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Informe sobre el estado de la laicidad Alternativa Laica 2010

Alternativa Laica presenta el Informe sobre el estado de la laicidad en un acto que llenó Benacazón.

El avance de la laicidad es imprescindible como garantía de pluralismo, convivencia y democracia.

El informe trata de realizar un recorrido sobre el estado de la laicidad, a lo largo del año 2010 con la pretensión de analizar aquellos acontecimientos destacados que han supuesto avances en la materia y reflexionar sobre aquellos otros que mantienen su pertinaz actualidad fruto, precisamente, del inmovilismo del  Estado o de las jerarquías religiosas.

Durante este año la presión sobre el Gobierno y el Parlamento se ha intensificado especialmente  en torno a la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, tema que se trata en profundidad en el informe, y que venía precedida de otras presiones no menos intensas, sobre los contenidos del sistema educativo, los avances biomédicos, o los modelos de familia.

De igual forma, el anuncio por parte del Gobierno de la retirada definitiva del calendario legislativo del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa, cuyos contenidos, si bien  imprecisos, pretendían regular, entre otras cosas, el uso de símbolos religiosos en los espacios públicos y una nueva y más equilibrada relación del Estado con las confesiones religiosas, parece responder a las mismas presiones de la jerarquía católica y supone una ominosa claudicación del Estado ofrecida con ocasión de la visita del Papa a Santiago y Barcelona en noviembre pasado.

Por otra parte, y a pesar del precepto constitucional sobre el carácter no estatal de ninguna confesión, continúa por parte del Estado la financiación a la iglesia católica, en virtud de los acuerdos con el Vaticano. Además de los privilegios de la iglesia relativos a su ingente patrimonio, el acuerdo sobre recaudación del 0,7 del IRPF consolida y mejora año tras año un modelo de financiación dependiente de los fondos públicos.

Se pone de manifiesto como los poderes públicos confunden la obligación constitucional de colaboración con las confesiones religiosas con el mantenimiento de  importantes privilegios.

Contribuye a complicar más aún el escenario la pervivencia de usos, costumbres y mal llamadas tradiciones en las que la supeditación del poder civil al religioso es tan patente como ilegal. Los incorrectamente llamados funerales de Estado, la bendición de la bandera o de edificios públicos inaugurables, la existencia de símbolos religiosos en ayuntamientos, juzgados, escuelas o dependencias de la universidad, la anacrónica permanencia de advocaciones religiosas en los estamentos profesionales  y un largo etcétera sólo buscan la perdurabilidad del poder religioso sobre la soberanía de las instituciones civiles so pretexto de las “tradiciones”.

Lo más  controvertido desde el punto de vista social a lo largo del 2010 ha sido quizás la polémica en torno al uso del velo islámico, o de algunas manifestaciones integristas del mismo, como el burka o el niqab, que han motivado diferentes actuaciones prohibicionistas de algunas instituciones, especialmente ayuntamientos.

 Pero igualmente, el traslado del debate al ámbito educativo en alguna comunidad autónoma con actuaciones polémicas que cuestionaban el derecho a la educación de las jóvenes.

En el ámbito regional y local continúan siendo  preocupantes las prácticas institucionales equívocas del Gobierno Regional y el Ayuntamiento que actúan con gran condescendencia para con los representantes de la iglesia católica y que con la excusa de las tradiciones populares, participan en actuaciones protocolarias en las que se somete permanentemente el poder civil al religioso. La participación  en el Corpus, el juramento de la Inmaculada o la presencia de representantes políticos en numerosos actos litúrgicos ponen de manifiesto la tergiversación del papel de las instituciones y vulneran la debida neutralidad de éstas en materia religiosa. Y todo ello, posiblemente, por pretendidos réditos electorales.

La Asociación Alternativa Laica, a través de este informe, pretende poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia la consecución de un marco social y jurídico  en España, con base en una concepción de la laicidad que suponga, entre otras cosas, la garantía de una convivencia plural, democrática, y respetuosa, que elimine el adoctrinamiento religioso en la escuela, suprima los privilegios económicos y sociales a cualquier confesión religiosa y evite la injerencia en los asuntos del Estado, cuyo comportamiento debe garantizar la imprescindible neutralidad en materia religiosa y la igualdad de trato para toda la ciudadanía, pues es ésta la que con sus comportamientos sociales y sus nuevos valores va inexorablemente por delante, en una sociedad cada vez más secularizada, menos practicante en lo religioso y más tolerante en los hábitos y modelos de convivencia en igualdad, así como en el reconocimiento de los derechos civiles de todos y todas.

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