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Impunidad sagrada. Ilustración: Vilma Vargas @vilmavargasva

Impunidad sagrada · por Sybel Martínez

Descargo de responsabilidad

Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:

El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.

El abuso sexual clerical y el silencio de la Iglesia. La historia de Ricardo

Ricardo* no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual sistemático que vivió por parte F.G. Cadena, un coadjuntor —religioso laico—  del Centro Juvenil San Patricio, de la comunidad salesiana, en 1987. Del expediente que Ricardo armó durante 36 años y que lo mantuvo en su poder hasta su muerte, al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, conocieron su denuncia de abuso sexual. A pesar de esto, el pederasta hoy sigue siendo párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

La muerte de Ricardo*, en  marzo de 2024, fue noticia porque ocurrió dentro de la Asamblea Nacional; días antes él fue visto con una carpeta pidiendo ser escuchado. Lo que llevaba en sus manos no era su hoja de vida en busca de trabajo, era su búsqueda de justicia.

Una cárcel llamada San Patricio

Ricardo* tenía trece años y seis meses cuando ingresó al Centro Juvenil San Patricio, CJSP, en agosto de 1985. Antes de eso, había vivido un año en la calle y dos meses en un albergue temporal conocido como ‘El Sótano’, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la Universidad Salesiana, en Quito. Según Ricardo, la estancia en este albergue era obligatoria como paso previo para ingresar al Centro Juvenil.

Sentir que finalmente tenía un lugar permanente para dormir, alimentarse y vivir seguro le generó muchas expectativas. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Durante el primer semestre en San Patricio, la violencia entre los internos era incluso peor a la que Ricardo había experimentado en las calles. Según sus propias palabras, “ni la seguridad de tener comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del grupo”. La violencia física era constante. Mientras que la sexualidad —un tema en permanente tensión— orillaba a los chicos a demostrar su virilidad; incluso debiendo mostrar su pene erecto al resto del grupo en múltiples ocasiones. Por supuesto, ninguna expresión de feminidad era permitida.

Varias veces Ricardo intentó escapar y volver a vivir en las calles siguiendo su propio ritmo de vida. Sin embargo, con el tiempo encontró cierta protección temporal en un grupo de amigos antiguos y nuevos, lo que le permitió sobrevivir los primeros seis meses en el internado. Al comenzar el segundo semestre, alcanzó un nuevo estatus social, al dejar de ser considerado como uno de los recién llegados, lo que le brindó  tranquilidad, al menos en algunos momentos.

Dentro del Centro Juvenil San Patricio operaba el Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”, cuyas áreas de enfoque eran la acogida temprana, la reintegración familiar y educativa, así como la formación técnica y artesanal; además de la educación religiosa, entre otros aspectos. El objetivo principal era atender a niños y adolescentes varones en situación de calle, abordando problemáticas como la callejización, el consumo inicial de sustancias psicoactivas, la explotación sexual, el maltrato, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Durante la época en la que Ricardo permaneció en San Patricio, el centro albergó entre 80 y 125 niños y adolescentes de 6 a 18 años. A pesar de ser un programa de internamiento con un enfoque especial en la protección, los internos no estaban organizados en grupos según sus edades, y carecían de un seguimiento individualizado.

Además, el Centro Juvenil San Patricio, CJSP, no contaba con suficientes profesionales a tiempo completo. Durante las noches, vacaciones o días festivos, los jóvenes quedaban bajo la supervisión de voluntarios religiosos o personas en formación sacerdotal, que eran insuficientes en número y carecían de formación especializada.

Después de pasar un año en el internado, Ricardo se adaptó a la dinámica del Centro y continúo una carrera de carpintería. Comenzó a destacar en sus estudios siendo elegido con frecuencia para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e inserción social

Llegó el tercer año de permanencia en el Centro, un período muy confuso y doloroso para Ricardo, que aunque siempre destacaba en lo académico y tenía mucho potencial, psicológicamente estaba devastado. Ricardo comenzó a ser abusado sexualmente por uno de los hermanos coadjuntores salesianos del Centro, F.G. Cadena, en principio responsable del taller de sastrería, después educador general a tiempo completo en el CJSP y hoy párroco en la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

Pederastia Clerical

Era 1987, Ricardo tenía 15 años, cuando F. G Cadena, de 32 años, comenzó a abusar de él de forma sistemática. Cadena era coadjuntor —un religioso laico, que vive en la comunidad religiosa junto con sacerdotes o diáconos salesianos— , su poder, la autoridad y la confianza, le permitían tener contacto directo y constante con todos los niños y adolescentes internos.

Ricardo narra los inicios del abuso así:

“Recuerdo que había una habitación aislada, lejos del edificio central que servía como enfermería, era un lugar al que no todos tenían acceso, que tenía seguridad y que servía para descansar o recuperarse o aislarse médicamente. No recuerdo exactamente por qué me encontraba en la enfermería pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas, en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los internos, pero empezó a acariciarme los genitales”, narra Ricardo, en una declaración, en 2018, ante el llamado “Tribunal Diocesano” en lo que la Iglesia denomina “investigación previa” conformado por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario Roque Gavilanes.

Un día Cadena invitó a Ricardo a su habitación a pretexto de mostrarle algo; pese a que era prohibido hacerlo, se las ideó para ingresar con él a su dormitorio, ahí le dio un libro y mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, Cadena, abusó sexualmente de él. Esta dinámica se mantuvo a diario y se convirtió casi en un ritual. Incluso por las noches Cadena obligaba a Ricardo a cruzarse por el muro del tercer piso para ir a su habitación, un par de ocasiones fue encontrado saliendo del cuarto del coadjuntor, por sus compañeros de internado.

A cambio del abuso sistemático, cuando el grupo estaba a cargo de Cadena, Ricardo era “recompensado” con dotaciones extras de comida, exoneraciones de trabajos, de castigos o de tareas forzadas.

El abuso duró casi seis meses y esto generó que Ricardo abandone San Patricio sin terminar el programa. En un certificado de 1989, el director del Centro Juvenil San Patricio, de ese entonces, padre Jaime Calero, dice que Ricardo se retiró “por circunstancias personales”. Pero en realidad la razón fue que Ricardo prefirió volver a las calles, antes que seguir viviendo el abuso del cual era objeto.

Cadena, al poco tiempo, también, salió del Centro Juvenil y fue a trabajar como docente en el Colegio Técnico Don Bosco de La Tola, de Quito. Allí fue donde él y Ricardo se volvieron a encontrar. Cadena no desaprovechó la oportunidad para proponer a su víctima seguir “manteniendo contacto”. Ricardo, esta vez, libre de sometimientos, encierros y ataduras, se negó rotundamente, poniendo un alto a su agresor y al abuso, aunque, en ese momento, no fue capaz de denunciarlo.

“yo me limité a evadir lo más que pude, pero no fui capaz de denunciar, ya que eso al interior de mis compañeros hubiese significado la burla permanente e incluso el aislamiento entre otras cosas. Creo que pesó mucho las consecuencias que se darían de una denuncia que el mismo hecho del abuso. Esto hizo que termine viviendo el abuso incluso como una situación normal.” dice Ricardo, en una carta enviada al inspector salesiano, años después.

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Denunciado al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano

Ricardo necesitó dieciséis años para poder hablar y denunciar el abuso sistemático al que fue sometido por F. G. Cadena, en el Centro Juvenil San Patricio.  Su primer intento de dar a conocer lo vivido es una carta enviada al Padre Franciso Sánchez, inspector de la comunidad  Salesiana, el 20 de abril del 2003. 

“Después de una fuerte reflexión de cuaresma, me he sentado a escribir y expresar lo que estoy viviendo. Soy un ex-alumno del Centro Juvenil San Patricio (Cumbayá “SP”), estuve en el centro desde el 10 de agosto de 1985 hasta el 15 de noviembre de 1988*, durante los tres años y tres meses viví muchas cosas y situaciones” inicia la carta de cinco páginas donde narra la violencia vivida en el Centro y el abuso sexual por parte de Cadena.

“Hace unos años me negaba a creer que la sexualidad es importante en la vida misma, me negaba como forma de no reconocer que he sido violentado y abusado en mi corta edad, la negación como forma misma del miedo y de la incapacidad de superar momentos tan dolorosos para mí (…) una forma de afrontar es tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo hoy.” narra Ricardo.

La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, fue una llamada telefónica donde le dijo que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad Salesiana y que no era sacerdote sino un laico religioso. Esto para deslindar a los salesianos de toda responsabilidad de cara a este acto abominable.

Dos meses después, el 2 de junio del 2003, el abusador Cadena remite un correo a Ricardo donde le dice:

“yo no sé qué le impulsó hacerme daño de esta manera en contra de mi persona, por lo que le pido de por favor retire esa documentación pidiendo disculpas en vista que la comunidad salesiana no tiene que ver nada en este asunto. Hace algunos años atrás que me retiré de los salesianos, por lo tanto, ya no soy miembro de esa comunidad. Y nunca en mi vida he pasado por estos casos engorrosos de leguleyos de los cuales usted menciona”.

Que el agresor tome contacto con la víctima de violencia para recriminarle por su denuncia es una forma de amedrentamiento, una forma de buscar silenciarlo. Ricardo se sintió presionado y  por años esperó, pero los intentos de Cadena no lograron callarlo.  Así, el 23 de octubre del 2006, envió una carta abierta a la Comunidad Salesiana:

“La comunidad salesiana no puede exonerarse de responsabilidades, yo fui parte de una institución dirigida y administrada por la C. Salesiana, el abusador sexual fue miembro de la comunidad, los abusos fueron frecuentes y sistemáticos dentro de un sistema de “rehabilitación” bajo modalidad de internado, los cuales han sido y son promovidos como alternativa de educación por parte de la comunidad Salesiana. Es decir, las condiciones institucionales del internado permitieron que un abusador sexual tenga instrumentos y posibilidades que le permitieron abusar de mí sin ser detectado y sobre todo salir impune del hecho. A esa impunidad la C. Salesiana representada en la inspectoría resulta sumarse con una posición de simple lavado de manos.” dice Ricardo en la carta.

Pese a no haber obtenido respuesta en sus anteriores comunicaciones, el 4 de junio del 2018, Ricardo vuelve a enviar un correo electrónico al párroco Francisco Sánchez, inspector salesiano, con copia a varias autoridades de la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal, donde solicita una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.

“Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciado la situación de ABUSO SEXUAL a un menor por parte de un miembro de la comunidad salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años y la Comunidad Salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho, la madurez de asumir una denuncia y la oportunidad de subsanar una vida” dice el correo.

Tras 15 años de espera, esta vez Sánchez responde el correo y le otorga audiencia. Once días más tarde, Ricardo mantiene una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo Vicario de Galápagosy el padre Teófilo León, vicario de Misión, quienes solicitan a Ricardo rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento, también, de la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en ese momento, monseñor Eugenio Arellano.

Ricardo no se demoró en entregar la denuncia, la tuvo lista por años. El 15 de junio del 2018 la remitió, y en ella solicitó:

“se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones y resorciones necesarias del abuso sexual denunciado” y concluye con esta frase: “no más víctimas de abuso sexual en instituciones educativas religiosas”.

La razón por la que avocó conocimiento el vicariato de Galápagos, es porque Cadena cambió de congregación y se ordenó como sacerdote diocesano, el 6 de diciembre del 2003, es decir, ocho meses después de que Ricardo lo denunció por primera vez ante los salesianos. Cadena fungió de párroco en la Isla Floreana, luego pasó a la Isla Isabela, en la cual permaneció por mucho tiempo, hoy según una fuente reservada dentro de la iglesia, conocemos que es párroco de la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

El Vicariato Apostólico de Galápagos, el 16 de julio del 2018, mediante decreto No. 002-2018-DEVAG-CFGCP, dio inicio a la investigación previa por las acusaciones en contra de Cadena “conforme el Instructivo para el juzgamiento de causas de abuso sexual por parte de clérigos, que realicen su labor pastoral en el Ecuador, emitido en 2014, por la Conferencia Episcopal, decretando:

“ 1. Dar inicio a la investigación previa, a norma del CAN. 1717, de la actual legislación canónica.

  1. Nombrar como Delegado para esta investigación previa al presbítero Reverendo Padre LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.
  2. Nombrar como Notario al Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.”

El 14 de septiembre del 2018, Ricardo fue interrogado por este llamado “Tribunal Diocesano”, en una llamada “investigación previa” donde le realizaron ocho preguntas. Es desgarrador leer el interrogatorio, los detalles del abuso sistemático del que fue víctima, las secuelas irreversibles en su vida de esta vil agresión. Algo que salta a la vista y es de enorme preocupación es la pregunta cinco:

— ¿Sabe usted si el presbítero F. Cadena cometió otros abusos a otros menores?

— No tengo la certeza, sin embargo, después escuché muchos rumores de que así era.

Al contestar la última pregunta Ricardo es enfático en mencionar:

“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entregó una carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y lo abordó y que él es inocente.”

El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la ciudad del Vaticano, donde le da a conocer  que luego de haber mantenido una conversación personal con F.G. Cadena, este reconoció su culpa por lo que pregunta cómo proceder considerando que al momento “de cometer el delito tipificado en el Art. 6 de MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*,  no era clérigo, sino hermano Coadjuntor salesiano”.

Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019, monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, remitió a monseñor Bonilla, el oficio N. 1918/19, en el cual le hizo conocer que, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad encargada en el mundo de las sanciones disciplinarias en casos de abuso sexual, “se proclama no competente en el caso mencionado” pues solo puede juzgar delitos cometidos contra el sexto mandamiento por los clérigos (no de religiosos laicos). Dejando a criterio del Obispo las medidas a tomar, considerando que, la acción criminal conforme lo establece el Código Canónico (Can. 1362 § 1, 2) prescribe a los 5 años.

Cuatro días más tarde, monseñor Patricio Bonilla, suspende vía decreto ad tempore a Cadena, donde le impone una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio del ministerio sacerdotal. El documento dice:

“Siguiendo las instrucciones dadas, el Consejo de Misión, reunido en Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, el 12 de marzo de 2019, impuso una pena canónica de un año al Rvdo. F. Cadena, privando de todos los beneficios y del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Además, exhortándolo a reflexionar y meditar este tiempo en un retiro prolongado en la Isla Floreana. Esta pena, cuya finalidad es suscitar el deseo sincero de cambio y conversión tendrá efecto desde el momento en que P. F. Cadena, tenga conocimiento del mismo”

La pena la impone Monseñor Bonilla por ser el Vicario de Galápagos, pero al haberse cometido el delito en Quito, esta sanción debía también ser impuesta por la máxima autoridad eclesial de esta ciudad. Pese a que la pena canónica es de efecto inmediato, recién cinco años más tarde, el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024, del 31 de enero de 2024, le hace conocer a F. Cadena la revocatoria de sus facultades ministeriales, al tiempo que le recomienda que vuelva a su jurisdicción, pese a que el sacerdote ya se encontraba de vuelta en Galápagos.

Una fuente reservada, experta en derecho canónico, explica que esta acción del arzobispo de Quito. Alfredo José Espinoza, es una forma de “curarse en sano” ya que queda la duda de que esta revocatoria corresponda a la pena impuesta por monseñor Patricio Bonilla, Vicario Apostólico de Galápagos, en 2019, o si se trata de otra sanción impuesta al mismo sacerdote Cadena, años después, dado el tiempo transcurrido y la falta de justificación en el documento.

En todo caso, este decreto de revocatoria de facultades a F. Cadena, emitido por el Arzobispo de Quito consistía básicamente en: no poder celebrar misa, impartir la palabra de Dios y escuchar confesión, por un año. Siendo así, el cura Cadena, este año, 2024, debería estar privado de sus facultades ministeriales, cosa que no ha sucedido.

Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas oficialmente a la víctima. Ricardo tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco Marcelo Farfán,  el 7 de febrero del 2024,  para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año. Ricardo y el párroco Farfán se conocieron en el Centro Juvenil San Patricio, cuando este último recién iniciaba su camino al sacerdocio como estudiante de teología, a esto apeló Ricardo para lograr reunirse con él.

Entre la calle y el cielo

Ricardo fue un niño en situación de calle, un adolescente vulnerable, hijo de madre soltera, el menor de dos hermanos. A los 12 años se fue de su casa y sobrevivió en la calle, subiendo y bajando de buses interprovinciales, así conoció todo el país  y así pudo evadir, por un año, el maltrato y la negligencia parental de las que era objeto.

Durante este tiempo experimentó mucha violencia, pero nada fue comparable al abuso clerical que tuvo que soportar en el Centro Juvenil San Patricio. Allí escapar le fue imposible, el Centro era una cárcel sin barrotes, en donde el desamparo se fundía con el miedo y el silencio, creando un terreno fértil para que todo tipo de malos tratos y el abuso clerical se produjeran.

Ricardo sabía que hubo más chicos violentados sexualmente en el Centro; también, sabía que no tuvieron su misma suerte, no solo por no lograr irse de San Patricio sino por no haber podido salir de la calle, terminar el colegio y graduarse en la universidad, como él sí lo hizo.

Ricardo tenía altas capacidades y un problema de visión que no fue corregido a tiempo, lo que le causó dificultades en la escuela. Cuando era niño, no le gustaba asistir a clases porque no podía leer, lo que le costó recibir palizas no solo de su madre sino también de los empleadores de ella. Su madre era una trabajadora doméstica.

Aunque se graduó tarde, casi a los 33 años, tuvo muchos logros en el campo profesional. Fue asesor de autoridades locales, fue funcionario en la Asamblea Nacional, hasta febrero del 2024, cuando fue desvinculado.

Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F. Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró.

El 5 de marzo del 2024, Ricardo, que aún mantenía la credencial de la Asamblea Nacional por haber trabajado en la institución, pasó los filtros de seguridad, llegó hasta la terraza del Palacio Legislativo y se quitó la vida. La Asamblea Nacional emitió un escueto comunicado sobre su muerte. Pese al hermetismo de las autoridades, en redes sociales el caso se viralizó asegurando que la desesperación por encontrar trabajo llevó a esta persona, cuya identidad era desconocida, a quitarse la vida.

Alex Samaniego, funcionario de la Asamblea Nacional en su cuenta de X publicó:

“Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver desde aquella ocasión. Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un hogar que mantener”.

Sin embargo, su pareja quien lo conoció y estuvo a su lado quince años desmiente lo aseverado en redes sociales: “Siempre trabajamos y nos ha ido bien, construímos una experiencia laboral importante por lo que encontrar otra oportunidad laboral era cuestión de tiempo”.

En poder de Ricardo hallaron su teléfono y un pasamontaña. Su cuerpo fue encontrado por un trabajador del área de mantenimiento de la Asamblea alrededor de las 10:00 am. En el examen médico legal se pudo observar que el rigor mortis había durado aproximadamente de 10 a 12 horas lo que ha generado dudas en su familia debido a las diferencias entre la hora en que fue encontrado y el tiempo transcurrido desde su muerte.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Dinased, por pedido de la Asamblea Nacional, inició una investigación que no ha avanzado hasta ahora, las cámaras de seguridad son cruciales para determinar cómo y a qué hora entró, con el fin de disipar todas las dudas en este caso.

Ricardo no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico de él, que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual clerical sistemático del cual fue objeto.

La carpeta que llevaba Ricardo bajo el brazo, todos los días, pidiendo ser recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y por varios asambleístas, no era su currículum vitae. Su desesperación porque le dieran audiencia tampoco tenía que ver con un pedido laboral.

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El espíritu de cuerpo del clero y el control de las almas

Ricardo pasó veintiún años esperando por una respuesta, confiando en que el abuso sexual del cual fue objeto pesara más que las sotanas de los vicarios.

La tardía sanción clerical a F.G. Cadena, por haber abusado sistemáticamente de él y quién sabe de otros niños más, es un acto de cinismo.

La máxima pena que contempla el derecho canónico para un cura que haya violado a uno o a mil niños es reducirlo al estado laico —como si ser laico fuera un castigo— y ni esa pena le fue dada al cura Cadena, quien se mantiene como párroco en las Islas Galápagos.

Surgen muchas preguntas en este caso: ¿Por qué las autoridades eclesiásticas  tardaron tanto en responder a Ricardo y en sancionar al cura Cadena? ¿Por qué la Iglesia no denunció al agresor ante la Fiscalía? ¿Por qué se le permitió ordenarse como cura cuando 8 meses antes, Ricardo, lo denunció por pederastia clerical? Pese a que Cadena aceptó su culpa, ¿por qué sigue fungiendo como cura, con todos los riesgos que ello implica? La respuesta es evidente, porque la tolerancia hacia el delito, el silencio cómplice, el encubrimiento sistemático y la falta de colaboración con la justicia convierten a la pederastia clerical no solo en una agresión sexual individual sino en una práctica legitimada estructural e institucionalmente por la Iglesia Católica. Porque este patrón subsume a  los religiosos y los cercanos a ellos en una red de ocultamiento y protección mutua.

Por otra parte, en el “dilecto hermano en Cristo”, F.G. Cadena, no hubo acto de contrición alguno, arrepentimiento, y mucho menos un propósito de enmienda; ni siquiera cumplió la sanción canónica de un año que se le impuso. Durante la pandemia del COVID-19, allegados a Ricardo pudieron constatar que Cadena impartía la Santa Misa, vía Zoom, a los feligreses de las Islas Galápagos. Este ofensor sexual, luego de su paso por el Centro Juvenil San Patricio, dio clases en los colegios Don Bosco y Central Técnico de la ciudad de Quito, hasta que se ordenó como cura y se fue a las Islas Galápagos, donde ha sido párroco de varias parroquias.

Del expediente que Ricardo fue armando durante años y que lo mantuvo en su poder hasta el día de su muerte, fueron al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, los que conocieron del caso, y salvo al párroco Marcelo Farfán, a todos les faltó compasión, sensibilidad y humanidad no sólo para con Ricardo sino para todos aquellos niños a los que Cadena, un pederasta consumado, debió haber agredido durante todo este tiempo.

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Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional

En la historia de abuso clerical de Ricardo, a diferencia de otros casos como las víctimas de los curas César Cordero (+) o Luis Intriago y su dinámica del pecado, y otros casos más, hay algo que no podemos dejar escapar, y es que Ricardo se encargó de documentar cada una de las actuaciones de la Iglesia Católica y su afán por silenciar u ocultar lo sucedido.

En la carpeta que remitió a su pareja, hay documentos fechados, foliados y numerados; es decir, hay pruebas de la perversa actuación de la jerarquía eclesiástica, de su calculado y cómplice silencio y de su falta de amor al prójimo. Sí, porque durante 21 años intentaron desmoralizar a Ricardo, acallarlo, ganarle por cansancio, pese a su enorme sufrimiento, hasta llevarlo a un punto de quiebre.

La ridícula pena eclesial impuesta al pederasta F.G. Cadena, tras su aceptación de los hechos, no solo terminó de dar la estocada final a su víctima, sino que también dejó al descubierto, una vez más, que la Iglesia Católica está lejos de tramitar e investigar el abuso sexual clerical con debida diligencia y mucho menos de intentar poner a sus perpetradores en manos de la justicia.

Otra prueba de lo aquí afirmado es el informe intermedio de investigación defensorial emitido por la Defensoría del Pueblo, DPE, el 20 de diciembre del 2023, con el fin de conocer el estado de situación de los niños y niñas del país en materia de abuso sexual infantil. En él, mediante un oficio, la DPE consulta a la Conferencia Episcopal acerca “del registro de casos de abuso sexual infantil detectados en el ámbito religioso en el período de 2018 a junio de 2023 y respecto al número de casos denunciados a la Fiscalía”. La Conferencia Episcopal señala no contar con dicha información y solicita que la misma sea requerida a las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando el pacto de silencio e impunidad impuesto por la Iglesia Católica? La pederastia clerical no solo merece una respuesta canónica, sino también judicial y legislativa.

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Por justicia y contra el silencio

Ricardo se quitó la vida dentro de la Asamblea Nacional, fue exfuncionario de esta entidad, un hombre sensible e inteligente en búsqueda de justicia. Su caso debe ser investigado de principio a fin; su familia merece obtener respuestas.

La Iglesia Católica y su cuerpo eclesial deben rendir cuentas por este y por todos los casos de abuso sexual y pederastia clerical contra niños, niñas y adolescentes que han ocultado, olvidado y silenciado: el del Cesar Cordero, en Cuenca;  el de Luis Fernando Intriago y su dinámica del pecado, en Guayaquil; el de Nestor Genaro B., párroco de Guapulo, en Quito y el último conocido en junio de 2024, el de Miguel Augusto Yumi, párroco de San Miguel del Común, que abusó de una niña de 13 años de la Unidad Educativa Danielle Sipione, en Quito, y huyó a Colombia. Es mandatorio buscar y descartar a más víctimas del cura F. Cadena. A las víctimas de este flagelo y sus familias se les debe dar la opción de denunciar y la garantía de obtener verdad, justicia y reparación, la Iglesia debe indemnizarlas.

Se impone, también, la necesidad de una auditoría a todas las instituciones y autoridades eclesiásticas conjuntamente con sus planes, programas, proyectos, y sus funciones pastorales y educativas hacia las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Es necesaria una Comisión de visitadores nombrada por el Papa Francisco para que investigue los abusos sexuales, algo que ya se ha hecho en otros países como Chile, Bolivia y Perú.

Hay que evaluar, también, las actuaciones de las entidades del Estado conforme a sus competencias y determinar los vacíos y deficiencias normativas frente a este flagelo.

La Fiscalía y  el Consejo de la Judicatura tienen la exigencia de llevar un registro desagregado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes perpetrados por miembros de la iglesia católica y evangélica, como una forma de contar con datos reales sobre la violencia sexual sistemática ocurrida en estas instancias. Esto siguen sin hacerlo, pese a que transparentar esta información fue una de las recomendaciones del Informe AAMPETRA del 2018, sobre el abuso sexual en espacios educativos.

Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede crear una Comisión Especializada Ocasional no solo para investigar el caso de Ricardo, sino también de todas las víctimas de violaciones y abusos a quienes la Iglesia Católica, sus autoridades e instituciones —no solo educativas— les han impuesto el silencio y el temor reverencial.

El resultado de esta Comisión podrá servir de insumo para que las víctimas y sus familias puedan llevar sus procesos a los sistemas internacionales de derechos humanos —en muchos casos será lo único que les quede por hacer— y así obtener algo de resarcimiento por tanto dolor y sufrimiento.

Hay que dejar de ser testigos silentes, los cambios concretos y profundos ofrecidos por la Iglesia Católica para librarla de este flagelo, han quedado en meros propósitos y no han pasado de un bonito discurso, no importa cuánto se afanen en avergonzarse y disculparse, las víctimas siguen siendo ignoradas y burladas en el nombre de Dios, de su Cruz y de la Iglesia.

***

En este artículo, honramos la memoria de Ricardo (nombre protegido) y nos comprometemos a dar voz a su historia y a las historias de tantos otros niños y niñas víctimas del abuso y la pederastia clerical. Más que un relato de tragedia, este es un llamado a la acción, una invitación a la empatía y a la solidaridad para con las víctimas de este flagelo y sus familias, también es una exigencia para que la Iglesia Católica deje de encubrir a curas abusadores y para que el Estado ecuatoriano investigue estos actos abominables.

Si fuiste víctima de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia o conoces alguna historia y quieres denunciar, puedes escribirnos a investigacion@wambra.ec

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Notas:

*Ricardo es un nombre protegido.

*Si bien Ricardo coloca en la carta que estuvo en el Centro Juvenil San Patricio de 1985 a 1988, un certificado emitido por el director del Centro, Padre Jaime Calero, en 1989, dice que él estuvo en el Centro hasta noviembre de 1987. Para una víctima de violencia sexual que recuerda los hechos ocurrido en la niñez o adolescencia, los tiempos pueden percibirse diferente, lo que puede hacer que estos se los recuerde con una temporalidad más amplia, dado los efectos del trauma. 

*Sacramentorum Sanctitatis Tutelano  significa, «La custodia de la santidad de los sacramentos”.

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Publicado originalmente en
https://wambra.ec/impunidad-sagrada-silencio-abuso-iglesia/
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