Iglesia y Estado laico

Siguen nuestros cardenales y obispos más preocupados por los que aún no han nacido que por los vivos. Y sobre todo no parecen haberse hecho aún a la idea de que vivimos, o al menos así lo pretendemos, en un Estado laico.

Echamos de menos palabras tan enérgicas de condena de la corrupción política, de los abusos de la banca, de la codicia de los ricos, de la evasión fiscal, de los desahucios en medio de millones de pisos vacíos, del desempleo juvenil, como los atronadores anatemas que pronuncian contra el aborto.

No discutimos quienes defendemos un Estado laico el derecho de la Iglesia a condenar como pecado la interrupción del embarazo: está en su pleno derecho. Allá los católicos con su conciencia.

Un Estado laico debe respetar las convicciones de quienes siguen las indicaciones de sus obispos y defender la libre expresión de sus creencias, su acceso sin restricciones al discurso público.

No se trata de eso, sino de los nada disimulados intentos de la Iglesia de convertir sus valores morales, sus indicaciones doctrinales en normas de ley de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos, católicos, protestantes, budistas, ateos o lo que sea.

Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal intenta presionar a un Gobierno democráticamente elegido para que, aprovechando su mayoría absoluta, modifique la legislación sobre el aborto y la adapte a las directrices de la Iglesia, sobrepasa todo lo admisible en un Estado aconfesional.

No se trata de principios morales sino de "un discurso político orientado inmediatamente a la deliberación legislativa", como señala el politólogo italiano Gian Enrico Rusconi en su excelente libro Cosa resta dell´Occidente, refiriéndose a parecidos intentos de la Iglesia de su país.

El Estado laico no puede tener más punto de apoyo que la autonomía de la razón humana, una razón que debe ser consciente, eso sí, de sus límites.

Ello no significa desconocer, como señala Rusconi, "el inmenso valor cultural o moral que la referencia a un Dios creador y legislador" ha aportado al proceso civilizatorio.

Pero sí que hay que actuar siguiendo la fórmula que acuñó en su día Hugo Grocio, el gran jurista holandés, padre del Derecho Internacional, según la cual había que hacerlo siempre "etsi Deus non daretur" (como si Dios no existiese). Lo cual no es una declaración sobre la existencia o no de Dios, sino exclusivamente un postulado de orden ético.

Postulado que ya en el siglo XX recogería un gran teólogo protestante, Dieter Bonhoeffer, encarcelado y ejecutado por los nazis, quien en sus cartas y apuntes desde prisión escribió que "no podemos ser honestos sin reconocer que debemos vivir en un mundo como si Dios no existiera".

No puede arrogarse la Iglesia católica la representación de la moral, del "ethos" común, basándose en la identidad cristiana de Europa, presentando ésta como fundamento único de los valores democráticos, en detrimento de la tradición laica, de todo lo que significó el gran movimiento de la Ilustración frente al oscurantismo religioso.

Esto es algo que intentaron hacer algunos, incluido un dirigente del Partido Popular, el preámbulo del tratado constitucional europeo, lo que suscitó en su día una fuerte polémica sobre si el hecho de no mencionar a Dios en ese texto equivaliese a expulsarlo de la "vida social".

Como dijo un líder espiritual hoy demasiado olvidado por una Iglesia que, sin embargo, le reivindica: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Tomen nota nuestros obispos.

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