- La ministra de Educación y Formación Profesional ha explicado en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados los avances en el proceso de tramitación del anteproyecto de la nueva ley educativa
- En la fase de consultas se han recibido más de 43.000 correos electrónicos y se han recabado aportaciones de un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo, de comunidades autónomas, de consejos escolares autonómicos y de otros ministerios
- En la educación de niños y niñas de 0 a 3 años, la ley dará un mandato al Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa educativa
- En la ESO, se recuperan los Programas de Diversificación Curricular, se facilita la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento y se introduce el trabajo por proyectos prácticos para las materias optativas
- En FP, se impulsan los procesos de acreditación de competencias profesionales reconociendo la experiencia laboral, para favorecer el retorno a los estudios y la formación permanente
- Las comisiones de selección de nuevos directores incorporarán a un director o directora experimentados
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido este martes en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados, donde ha explicado a los grupos parlamentarios los avances en la tramitación del anteproyecto de la nueva ley educativa. La titular de Educación ha recordado que, en los dos últimos meses y medio, el texto ha ido incorporando las opiniones y propuestas de las personas y organizaciones que están participando en los procesos de consulta.
En la primera fase de consultas se recibieron 43.639 correos electrónicos y en la segunda, se han recabado aportaciones de un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo, de comunidades autónomas, de consejos escolares autonómicos y de otros ministerios.
“Como resultado de este proceso, el anteproyecto que les presentamos hace unos meses se ha enriquecido, hasta convertirse en un proyecto maduro, ambicioso y con visión de futuro, que pretende dar respuesta a los desafíos que nuestra sociedad plantea”, ha destacado la ministra y también portavoz del Gobierno.
Celaá ha subrayado que en las próximas semanas llegará a la Cámara el proyecto de ley –tras ser aprobado por el Consejo de Ministros– que derogará la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y retomará una senda de evolución progresiva y de recuperación del equilibrio perdido, “con una inequívoca voluntad de búsqueda de acuerdos”.
La nueva ley se sustenta en cinco pilares.
El primero es un enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidos.
El segundo, un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
En tercer lugar, el anteproyecto reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030.
El cuarto enfoque se basa en la igualdad de género a través de la coeducación y fomenta el aprendizaje de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Y en quinto lugar, el texto insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que afecta a la actividad educativa.
Una educación más flexible y personalizada
En cuanto a los cambios que incorpora la nueva ley educativa destaca que, en la educación de niños y niñas de 0 a 3 años, la ley dará un mandato al Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa educativa.
En Educación Primaria, se recupera la estructura por ciclos, se fortalece la inclusión educativa y la atención personalizada. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se organiza para que se obtenga un título único, sin prueba externa y se recuperan los Programas de Diversificación Curricular y una nueva configuración de la Formación Profesional Básica. Se facilita la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento y se introduce el trabajo por proyectos prácticos para las materias optativas.
También se recupera la obtención del título de Bachiller a través del proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso exclusivamente para la entrada a la universidad. Organizativamente, se flexibiliza su duración, sin obligar a repetir necesariamente cursos enteros.
En la Formación Profesional, se flexibilizan las enseñanzas, se agilizan los procesos de incorporación de nuevos contenidos, se organizan las vías de acceso a los ciclos formativos y se impulsan los procesos de acreditación de competencias profesionales reconociendo la experiencia laboral, para favorecer el retorno a los estudios y la formación permanente.
Entre las medidas relacionadas con la equidad, se insiste en la atención que las administraciones educativas deben prestar a la escuela rural y a la insular y se restablece el equilibrio que debe existir en la red de centros, garantizando los derechos y libertades de todos los interesados. Sin pretender modificar el régimen de conciertos, se recupera el equilibrio alcanzando con legislaciones anteriores a la LOMCE.
En cuanto al funcionamiento de los centros educativos, se apuesta por un modelo de dirección que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura. De esta forma, las comisiones de selección de nuevos directores incorporan a un director o directora experimentados y se establece una formación preceptiva con carácter previo al nombramiento como director o directora.
Además, se contemplan evaluaciones de diagnóstico para cuarto de Educación Primaria y segundo de la ESO y también se prevé la evaluación general del sistema educativo con evaluaciones muestrales y plurianuales de las competencias adquiridas por el alumnado para el último curso de Educación Primaria y de la ESO.
Cotizaciones de estudiantes de FP
Por otro lado, Celaá se ha referido también a los efectos que produce en el mundo educativo no universitario la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
La norma prevé la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, de las personas que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas aunque no tengan carácter remunerado. Las prácticas comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.
“El Gobierno no permitirá nunca que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo”, ha concluido Celaá.
