El juez que ha investigado los supuestos abusos sexuales a un antiguo alumno del colegio Gaztelueta, del Opus Dei, en un caso por el que se interesó el papa Francisco, ha dictado un auto en el que imputa a un antiguo profesor del centro y remite el asunto a la Audiencia de Bizkaia para la apertura de juicio oral.
Después de haber tomado declaración a la familia de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 12 años y ahora es mayor de edad, y a los testigos, así como sobre la base de los informes periciales, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Getxo ha resuelto imputar por un delito continuado de abusos sexuales al profesor del colegio del Opus Dei, ubicado en Leioa (Bizkaia).
El juez expone en su escrito que de las diligencias instructoras practicadas “se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, imputar” al que fuera preceptor de la víctima por un delito continuado de abuso sexual, concurriendo la circunstancia de “superioridad manifiesta” respecto del menor al que vejaba.
Ahora las partes tienen unos días para recurrir ese auto y, si no lo hacen, el juez remitirá el caso al tribunal provincial para que sea juzgado. El maestro investigado podría enfrentarse a una petición de pena de hasta diez años de prisión.
Según explica a las familias del centro el director del colegio, Imanol Goyarrola, a través de su web, finalizada “la instrucción del caso contra el antiguo profesor del colegio ha decidido elevarlo a la Audiencia Provincial y abrir un juicio que determine la veracidad de los cargos”.
El director del colegio asegura que “ese hecho era relativamente previsible por la seriedad de esas acusaciones y la oportunidad de dar continuidad al proceso jurídico abierto, una vez terminada la fase de instrucción”.
Goyarrola recuerda que el colegio “siempre” ha defendido “la necesidad de poner todos los medios para llegar a la verdad de este asunto, dentro del ámbito judicial, y fuera de interferencias mediáticas”, al tiempo que reitera su “absoluta disponibilidad para colaborar con todas las instituciones pertinentes”.
La familia del menor denunció inicialmente los hechos ante las instancias educativas al considerar que el chaval estaba sufriendo acoso escolar por parte de sus compañeros y que el profesor había podido amparar esas actitudes, si bien la investigación quedó archivada provisionalmente.
El caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima explicó en varios medios los abusos que había sufrido el menor en su centro escolar y la falta de una respuesta oportuna por parte del colegio, donde “lo negaron todo, porque quieren tapar la mala imagen del centro”, reprochó entonces el padre.
Según relató, los presuntos abusos sexuales por parte del profesor, que es laico, se cometieron en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando el niño cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía 12-13 años.
Los padres del chico escribieron al papa Francisco en 2014 y le relataron los abusos sexuales que había sufrido el menor en ese colegio religioso. El papa les respondió con una tarjeta manuscrita en la que les anunciaba que había ordenado una investigación en el Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que archivó el caso tras tomar declaración a la víctima, al presunto autor de los abusos y a otros responsables del colegio.
La familia decidió no llevar el caso a los tribunales hasta que el estado anímico del joven le permitiese afrontar un proceso legal, y de esa manera esperó hasta junio del año pasado para presentar una querella en un juzgado de Getxo, cuando el chico ya era mayor de edad.
