Esta semana, hemos escuchado al Ministro del Interior del Gobierno popular de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, comparar el aborto con pertenecer a la banda terrorista ETA. Posteriormente ha matizado, que no desmentido, ni rectificado sus palabras, en el sentido de afirmar que el aborto tiene algo que ver con ETA, pero poco.
Un Ministro como el señor Fernández que diseña su agenda pública, por la que le pagamos un buen sueldo entre todos los españoles de nuestros impuestos, para no faltar ningún día a misa. Un Ministro que ya protagonizó otro escándalo al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo no garantizan la pervivencia de la especie. Un Ministro que dijo que sus creencias estaban por encima de la Constitución.
Algunos recordamos a Juan Cotino, defendiendo que aquellas mujeres que quisieran abortar vieran obligatoriamente, antes de hacerlo, una ecografía del feto como otra ocurrencia del integrismo popular imperante.
Este es el problema de que ocupen cargos de responsabilidad pública, cargos institucionales, miembros de sectas integristas católicas como son el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Kikos y otras tantas que conforman el núcleo duro del poder económico, político, mediático y empresarial en nuestro país.
No tengo nada en contra de las creencias de nadie pero me niego rotundamente a que estas se antepongan a las leyes, a los derechos constitucionales de los españoles, al bienestar común. En eso consiste la laicidad que debería inspirar un Estado aconfesional como es el nuestro. La religión, cualquier religión, debe quedar en la esfera privada del individuo, dejando lo público aséptico en este sentido.
En España, esta separación entre el Estado y la Iglesia no se da. Mantenemos innumerables e injustificables privilegios con la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana desde tiempos inmemoriales. Ahora que todos pagamos más impuestos para salvar a los bancos de su burbuja inmobiliaria, la Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles amparándose en el supuesto uso religioso de pisos, locales comerciales, tierras de labor, etc.
La Iglesia, está procediendo a inmatricular bienes que conformaban parte del patrimonio de pueblos y ciudades de España a su propio nombre, para su uso, disfrute y explotación, aprovechando la laxitud en el control de los que ostentan el poder, la mayoría de ellos, miembros de su Iglesia e incluso, su connivencia.
En las ceremonias españolas de toma de posesión de cargos públicos, desde el Presidente del Gobierno a los Ministros, gobiernos autonómicos, etc. se mantienen símbolos religiosos como son la cruz o la Biblia en un anacronismo y una violación fragrante de nuestra Constitución que preconiza la libertad de culto.
Se empeñan desde instituciones como el Ejército de hacer funerales de Estado con su misa de rigor cada vez que tenemos la desgracia de que un militar español fallece en acto de servicio, cuando muchos de estos y sus familias han pedido que se respete sus creencias religiosas o la falta de estas.
Mantenemos capillas católicas, eso sí, en Hospitales Públicos y Campus Universitarios, cuando la Sanidad y la Educación Pública nada tienen que ver con la religión, ni la católica, ni ninguna otra, cuyos gastos están incluidos en los Presupuestos de estos centros que están dotados de fondos públicos del Estado, insisto, de nuestros impuestos.
En la Declaración de Hacienda, hay una casilla para el sostenimiento de la Iglesia Católica, en una insultante discriminación hacia otras religiones que conviven en España y que lo hacen con cada vez mayor número de adeptos y sobre todo con un claro incumplimiento de la letra y del espíritu constitucional, ese que arguyen para mantenernos como ovejas en el redil.
Por no hablar del Concierto Educativo que supone de facto la desviación de ingentes cantidades de dinero público a la enseñanza privada concertada, en su mayoría de carácter religioso, concretamente católico, en un adoctrinamiento de nuestros hijos que escandalizaría al propio Maquiavelo.
El compromiso con la laicidad, con una España realmente aconfesional, con la defensa de las libertades individuales, incluidas las religiosas por parte de los poderes públicos, es una de las tareas pendientes que dejamos los socialistas por hacer y de ese barro, vienen estos lodos.
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