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Inmatricula que algo queda

Hay gente con suerte. Pero si esa gente compone un grupo definido y la disfruta por definición, se llama privilegio -¿providencia? Ese tipo de privilegios que se supone eliminó una Constitución a la que tanto se apela.

Si usted cuenta con bienes raíces, habrá tenido que pasar por un notario que le habrá cobrado una minuta y después por el registro de la propiedad y el catastro. Si esa propiedad podía entrar en conflicto de intereses con otra, habrá debido efectuar un período de comunicación y/o exhibición pública que garantice que la adscripción no conlleva perjuicio de terceros. Pero todo eso no va con la iglesia católica. Lo habrán leído: de 1998 a 2015 (ojo a tan ‘burbujeantes’ fechas), bajo el amparo del una ley hipotecaria del gobierno de Aznar y una norma franquista, los obispos han procedido tal que notarios –¿para cuándo una reclamación de los colegios de notarios por usurpación de funciones?– y han inscrito, sin audiencia pública, a hurtadillas, cuantos bienes terrenos y construcciones afirmaban poseer acreditándolos con su propia firma.

Son miles. Casi treinta y cinco mil, unos veinte mil templos y «dependencias complementarias» y catorce mil de otro tipo (de garajes a solares, terrenos, viviendas, etc. hasta algún teleclub). De ellos, solo cuentan con título jurídico más allá de la auto-certificación eclesiástica unos 4600, un 13 por ciento. El resto sale aproximadamente a cinco certificaciones diarias. Curro sí han tenido. Quizás el que no dedican a pagar el IBI.

Alguien dirá que son posesiones ‘naturales’. Pero no. En esos países «de nuestro entorno» no lo son. Y en este, por ejemplo, los templos declarados monumentos han sido objeto de amplias restauraciones, algunas desde hace más de un siglo, con erario público, lo que conlleva que pueda registrarse esa inversión hasta compartir la propiedad e incluso revertirla. Este procedimiento se ha empleado en otros casos particulares, pero no en los templos, ¿motivo…? De igual manera es humillante que vecinos y municipios sean despojados de sus cementerios, casas parroquiales e infinidad de empeños levantados y trabajados por el común, ese patrimonio saqueado por desamparo legal. A ver ahora cómo se reclaman uno a uno esos atropellos, sin una ‘ley a medida’ para hacerlo. Una ley como la que tuvieron ellos. ¿Y las reclamaciones exitosas se juzgarán apropiaciones indebidas?

Castilla y León es la autonomía más afectada (más de un tercio del total) y León encabeza la lista en cuarta posición. Estas competiciones no nos las gana nadie. En la misma semana han aparecido noticias que tal vez se entiendan mejor relacionadas: un informe de Funcas sitúa estas y otras provincias en el núcleo duro de la despoblación y el declive económico. Que el mapa de esa debacle se aproxime tanto al que permite vislumbrar el listado de inmatriculaciones episcopales debe ser una coincidencia. Si no, tendrían algo de razón quienes dicen «España vaciada» en lugar de ‘vacía’, aunque no la habrían vaciado de gente, sino de patrimonio.

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