EDITORIAL por Carlos Leiva Villagrán
A una semana de la elección presidencial en Chile, no ha aparecido consideración alguna para la figura del Estado Laico en los programas de los postulantes a la Primera Magistratura.
Algunos trascendidos indican que el tema ha estado siendo considerado en el programa de la Nueva Mayoría (Michelle Bachelet) y habría despertado controversias al interior de la comisión programática, según habría filtrado el representante del Partido Demócrata Cristiano en la comisión de proyecto constitucional, quien habría señalado en relación con su texto que “tiene un aire antirreligioso, lo cual sobrepasa lo que se debe buscar, que es un Estado laico y la libertad religiosa, la separación Iglesia –Estado y la igualdad entre las Iglesias”.
Lo señalado ha sido motivo de que se alcen voces que recelan de una postura programática laicista incorporada a un proyecto de Constitución, recurriendo a la desfiguración intencionada de un eventual planteamiento.
Una de ellas es la del miércoles 9 de octubre, donde el columnista de El Mercurio, Gonzalo Rojas, levanta la hipótesis de que, en las actuales condiciones políticas, el Estado laico puede significar un Estado activamente antirreligioso, tal que conforme a los referentes europeos de Bachelet significaría “discriminación y persecución para los creyentes de las religiones monoteístas, de formas muy concretas: prohibición de ceremonias públicas, exclusión de sus símbolos tradicionales, impedimentos para la enseñanza de las doctrinas religiosas en el nivel escolar, ahorcamiento financiero de esas iniciativas…”.
La falsedad de la afirmación del columnista es total.
Primero, es un profundo error atribuir al Estado laico una característica persecutoria de las religiones, en circunstancias que él precisamente procura ser garante, no sólo de la libertad religiosa, sino de la libertad de conciencia en general.
Segundo, el Estado laico no limita ni prohíbe la expresión de planteamientos de orden político o moral que provengan de la fe.
La libertad de conciencia y de expresión que promueve el laicismo no queda constreñida a la conciencia y el espacio privado, puesto que, para el laicismo, la sociedad es el espacio donde en general todas las ideas, religiosas o no, tienen derecho a su más libre e irrestricta expresión, no sólo en el plano íntimo y privado sino en todo el espacio público en que conviven los ciudadanos.
Esto no debe confundirse con que, siendo garante de la libertad de conciencia, el laicismo sostiene la absoluta necesidad de separar la institucionalidad del Estado de toda iniciativa que procure o promueva la particularización del ejercicio de sus atribuciones y de sus instituciones para el beneficio ideológico, proselitista o material de una o más organizaciones en particular, sean ellas religiosas o no.
Tercero, la manifestación privada y pública de los símbolos religiosos no está en entredicho. Lo que el laicismo postula es que los símbolos representativos de particularismos de todo tipo, sean religiosos, raciales, ideológicos u otros, deben permanecer excluidos de la institucionalidad estatal, incluida la educación pública, pues ésta constituye el espacio reservado al ejercicio y la expresión de la ciudadanía en general, que debe permanecer ajena a la influencia de cualquier particularismo.
Cuarto, el laicismo no promueve la eliminación de la enseñanza de doctrinas religiosas en instituciones educacionales privadas, cuya actividad sea financiada con recursos también privados, en la medida que cumplan con las leyes vigentes, las que en ningún caso pueden consistir en la prohibición de la enseñanza de doctrinas religiosas.
Por cierto que, en todo caso, el laicismo promueve liberar a la educación pública, que es financiada por las contribuciones generales de los ciudadanos, de la ideologización religiosa particularista. Esto no excluye que la educación pública considere la instrucción en el conocimiento del fenómeno religioso en la formación de los escolares, en una forma alejada, en todo caso, del adoctrinamiento religioso.
Quinto. El ahorcamiento financiero de las iniciativas religiosas por parte del Estado tendría que entenderse como la prohibición del ejercicio mercantil que realizan las entidades religiosas, por ejemplo en la enseñanza privada, o el impedimento de acceder al crédito de los bancos por parte de las instituciones religiosas.
Nada más lejos de las intenciones laicistas que tratar con un rasero diferente a las organizaciones religiosas en relación con el resto de las empresas o instituciones de la sociedad.
Lo que el laicismo promueve es, en todo caso, la supresión de las subvenciones del Estado y de los beneficios tributarios de que goza especialmente la Iglesia Católica, gracias a su poder de influencia histórica, en la institucionalidad pública chilena. Los recursos generales aportados por los ciudadanos al erario público no deben servir para alimentar el proselitismo de organizaciones representativas de ideologías y creencias particulares.
Como se puede apreciar, el texto de Gonzalo Rojas en El Mercurio tergiversa los auténticos objetivos laicistas, y esconde sus intenciones, pretendiendo hacer creer que el laicismo persigue a la religión, le impide manifestarse, le prohíbe enseñar sus doctrinas y la ahorca financieramente, siendo que, lo que en verdad el señor Rojas está promoviendo es que la institucionalidad del Estado, incluida la educación pública para niños y jóvenes, continúe abierta a la presencia y manifestación del proselitismo religioso, y que los recursos del Estado continúen fluyendo a las arcas de su Iglesia. Y a esto, el laicismo le dice claramente que no.
Afortunadamente, cada vez son más los ciudadanos, incluyendo creyentes religiosos, que se alejan de la visión de los magisterios eclesiásticos respecto de la participación pública de las religiones, y propician un Estado laico, que garantice la expresión social de la libertad de pensamiento y espiritual de creyentes y no creyentes, y que sea, al mismo tiempo, propulsor de una institucionalidad pública desprovista de toda influencia privilegiada de comunidades de fe o de culto.
Entretanto, continuamos en la espera de que se anuncien consideraciones sobre el Estado laico en los programas de las candidaturas presidenciales.
SUMARIO
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