El debate contemporáneo mexicano acerca de la laicidad del Estado se mantiene en un estadio lamentable de inactualidad, es premoderno. Tal atraso remite principalmente a uno de los polos de (seudo)interlocución que lo promueven —momento de una lucha de poder— la alta jerarquía de la Iglesia católica, enfáticamente, los cardenales Íñiguez y Rivera. Las leyes capitalinas sobre matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adopción (también la despenalización del aborto), así como la sanción de su constitucionalidad determinada por la SCJN, han avivado razones, sentimientos y prejuicios que refieren a la relación entre religión y política.
Los silvestres modos intelectuales y rudas modalidades de lucha política de los principales prelados católicos mantienen la discusión sobre la laicidad amarrada a una de sus cuestiones más primarias, histórica y conceptualmente, la separación entre el Estado y la(s) iglesia(s). Al ser una cuestión no resuelta en la vida y prácticas sociales de México (países con atraso ideológico fuerte, como España y varios estados de preponderancia islámica, también lo padecen), y con la regresión que ha supuesto el arribo al poder de facciones políticamente conservadoras e intelectualmente mezquinas (no todo el PAN adolece de tal primitivismo), el debate se ve compelido a sus modalidades más arcaicas.
En la pugna de Íñiguez-Valdemar con Ebrard, relativa a los delitos de discriminación (1o y 4o constitucionales), daño moral (art. 1916-Código Civil DF) y violación de la Ley de Asociaciones religiosas y culto público (art. 29/fracc. 1 y el 32 para sanciones), los funcionarios del presidente Calderón han terciado —el secretario Blake— con parcialidad y un tufo lamentable de miseria intelectual. Nadie quiere o espera que renuncien a sus creencias, pero un mínimo decoro público los obligaría a remitirse a la ley; no lo han hecho y sus intervenciones propician la impunidad (de delitos perpetrados por Íñiguez), rebajan la discusión y contribuyen a la confusión intencionada de los dignatarios católicos, de plantearlo como asunto de libertad de expresión; de ahí a la denuncia de persecución religiosa no hay más que un paso, así, un delirante escenario neocristero.
En rigor, la reflexión colectiva sobre laicidad y el trasfondo socio-histórico y cultural de las religiones es —hoy por hoy— uno de los debates más vivos, inteligentes y sutiles que se desarrollan internacionalmente; la crisis de valores en la modernidad tardía o posmodernidad, la proliferación de múltiples búsquedas espirituales, el vigoroso retorno de formas de religiosidad, la dificultad para delimitar los ámbitos de razón y fe, la pertinencia de pensar contemporáneamente el sentido de la muerte y el tema de la apertura trascendente del hombre son parte de la agenda intelectual y moral de la era global.
Problemas de fondo que resultan inabordables sin el sustento teórico y socio-histórico del proceso de secularización. Para el pensamiento social clásico la relación entre política y religión ha de estar mediada por el proceso de secularización. La discusión de lo laico estatal como pivote de organización democrática de la sociedad es impertinente sin la remisión al despliegue complejo de lo secular.
De la vieja y agresiva noción jacobina de laicismo, de connotaciones defensivas y hasta beligerantemente antireligiosas, anclada en el teorema de la (probablemente imposible) diferenciación entre política y religión, así como en la problemática reducción de lo religioso a la esfera de lo privado; el diálogo contemporáneo apuesta al concepto de laicidad como una idea más fecunda para ofrecer respuestas a las crecientes necesidades de sociedades plurales y diversas, y a su condición básica de convivencia. No se trata de desaparecer las religiones, pero sí de la necesidad de su pérdida de centralidad. El dilema conceptual puede decantarse: es México ¿una nación religiosa que tolera la falta de fe o una nación laica que tolera la religión? (Dworkin). La respuesta constitucional es inequívoca (incluso explícita), pero la batalla política, social y cultural sigue en curso. Legalmente Ebrard habrá de obtener reparación al daño inflingido por las calumnias acerca del soborno a los ministros de la Corte, pero la batalla política y cultural no está resuelta.
Sin embargo, las oprobiosas condiciones actuales de México, convulsionado por la violencia y la inseguridad extremas, el panorama de fragmentaciones sociales, la reversión dramática del pacto redistributivo vuelven inminente la tentación de orientar a las masas hacia movimientos facciosos o luchas políticas sustentadas en textos sagrados para justificar que Dios, Jesús, Guadalupe o la Santa Muerte están con sus causas.
