La renovación del Concordato firmado con el Vaticano en 1953, en plena dictadura franquista, dio a luz unos nuevos Acuerdos en 1979, a través de los cuales la Conferencia Episcopal blindó sus privilegios económicos, en claro alarde de ilegitimidad democrática y talante preconstitucional.
A partir del nuevo Concordato de 1979, la Iglesia Católica evaluaba su necesidad de financiación adicional (la que no recaudaba directamente) en 20.500 millones de Ptas. y previó que lo podría recaudar del 0,5% del IRPF de cada contribuyente que marcara la casilla correspondiente. Asimismo se preveía un adelanto, mes a mes, de los Presupuestos Generales del Estado, a cuenta de dicha recaudación, que iría disminuyendo paulatinamente, pues existía el compromiso escrito de autofinanciarse en el plazo de tres años.
Con el paso de los años, los contribuyentes a la Iglesia han ido disminuyendo (del 42% al 32%) y los Presupuestos han ido adelantando mucho más dinero del que correspondía por la recaudación efectiva. Así, puede estimarse que la Iglesia Católica se ha embolsado, desde 1992, cerca de 300 Millones de euros (50.000 millones de pesetas) de todos los españoles.
Este comportamiento puramente confesional por parte del Estado es claramente contrario a la Constitución, antidemocrático y, por supuesto, vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.
Para completar este panorama fiscal, en virtud del Concordato, gozan de exención total y permanente "la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas" respecto de los impuestos de bienes inmuebles (la Iglesia Católica posee una cantidad de bienes inmuebles superior al propio Estado), IVA, IRPF, Patrimonio y demás figuras impositivas. Baste como botón de muestra señalar que al no contribuir al IRPF ni a la Seguridad Social los sacerdotes, clérigos y monjas, todos los españoles, seamos católicos o no debemos hacernos cargo de las pensiones de jubilación y de sus prestaciones de la Seguridad Social.
Por lo tanto, si añadimos las cantidades recibidas para sus instituciones de enseñanza y para el pago de sus 30.000 ¿"profesores"? de religión, la Conferencia Episcopal recibe más de 3.600 millones de euros anuales (600.000 millones de Ptas.). Todo ello sin contar con las correspondientes exenciones y los privilegios obtenidos de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. En definitiva, unos ingresos incalculables, difícilmente cuantificables.
Resulta paradójico que mientras a la "pobre" Iglesia Católica le tenemos que sufragar sus gastos corrientes (sueldos, mantenimiento) todos los españoles, mantenga e invierta en Bolsa cuantiosas cantidades en multinacionales y paraísos fiscales, a través de su sociedad de inversiones Umasges, o en sociedades de dudoso prestigio como Gescartera, donde afloraron inversiones eclesiásticas por valor de 2.500 millones de Ptas.
Por último, cabe mencionar la dudosa constitucionalidad de una práctica como tener que marcar una casilla a favor de la Iglesia Católica en la declaración del IRPF. Si nadie puede "ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" (artículo 16.2 de la Constitución), ninguna persona puede ser obligada a significarse a favor de una confesión religiosa en un documento público, como es la declaración del IRPF.
Por todo lo expuesto, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, de acuerdo con el Principio de separación Iglesia-Estado y los criterios de aconfesionalidad de éste, libertad ideológica (de creencias) e igualdad de todos los españoles ante la ley, establecidos en la Constitución, solicitamos a todos los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid que:
- No marquen la casilla correspondiente a la Iglesia Católica en su declaración de IRPF, ejercicio 2005.
- Exijan la desaparición de dicha casilla, para los ejercicios posteriores, porque implica declarar sobre su ideología, religión o creencias, en clara contradicción con lo establecido en la Constitución.
- Exijan la autofinanciación de la Iglesia Católica y de las demás organizaciones religiosas. Son los fieles de cada confesión los que deben mantener, con sus aportaciones, la actividad y necesidades de las diferentes Iglesias.
- Exijan la devolución de los 300 millones de euros apropiados ilegítimamente por la Iglesia Católica, recaudados forzosamente del bolsillo de todos los españoles, y perdonados por el Estado, en clara vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad.
- Exijan la derogación del Concordato de 1979 por ser el principal instrumento de desnaturalización de los preceptos constitucionales de aconfesionalidad del Estado, libertad de creencias e igualdad de todos los españoles ante la ley.
