas por las asociaciones laicistas, humanistas y ateas para promover valores humanistas y laicistas en la sociedad y en las escuelas".

Por último, propone modificar el Código Civil en materia de matrimonio para "suprimir los efectos directos civiles del matrimonio canónico católico" y "crear una comisión interministerial para el estudio y acción contra las prácticas que atenten contra las libertades individuales y derechos fundamentales en el interior de las organizaciones privadas".

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