Inmatriculaciones, el negocio patrimonial de la Iglesia

El pasado 8 de abril, el Gobierno de Zaragoza iniciaba acciones judiciales para esclarecer, frente al Arzobispado de la ciudad, la titularidad de la catedral de La Seo y de los templos de la Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes, inmatriculados por la Iglesia en su nombre.

La Corporación municipal conseguía de este modo frenar un proceso que se habría tornado irreversible, ya que precisamente ese día se cumplía el plazo de usucapión de los templos de La Magdalena y Santiago el Mayor, que hubieran pasado a ser de manera definitiva de la Iglesia.

Para llegar a entender cómo la Iglesia ha conseguido incrementar su patrimonio inmobiliario vía inmatriculación (primer registro de una finca) hay que remontarse hasta la Dictadura, etapa en la que institución eclesiástica encontró en la no separación entre iglesia y estado el marco regulatorio perfecto para incrementar sus bienes.

Así, en el año 1946 Franco modifica la Ley Hipotecaria y, en su artículo 206, equipara a la Iglesia Católica como corporación de derecho público, asimilando sus competencias a las del estado, la provincia o el municipio. Además, al año siguiente, se modifica el artículo 304 del Reglamento Hipotecario y se les concede a los obispos la facultad para actuar como fedatarios o notarios públicos.

Las implicaciones de ambas medidas son muy significativas: mientras que para cualquier ciudadano la inmatriculación de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo que exige certificaciones y testigos, para un obispo, al ser fedatario público, se simplifica enormemente ya que puede presentar en el Registro un certificado elaborado por él mismo, quedando así anotado el bien a nombre de la diócesis sin aportar ningún título de propiedad o escrituras.

La situación no cambia con la llegada de la democracia. A pesar de que los artículos 206 y 304 entran en grave colisión con la Constitución, que propugna la igualdad tributaria y jurídica ante la ley y el principio de aconfesionalidad del estado, la Ley Hipotecaria pasa el filtro de la Carta Magna. Y no sólo eso, sino que en el año 1998 el Gobierno de José María Aznar amplía la potestad inmatriculadora de la Iglesia a los bienes de culto, algo que quedaba expresamente prohibido en las leyes franquistas.

Esto propicia que la Iglesia desencadene un proceso inmatriculador de bienes que se habían considerado de titularidad pública, con algunos casos tan mediáticos como el de la Mezquita del Córdoba en el año 2006. Todo ello con un agravante, ya que los privilegios de la Iglesia no se agotaban en esta particular forma de certificar sus propiedades, sino que también estaba exenta de hacer pública la adquisición mediante un edicto. Esta falta de publicidad permitía en muchos casos que nadie lo advirtiera y, en consecuencia, pudiera recurrir la inmatriculación.

En 2015, gracias a la presión popular, el Gobierno modifica la ley para que los diocesanos ya no puedan matricular ni bienes de culto ni de dominio, si bien, esa modificación no es retroactiva, con lo cual “se produce una amnistía registral”, tal y como explica Jorge García, presidente de Movimiento Hacia Un Estado Laico (Mhuel), una de las entidades más activas en la lucha para que todos estos bienes vuelvan a ser de titularidad pública.

Sin embargo, y pese a contar con un marco normativo favorable, la Iglesia pudo cometer fraude de ley en buena parte de estas inmatriculaciones. Un buen ejemplo es lo vivido en Zaragoza, donde los cuatro templos ya mencionados fueron registrados por el entonces arzobispo Elías Yanes en los años 1987 y 1988, es decir, diez años antes de que la reforma del Gobierno Aznar permitiera inmatricular bienes de culto. Serán ahora los tribunales los que decidan si se hicieron conforme a la ley, si no, la inmatriculación quedará nula de pleno derecho.

Pero el mayor problema es saber cuántas propiedades inscribió la Iglesia a su nombre y cuándo, una tarea que no está resultando fácil por la cerrazón que muestran los registradores a pesar de haber recibido sendos requerimientos de Ayuntamiento y DPZ. “Los registradores, en cierta parte, son cómplices, porque cuando iba un diocesano con su autocertificado lo daba por bueno sin hacer más comprobaciones, y tal vez por eso hoy muestran ese recelo a hacer pública esa información”, explica García, quien remarca que Mhuel lo ha intentado en muchas ocasiones y sólo ha podido confirmar la titularidad de los cuatro templos ahora en litigio. Pero podrían ser muchos más.

Sirva de ejemplo el caso de Navarra donde sí se consiguió un listado que incluía más de 1.200 bienes entre los que, además de espacios de culto, había pisos, pinares o incluso frontones. Bienes que siempre se habían considerado municipales y que, ante tal obviedad, a nadie se le había ocurrido comprobar en el registro quién era su dueño. “Una circunstancia que fue aprovechada por la Iglesia que, en algunos casos, llegó a vender al pueblo los bienes que le había arrebatado años antes vía inmatriculación”, denuncia el máximo responsable de Mhuel.

No es un asunto baladí el de la fecha de inmatriculación. Al no haber publicidad, no hay reclamaciones, y la Iglesia se acoge a la usucapión: transcurridos treinta años y una hora de una matriculación, si nadie la reclama, pasa a ser de su propiedad. De ahí que el Ayuntamiento se haya apresurado a iniciar en los tribunales los actos de conciliación.

TEMPLOS RENTABLES.

A pesar de este afán inmatriculador, desde Mhuel aclaran que la Iglesia no muestra este interés por todo tipo de propiedades: “Es curioso pero no registran bienes que estén ruinosos o que no vayan a ser productivos, sólo lo hacen con aquellos que luego van a poder vender o de los que van a poder sacar beneficio”.

En este sentido, desde la plataforma consideran especialmente “escandaloso” el caso de La Seo, un templo que se inmatricula en 1988, momento a partir del cual se firman los convenios de restauración por los que recibió más de 15 millones de euros públicos, y que, tras 22 años cerrado, ahora cobra 4 euros de entrada. “Lo pongo a mi nombre, lo arreglo con el dinero de todos y luego cobro por visitarla, encima en dinero B, ya que tiene la consideración de donativo siendo imposible que te den una factura y sin que exista ningún tipo de control sobre esos ingresos que no se fiscalizan”, denuncia García.

El beneficio se maximiza aún más si se tiene en cuenta que por las inmatriculaciones la Iglesia sólo tuvo que pagar las tasas del registro. Así, la Mezquita de Córdoba costó 30 euros  y La Seo se inmatriculó por el equivalente a 20 de euros de las antiguas pesetas. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el Concordato entre España y la Santa Sede de 1953 y sus posteriores reformas de 1976 y 1979, también están exentos del pago del IBI.

Se da pues la circunstancia de que este proceso no ha generado gastos a la Iglesia, y sin embargo sí que se los ha empezado a provocar a todos los contribuyentes. El pasado año, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado Español por una inmatriculación mal hecha en la provincia de Palencia a 615.000 euros, “una multa que hemos tenido que pagar entre todos los españoles”, aclara el presidente de Mhuel. La sentencia señala que las inmatriculaciones son arbitrarias y cita el principio de convencionalidad, por lo que si más procesos terminan en el tribunal europeo, el Estado, que no la Iglesia ni los registradores, volverá a ser condenado y multado por haber permitido estas prácticas.

Por todo ello,  desde Mhuel se insiste en la necesidad de recuperar el carácter público de estas propiedades “lo antes posible”, porque además, en caso de disolución de una diócesis, sus vienen en propiedad pasan al Vaticano, por lo cual sería el propietario de ese patrimonio un estado extranjero, lo que para la organización sería “un desatino absoluto”.

NO ES UN ATAQUE A LOS CATÓLICOS

Desde Mhuel se quiere destacar que la asociación no cuestiona en “ningún momento” el uso de los templos ni su carácter religioso. “Las iglesias tienen su función que es el culto, no cuestionamos nada de eso, sino que defendemos que ese legado pertenece al común de los ciudadanos y debe permanecer bajo dominio público”, argumenta su presidente.

La asociación sale así al paso de los ataques recibidos por determinados sectores que han tachado su posición y la del Ayuntamiento de anticlericales. “La actuación del Consistorio viene de una moción que presentó Chunta Aragonesista en mayo de 2016 y que salió aprobada; hemos escuchado estos días que se quería expropiar la Basílica del Pilar y otras barbaridades pero no, esto es el cumplimiento de una decisión plenaria municipal”, aclara García.

Así, desde Mhuel se defiende una postura pedagógica de difusión y no un ataque a las creencias. El laicismo, explican, pretende la separación entre el estado y las confesiones religiosas, por ello consideran una “invención” el anticatolicismo que se les achaca. “En tiempos de Franco la Seo era de dominio público y nadie lo cuestionaba, por qué ahora que queremos volver a esa situación surgen problemas”, se cuestiona García.

DESPIECE.

Un debate también político

Como no podía ser de otra forma, el debate sobre las inmatriculaciones también ha saltado a la arena política. Como miembro fundador de la Plataforma Recuperando, Mhuel se ha reunido con todos los grupos del Congreso de los Diputados y, salvo el Partido Popular que no los quiso recibir, las formaciones han tomado posición y ya están preparando mociones, proposiciones no de ley, etc para tratar de buscar una solución al problema.

A nivel autonómico, Podemos se ha posicionado en las Cortes en contra de las inmatriculaciones y a nivel local, en Zaragoza se ha presentado varias mociones por parte Chunta Aragonesista y ZeC, que han sido apoyadas por PSOE e IU, con la abstención de Ciudadanos y los votos siempre en contra de PP y PAR, si bien todas salieron adelante.  La actuación del equipo de Gobierno municipal deja muy clara su posición, una actitud muy criticada desde las filas populares que han pedido al alcalde que deje de “generar odio, confrontación y fractura social”

Sin embargo, tal y como explica el Jorge García, “no siempre los partidos defienden una misma posición”. Así, en la localidad oscense de Jaca hubo una moción para tratar de recuperar la catedral y cuando parecía que iba a prosperar, el Grupo Municipal del PSOE se echó para atrás.

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