El Centro Interreligioso de Responsabilidad Empresarial (ICCR) ha lanzado una campaña para exigir a los emblemáticos almacenes Walmart, la aerolínea Delta, la red hotelera Hyatt y otras multinacionales, que sus filiales de todo el mundo no obliguen a trabajar como esclavos a sus trabajadores. El ICCR, que representa a 300 organizaciones de inversores/accionistas de profundas creencias religiosas, tiene invertidos alrededor de 100.000 millones de dólares en grandes corporaciones empresariales. Entre sus miembros se encuentran baptistas y evangelistas, muy asentados en los Estados Unidos, pero también hermanas dominicas, misioneros oblatos, judíos, luteranos y muchas otras congregaciones.
En el punto de mira por la violación de los derechos humanos
En principio la campaña va dirigida contra las compañías agrícolas (ADM y ConAgra), minoristas (Costco, Kroger, Target y Walmart), aerolíneas (Delta, US Airways y Southwest) y las cadenas hoteleras (Hyatt, Starwood y Choice). Todas están en el punto de mira por la violación de los derechos humanos de sus trabajadores. ICCR puso en marcha la pasada primavera un código de ética para empresas de todo el mundo. “Empezamos a actuar tomando nuestra experiencia práctica en los últimos 15 años de participación en el trabajo infantil, la trata de personas, la esclavitud moderna. Estos principios ofrecen una hoja de ruta a las empresas”, señala Lauren Compere, integrante de la junta directiva de ICC y directora gerente de una firma de inversión social. El Centro Interreligioso de Responsabilidad Empresarial tomó cartas en el asunto, en 2006, cuando un grupo de inversores escandinavos presionó a la cadena de hoteles Marriott por denuncias sobre redes de prostitución infantil que utilizan hoteles de la compañía en Costa Rica. Marriott nunca fue acusada de facilitar a sabiendas estos encuentros, pero la ausencia de una política interna se consideró facilitadora de la trata de personas.
Los Estados no cumplen con su obligación
“Tenemos un papel que desempeñar para combatir los abusos. Las empresas deben convertirse en parte de la solución al poner en práctica el respeto por los derechos humanos y asegurar que sus socios, proveedores, filiales y representantes hagan lo mismo”, explica Amol Mehra, director de International Corporate Accountability Roundtable (ICAR). El pasado 4 de diciembre ICAR, junto a CORE, una red defensora de los derechos humanos del Reino Unido, y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (TJCE) publicaron ‘El Tercer Pilar: Acceso a recursos judiciales para Violaciones de los Derechos Humanos en los negocios’. Este informe, presentado en el II Foro Anual Naciones de Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, muestra que, dos años después de la ratificación universal de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los Estados no cumplen con su obligación de garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas que operan fuera de su territorio.
La empresa debe supervisar la conducta ilegal de sus filiales
A lo largo del mismo se identifica y analizan los obstáculos más importantes a la tutela judicial efectiva en los Estados Unidos, Canadá y Europa, y se establecen recomendaciones detalladas para las medidas que los Estados deben tomar para abordar la cuestión. “El concepto de la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos equivale a la imposición a la empresa matriz el deber de supervisar la conducta ilegal de sus filiales”, se afirma en uno de sus capítulos.
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