Informe en la ONU sobre el laicismo en Argentina

CAEL presentó un informe al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre la situación del laicismo en Argentina

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), participó del Examen Periódico Universal de la Argentina correspondiente al período 2008-2011 a través de un informe «sombra», como organización de la sociedad civil. La información que las organizaciones presentan es tenida en cuenta a la hora de examinar la situación de DDHH en los países examinados.

El lunes 22 de octubre, en Ginebra, se llevó a cabo el Examen Periódico Universal de la Argentina correspondiente al período 2008-2011, en el ámbito del Consejo de DDHH. En el mismo, un estado es examinado por los demás, recibe comentarios, defiende sus logros y se plantean recomendaciones, entre otras acciones. En el caso de Argentina, se reconocieron los esfuerzos del Estado argentino en relación a crímenes de lesa humanidad y los avances en el ámbito de la discriminación. Las deudas pendientes que más claramente se plantearons son la garantía de los derechos de las mujeres, en particular, del acceso al aborto en condiciones seguras para afrontar la elevada mortalidad materna, los derechos de pueblos indígenas y la situación en las cárceles.

Algunas de estas cuestiones coinciden claramente con lo planteado por CAEL en el «informe sombra» presentado a la Oficina de la Alta Comisionada en DDHH de la ONU. Allí se destaca que “Si bien en los últimos diez años la jerarquía de la iglesia católica ha visto reducida su cuota de poder —o al menos los discursos más reaccionarios han sido deslegitimados ante buena parte de la ciudadanía—, aún conserva una importante cuota de poder político. Esto se ha observado durante los debates mediáticos y legislativos de diferentes temáticas sociales, como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, las técnicas de reproducción humana asistida, etc”.

Por otro lado, el informe de CAEL también hace mención de las deudas en materia de educación sexual integral, fuertemente resistida por la iglesia católica, y en el establecimiento de un estado verdaderamente laico que respete la libertad de conciencia de todas y todos sus habitantes.

El informe deja en claro que la búsqueda de un estado laico se trata de una cuestión de DDHH, no sólo porque están en juego libertades y garantías fundamentales, como la de libertad de conciencia, sino porque la injerencia del lobby de la iglesia católica —y de otras instituciones religiosas— atenta contra otros tantos derechos humanos de rango constitucional, garantizados además por las convenciones y pactos internacionales, como el derecho a la educación, la salud, el respeto a la autonomía personal, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, entre otros.

Si bien no corresponden al período en cuestión sino que son hechos recientes, basta como ejemplo lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas en torno al establecimiento de un protocolo de abortos no punibles. El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, estableció por resolución de su entonces ministro de Salud un protocolo de atención de abortos no punibles abiertamente contrario al espíritu del fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Semanas después la Legislatura de la Ciudad estableció por ley un nuevo protocolo, y durante el debate varias diputadas y diputados utilizaron argumentos religiosos para justificar su voto en contra, entre los que se destaca el diputado Sergio Bergman.

Cuando la diputada María José Lubertino, militante por el aborto legal, publicó en Twitter la frase “saquen sus rosarios y kipás de nuestro ovarios”, retomando una histórica consigna del movimiento de mujeres que lucha por terminar con la injerencia religiosa en sus derechos sexuales y reproductivos, el bloque PRO reaccionó encendidamente y extorsionó al resto del cuerpo para sancionar a la diputada, en lo que constituye una abierta violación a sus fueros.

Días después, el Jefe de Gobierno hizo público el hecho de que una mujer abortaría en el Hospital Ramos Mejía bajo el protocolo establecido por resolución, lo que dio lugar a la injerencia de terceras personas por medio de acciones judiciales que frenaron ilegítimamente la intervención, gracias a la jueza Rustán de Estrada y un fallo vergonzoso basado en los mismos fundamentos que los grupos religiosos “pro vida”. Además, los grupos fundamentalistas hostigaron a la mujer que se iba a someter a la intervención –quien había sido víctima de las redes de trata- a instancias del capellán del hospital Ramos Mejía que filtró sus datos personales.

Más grave aún, el día de ayer el Jefe de Gobierno vetó la ley sancionada por la Legislatura cediendo al lobby religioso, y con fundamentos vergonzosos que muestran un profundo desconocimiento de la materia, o bien mala fe lisa y llana.

Este relato de un hecho puntual muestra la persecución de las ideas laicistas, la confusión entre las competencias de los funcionarios religiosos y de un estado laico, la intromisión oculta del lobby religioso en la estructura del estado, así como la intromisión explícita y “legal” de funcionarios de la iglesia católica en el sistema estatal. Todos estos elementos configuraron una situación en donde se violaron abiertamente derechos básicos de la mujer víctima, se afectaron los fueros de una diputada y, finalmente, los de todas las mujeres que se ven amenazadas por la vigencia de un protocolo inconstitucional e ilegal.

Basta con esto para dejar en claro la importancia que la búsqueda de un Estado Laico tiene para los derechos de todas las personas, y por eso es que hicimos llegar nuestro informe a la oficina de la Alta Comisionada en DDHH.

La participación de la sociedad civil en estos procesos es muy importante, porque aporta a la comunidad internacional insumos, información y puntos de vista que de otra manera son de difícil obtención. Como Coalición Argentina por un Estado Laico celebramos haber participado de este proceso con una perspectiva transversal que involucra los derechos de todas las personas.

El informe completo de CAEL en el archivo adjunto o en la web de la Oficina de la Alta Comisionada en DDHH

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