Injerencia clerical en la escuela

Urge revisar la situación de los profesores de Religión, contraria a la laicidad del Estado y sus instituciones

Del 14 al 16 de febrero se celebraron en Madrid las 48ª Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza, cuyo tema ha sido la enseñanza de la religión católica en la escuela. Es posible que les sirviera de guión la carta que, a modo de felicitación de las Navidades, dirigió el delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis de Cartagena-Murcia a los profesores de Religión de la región. La felicitación navideña era únicamente una formalidad o, si se prefiere, una excusa, para recordar a estos docentes, en tono aparentemente suave en la forma, pero amenazante en el fondo, las obligaciones contraídas como profesores de Religión para con la diócesis y el obispo.

El delegado episcopal les recuerda que es la Iglesia quien los elige y los llama, quien los envía, cual misioneros, a evangelizar y quien, si se diere el caso, podría destituirlos. La función que les encarga y que han de cumplir escrupulosamente como condición necesaria para seguir en sus puestos es "prestar un servicio a la Iglesia" y "enseñar la doctrina de la Iglesia". La enseñanza de la religión católica es, a su juicio, "una ocasión estupenda" para manifestar con fuerza la adhesión al obispo como prueba de pertenencia eclesial y de comunión eclesial, hoy más necesaria que nunca, matiza.

ESTÁ CLARO que, para los obispos, la escuela es una prolongación de la parroquia, una sucursal de las instituciones eclesiásticas, que la clase de Religión es un acto catequético y que la función de la escuela es hacer cristianos, no ciudadanos cultos y responsables. ¿Cabe mayor confesionalización de un espacio público y mayor desnaturalización de una institución laica como es la escuela?

El eclesiástico murciano no oculta que es otra institución quien contrata a los profesores, pero se olvida citar el nombre. ¿Olvido freudiano? Esa institución es el Estado. Somos todos los ciudadanos y ciudadanos, creyentes y no creyentes, quienes pagamos con nuestros impuestos a los profesores y profesoras de Religión. Y son los obispos los que los seleccionan, los nombran y los cesan. La operación no puede resultar más rentable para la Iglesia católica.

El delegado episcopal reconoce que los profesores de Religión católica son "un colectivo de trabajadores", pero enseguida matiza que se trata de "un colectivo bastante singular". Es un matiz nada inocente. Con ello les está diciendo que no gozan de los mismos derechos que el resto de los trabajadores y que pueden ser despedidos si se desvían del guión fijado por el obispo. Y así es, de hecho. Cada vez es mayor el número de despidos de profesores de Religión católica porque la jerarquía eclesiástica les retira la confianza. Los profesores de las distintas disciplinas gozan de plena libertad de expresión. Los profesores de catolicismo, empero, se ven sometidos a la permanente censura de quienes los nombran. Sobre ellos pende la espada de Damocles de la ortodoxia. Hasta su vida personal y religiosa está sometida al control de la autoridad eclesiástica que, cual Gran Hermano, vigila todos y cada uno de sus comportamientos: desde la asistencia a misa los domingos, hasta la afiliación sindical y política, y el ejercicio de la sexualidad.

¿EXAGERACIÓN? Los hechos son tozudos al respecto. Ha habido profesores y profesoras que han sido despedidos por no ir a misa los domingos, por irse de compras con los compañeros, por estar afiliados a sindicatos y partidos políticos que no son del agrado de los obispos, por vivir en pareja sin estar casados, etcétera.

Tres son las actitudes que deben cumplir los enseñantes de Religión y Moral católicas, según la misiva del delegado episcopal de Cartagena: comunión eclesial, pertenencia eclesial y adhesión al obispo. Ni una palabra acerca de los contenidos objetivos a impartir en materia de Religión. Ni una indicación sobre la pedagogía activa y no directiva. Ni una referencia a la función docente de los profesores de Religión como miembros de la comunidad educativa. Ni una mención, tampoco, a los derechos de los docentes: tan solo tienen deberes. Lo único que importa es la fidelidad a la Iglesia. Y, como telón de fondo, la amenaza de cese, en caso de incumplimiento de las orientaciones diocesanas.

Después de leer la carta, me hice una pregunta compulsiva que ahora traslado a los lectores: ¿en qué se diferencia, en materia religiosa, la escuela de la España democrática de la escuela del nacionalcatolicismo?

URGE DAR UNA respuesta a esta situación, que es contraria a la laicidad del Estado español y de sus instituciones. Respuesta que consiste en revisar los acuerdos del Estado con las distintas confesiones religiosas que justifican la enseñanza de la religión confesional en la escuela. Lo que dudo es que haya voluntad política para hacerlo. Para ello es necesario, ante todo, distinguir con total claridad entre la catequesis, que debe impartirse en las instituciones religiosas, y el estudio científico de las religiones como fenómenos religiosos y culturales, que puede y, a mi juicio, debe hacerse en la escuela. Me sorprende que los políticos no tengan clara esta distinción, que es tan elemental, o que, al menos, no estén dispuestos a ponerla en práctica.

* Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.

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