Incursión política de iglesias evangélicas en América Latina

La oposición, tanto de las iglesias protestantes como de la católica, al pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, corresponde en definitiva a una mirada basada en la supuesta existencia de un orden moral universal, que históricamente ha visto con recelo el disfrute pleno de la sexualidad, constriñéndolo a los márgenes del matrimonio heterosexual y principalmente con fines reproductivos. En esta ética, la mujer sigue siendo considerada como causa de pecado y tentación.

Hace algunas semanas, en medio del enrevesado panorama político del país, surgió una noticia que, pese a su significación, no produjo mayor impacto: ciertas iglesias evangélicas han tomado la decisión de postular a miembros de sus distintas denominaciones como candidatos a diputados en las próximas elecciones parlamentarias, con la específica finalidad de oponerse a la agenda valórica del gobierno de la Nueva Mayoría.

La “defensa de la familia” (oposición a la ley de divorcio y al matrimonio homosexual), el rechazo a la “transigencia” frente a las demandas sociales por derechos sexuales y reproductivos, y la actual discusión legislativa sobre despenalización del aborto en causales específicas, son las principales motivaciones que esgrimen los obispos evangélicos para ordenar a los miembros de sus iglesias a restar en adelante su apoyo a los políticos que han sustentado la agenda de sexualidad, género y reproducción, y optar por candidatos propios, que les aseguren incorporar en el Parlamento las posiciones doctrinales de su fe religiosa.

Principio de separación
Esta determinación contradice el principio de separación entre las iglesias (cualquiera que sea) y el Estado chileno, que, aun en su ambigüedad, debe propender a la abstención del Estado en aspectos referidos a temas de interés religioso. La orientación “cívica” a la que se pretende inducir al pueblo evangélico, es atentatoria contra el derecho fundamental de libertad de conciencia, vulnera el derecho de todo ciudadano a decidir libremente en política y, claramente, no está orientada al interés común.

Responde a una mirada de interés particular que pretende monopolizar el Estado y constreñir la riqueza del debate democrático, con hipotéticos legisladores que, sin ostentar una representación pluralista en beneficio del interés público – al no ser electos por la diversidad del pueblo o nación -, se moverían más bien por el afán de pactar o concertarse con parlamentarios alineados con otras iglesias – la católica en particular -, a fin de dirimir los temas valóricos en discusión dentro de la sociedad desde una óptica confesional y no desde una ética laica y de inspiración humanista.
Se trata de retrotraer el Estado a la concepción conservadora de que la moral de los chilenos debe estructurarse sobre “valores cristianos”, dejando de lado la vieja reivindicación protestante por neutralidad religiosa del Estado, a la que recurriera por décadas ante los evidentes privilegios – capellanías de las fuerzas armadas, liberación de impuestos, fiestas religiosas con carácter nacional y otros – dispensados por distintos gobiernos a la iglesia católica.

De igual modo, se hace omisión del hecho que, esta anunciada incursión política, excede ampliamente las garantías constitucionales que permiten el libre ejercicio de los cultos y la libertad de difusión de sus ritos. La libertad religiosa establecida reconoce el derecho de las personas, individual o colectivamente, a practicar la religión que cada cual profese, de manera pública o privada, y de las iglesias, a impartir enseñanza e información de acuerdo a sus doctrinas, pero nada las autoriza a buscar recolonizar la esfera pública, haciendo uso de las estructuras del Estado para intentar implantar políticas y valores que van a incidir sobre el conjunto de la sociedad.

Los conocidos argumentos empleados por las iglesias cristianas en general, satanizando los urgentes requerimientos que surgen de la sociedad, como la interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones, los derechos maritales de parejas del mismo sexo, la anticoncepción de emergencia, la investigación con células madres y tantos otros, se basan en la pretensión de ser poseedoras de una verdad revelada y depositarias por tanto de la moral que ésta implica, extendiendo al conjunto de la sociedad, creyentes y no creyentes, códigos doctrinarios que establecen lo “bueno” y lo “malo” en el comportamiento humano.

En el ámbito de sociedades progresivamente secularizadas, este afán de las iglesias de entrar al debate teniendo como punto de vista inicial la fe y los valores tradicionales, impiden un diálogo —tan deseable como necesario en toda sociedad pluralista—, que procure alcanzar acuerdos con argumentos racionales, intelectuales o científicos.

Estereotipos
La imagen del varón y de la mujer que proponen las iglesias cristianas son estereotipos heterosexuales por naturaleza, asépticos y atemporales, que no dan cuenta de realidades de violencia de género, maltrato infantil o extrema pobreza, que afectan principalmente a mujeres, adolescentes, niñas y niños, ancianos y personas discapacitadas.

Pese a su notorio crecimiento en ambientes de marginación y exclusión social, con presencia en cárceles y poblaciones, la predicación evangélica no llega a hacerse cargo de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos, de las mujeres ni de los homosexuales, ni acoge el drama de niñas embarazadas contra su voluntad, forzadas a la maternidad adolescente o infantil. Los derechos humanos son atributos de la persona humana y no pueden ser restringidos ni por las leyes de un país ni por los preceptos de una religión.

La oposición, tanto de las iglesias protestantes como de la católica, al pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, corresponde en definitiva a una mirada basada en la supuesta existencia de un orden moral universal, que históricamente ha visto con recelo el disfrute pleno de la sexualidad, constriñéndolo a los márgenes del matrimonio heterosexual y principalmente con fines reproductivos. En esta ética, la mujer sigue siendo considerada como causa de pecado y tentación.

Esta razón es la que ha motivado permanentemente a las iglesias a reprobar también los intentos de algunos gobiernos de ampliar los alcances de la educación sexual en los colegios, temerosas de una comprensión madura y objetiva de los jóvenes respecto a temáticas referidas al aborto, igualdad de género, planificación familiar, orientación sexual, etc.

Es obvio que no habrá una sociedad verdaderamente pluralista mientras se persista en imponer un código moral único. Una ética cívica, como se ha puntualizado tantas veces en nuestra Revista, que pueda establecer amplias garantías respecto a la libertad de conciencia y los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación, necesariamente debe ser laica, es decir, con las condiciones esenciales para la convivencia de todas las culturas y formas de pensar presentes en la sociedad, y por lo tanto, “no religiosa, no confesional, no clerical”, como bien resume Norberto Bobbio. Lo cual no implica que sea antirreligiosa.

El auge del protestantismo en América Latina
La decisión del movimiento evangélico de constituirse en actor político en Chile, es parte de una ofensiva a nivel continental, que responde al considerable crecimiento experimentado por distintas denominaciones protestantes en Latinoamérica después de los años 90. La influencia social que fueron adquiriendo, afirmándose en prédicas atractivas para sectores modestos y de bajo nivel de instrucción, como “riqueza y salud en la tierra como evidencia externa del favor de Dios”, se fortaleció también con el éxodo masivo de fieles católicos que progresivamente dejaron su iglesia.

Este auge que hoy exhiben las iglesias evangélicas no es casual, y se asienta en la historia corta de nuestros países de habla hispana. El crecimiento, tanto en la adhesión popular como en su potencial económico, se comienza a gestar desde los años 70 y 80, período que mostró el mayor compromiso de importantes sectores de la iglesia católica latinoamericana – distanciados del poder vaticano – , con un movimiento religioso popular en lucha contra la desigualdad social y la pobreza endémica, sobre todo en países como El Salvador, Haití, Brasil, Guatemala y Nicaragua, y que apoyados en argumentos teológicos y religiosos, asumían como legítima la alternativa de la lucha armada y la experiencia de la revolución cubana.

Sin embargo, tal compromiso con la liberación de los más pobres exigía poner en riesgo la vida propia y la de sus familias, razón probablemente por la que los activistas católicos tuvieron menos éxito en atraer a sectores campesinos, asistencialmente necesitados y mayoritariamente analfabetos, que los grupos evangélicos, a cuyas iglesias – orientadas principalmente al mensaje espiritual o francamente simpatizantes de los gobiernos militares – empezaron a emigrar quizás en busca de refugio. Una suerte contraria iban a experimentar las diócesis católicas más comprometidas, las que fueron focalizadas como subversivas por las fuerzas armadas, recibiendo represión muchas veces con grados inhumanos de ferocidad, lo que mermó por mucho tiempo su capacidad de atención pastoral.

Ya en 1980, diversos informes de seguridad estadounidense habían alertado del peligro de una iglesia católica radicalizada en Latinoamérica. Uno de ellos, el primer Documento de Santa Fe – documentos periódicos de análisis estratégico sobre las relaciones de EE.UU. con América Latina, elaborado por el sector ultraconservador republicano para los presidentes de ese partido – dirigido a Ronald Reagan, conceptualizaba como “agente desestabilizador” a la iglesia católica comprometida políticamente a favor de los sectores sociales más postergados, calificando a los evangélicos en cambio como “aliados de EE. UU.”. En consecuencia, se recomendaba la ayuda a las congregaciones protestantes en su disputa por el poder, reemplazando a la iglesia católica en el seno de las élites gobernantes tradicionales. A partir de allí, varias agencias paraeclesiales movilizaron recursos bajo el lema de “ayuda a los cristianos que en otros países luchan por la democracia y la libertad religiosa”.

De esa manera, una de las más importantes iglesias protestantes estadounidenses, como es la Iglesia Metodista Unida (United Methodist Church), brindó generoso apoyo a congregaciones evangélicas que empatizaban con los regímenes militares de Guatemala y El Salvador, proclives además a las políticas intervencionistas de EE. UU. La colaboración recibida de las dictaduras militares latinoamericanas fue el inicio de un proceso de acercamiento al poder y de influencia ideológica de esas congregaciones en asuntos de Estado. Centroamérica, la subregión que más fuertemente sufrió el conflicto armado, es donde más ha crecido el protestantismo en desmedro del catolicismo. En 1996, el 54% de los guatemaltecos se reconocía católico, contra un 25% que se decía evangélico, situación que varió el 2013 a un 47% para los primeros versus un 40% de seguidores protestantes. De igual modo, en El Salvador, las cifras hablan de un incremento de evangélicos desde el 16% en 1988, a más del 38% en la actualidad.

El crecimiento evangélico también ha sido ostensible en el último cuarto de siglo en Brasil, con una decidida participación política de fieles y pastores, lo que les ha permitido conformar en el Congreso una poderosa bancada evangélica, con parlamentarios de distintos partidos, en un país que es oficialmente laico. Ellos, haciendo alianza con congresistas católicos, se han opuesto inflexiblemente a iniciativas referentes a derechos sexuales y reproductivos, a la eutanasia y al matrimonio de personas del mismo sexo, poniendo trabas para sancionar la discriminación en contra de las minorías sexuales. Este frente evangélico fue decisivo además en la decisión de suspender de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff —que terminaría finalmente en su destitución—, haciendo mención explícitamente a sus decisiones de gobierno “contrarias a los valores cristianos”, específicamente al reconocimiento civil de uniones homosexuales, a la aprobación de distribución de una píldora anticonceptiva de emergencia y a un enfoque “liberal” —no confesional— en las escuelas.

Crecimiento en Chile
En julio de 1975, la mayoría de los pastores nacionales, reunidos bajo la denominación Consejo de Pastores, firmaron la “Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena”, que había sido leída en diciembre de 1974, en uno de los altisonantes actos que solía organizar la Junta de gobierno en el edificio Diego Portales. Allí agradecieron a Pinochet tanto por haber sido invitados —es decir reconocidos, frente a la discriminación histórica—, como por haber “liberado a Chile”, circunstancia que era “la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión”.

Días después, con la totalidad de los miembros de la Junta Militar presentes, se celebró la inauguración del templo de la primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la más representativa del Consejo de Pastores. Casi simultáneamente, se expulsaba de Chile a Helmut Frenz, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana y copresidente del Comité Pro Paz, reconocido internacionalmente por su labor solidaria con los perseguidos políticos y defensor de los derechos humanos.

La incondicional aquiescencia brindada por los pastores al golpe militar y en particular a la figura de Pinochet, comienza a enfriarse en los primeros años de los 80, por los inocultables crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen y por la profunda crisis económica que afectó al país, frustrados además por la irrenunciable fidelidad mariana de las fuerzas armadas. Ambas partes, sin embargo, habían ganado algo. La legitimación religiosa que dieron los evangélicos al régimen, sustitutiva de la bendición católica, les permitió obtener una importante oficina para el funcionamiento del Consejo de Pastores al interior del edificio Diego Portales (entonces sede de gobierno), en la que, entre otras materias, se regulaba el trato protocolar entre las altas autoridades del régimen y las iglesias.

Pero además, se les otorgó la exención de impuestos municipales para la construcción de templos, lo que les permitió su expansión territorial, y la inclusión de dos horas semanales de clases de religión en los establecimientos educacionales, incluidos estatales, municipales y privados no confesionales, con la opción de seleccionar un credo determinado, según la orientación del alumno o la familia. También, producto de esta colaboración entre el gobierno castrense y las iglesias evangélicas, varias de éstas denominaciones obtuvieron licencias para adquirir emisoras en el rango de amplitud modulada, con las que cumplen hasta ahora el rol de radios comunitarias dirigidas a un público objetivo conformado por sectores modestos, clientelismo sobre el cual buscan difundir su creencia. Este recurso ha sido utilizado igualmente por la iglesia católica.

Sin embargo, la era de los grandes negocios llegaría también al protestantismo, de la mano de animadores protestantes de la televisión estadounidense que, con categoría de “estrellas”, revolucionaron las prácticas evangelizadoras a través de coloridos shows orientados a la alabanza y conversión, logrando maximizar las audiencias con técnicas de marketing y el uso de radio, televisión y comunicación satelital. Esto tuvo una pronta réplica en Latinoamérica, con predicadores que, al estilo de Billy Graham o Jimmy Swaggart, desarrollaron proyectos con sabor local, principalmente en México y Centroamérica.

La situación de las iglesias en Chile se ve también plena de buenos augurios, no sólo por la cantidad de seguidores (cercanos ya al 20% de la población), sino por la cantidad de recursos de que disponen. Algunas de ellas son inversionistas en la Bolsa de Valores, intentaron comprar la desaparecida Universidad del Mar, se manejan hábilmente en el mercado inmobiliario, contando con gran cantidad de propiedades, utilizadas no solo como templos, sino también como colegios y hogares de asistencia, siendo beneficiarios además de la facultad del SERVIU de hacer transferencia gratuita de inmuebles de su propiedad, en cuanto corporaciones de derecho público.

El factor brasileño
El éxito más resonante, no obstante, lo alcanzó la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Brasil, que en poco más de diez años llegó a constituirse en la más grande de las iglesias metodistas. Su proselitismo se basó en campañas masivas apoyadas en los medios de comunicación, obteniendo réditos que le permitirían a su líder y fundador, Edir Macedo, cuestionado predicador, clasificado por Forbes como una de las más grandes fortunas de Brasil, comprar la cadena de televisión TV Record, hoy la segunda más importante de ese país.

El éxito de audiencias de esta red se basa en una programación en general de bajo nivel cultural, donde se ejemplifica la “entrega a Dios” a través del testimonio de personas comunes que donan sus bienes materiales —incluso sus propias viviendas— a “la Iglesia”, obteniendo a cambio talismanes y promesas de curación o de una consecuente prosperidad terrenal.

Esta Iglesia – conocida asimismo como “Pare de Sufrir” -, puesta en entredicho por la mayoría de las otras congregaciones evangélicas, ha experimentado un importante crecimiento también en Chile, razón por la que ha decidido la construcción de una gran catedral en Santiago, con una inversión de más de US$ 6 millones, proyecto que incluye una gran ofensiva de radio y televisión. Esta cifra es insignificante, sin embargo, con la inversión realizada en Río de Janeiro, donde se construyó una fastuosa réplica del templo del rey Salomón, que opera como sede mundial de la Iglesia.

La recaudación de dinero se explica por un mercantilismo agresivo, cuyo eje central lo constituyen la cadena televisiva y varias editoriales. El éxito internacional alcanzado en el último tiempo con la producción de telenovelas inspiradas en personajes bíblicos, le ha significado a Macedo multiplicar su fortuna, superando en sintonía a la red principal de Brasil, Globo, llegando a vender sus derechos en Europa, Japón y Estados Unidos.

Televisión Nacional de Chile, en medio de su crisis financiera y desconcierto editorial, parece haber encontrado en estas series un paliativo que le ha permitido recuperar parte de la audiencia perdida, a través de sucesivas producciones y la anunciada decisión de continuar con otras de la misma línea.

Se atenta así contra el rol de canal público, parte fundamental del espacio público nacional, al privilegiar una reiterada mirada religiosa en el horario de máxima sintonía, plagada de mensajes coincidentes con los eslóganes de la secta (“con fe en Dios todo se arregla”), y sin consideración alguna por la ética, o más bien, falta de ella, del negocio que se fragua tras la producción de estas telenovelas. Mirando sólo por su interés económico, TVN cierra así su pantalla, en el horario principal, a lo que debería ser una programación pluralista y orientada a la integración y auto reconocimiento de la diversidad de nuestra sociedad.

A modo de corolario podríamos concluir que separar la religión de la esfera pública debiera ser una preocupación fundamental de toda sociedad moderna. Es esta la única manera de garantizar una democracia sin exclusiones, no regida por visiones parciales que parecen no concebir una cultura política si no es bajo la tutela de las creencias religiosas.

La coexistencia de distintas éticas en la sociedad, capaces de dialogar entre sí, es la única forma de llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales como son la libertad de conciencia y la de creer o no creer en una divinidad, como la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, como la justicia y la solidaridad, respetando la autonomía de cada persona para definir sus propias normas morales.

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