La educación católica recibe anualmente 4.866 millones de euros de dinero público y la tendencia va en aumento. Cada vez se refuerza más el sistema concertado, en detrimento del sistema público. ¿Por qué el Estado tiene que financiar los centros católicos privados?
Los privilegios de la Iglesia: la no separación de la Iglesia y el Estado
A pesar de que formalmente el Estado español es un estado aconfesional, los acuerdos firmados con el Vaticano en 1979 aseguraron la unión real de la Iglesia católica con el Estado y sus áreas de influencia. Un aspecto más de la herencia del franquismo como la Corona, la Judicatura o la “sagrada” unión nacional. Sin embargo, en este caso y en el marco de un nuevo régimen interesado en la integración internacional, se trataba de dar una imagen de aconfesionalidad en el marco constitucional. Y decimos Estado (solo) formalmente aconfesional porque después de constitucionalizar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” se apresuró a firmar un pacto de Estado con el Vaticano.
Como explica Ángel Munárriz en su libro Iglesia S.A. (Akal, 2019) “Los textos del 79 son un fascinante producto jurídico-político que acomoda un ancestral pacto cívico-religioso al marco institucional naciente de un sistema parlamentario.”
Y es que se trataba de cambiar las apariencias para que, en el fondo, poco cambiase. El nuevo Régimen del 78 no se encontró incomodo con la idea de integrar a esta institución, los acuerdos con el Vaticano fueron firmados el 3 de enero de 1979, menos de un mes después de la aprobación de la Constitución. Y la Iglesia tampoco parecía sentirse “fuera de lugar” en el nuevo marco constitucional. Su pragmatismo histórico le ayudó a cambiar rápido a la sotana constitucionalista. El marco de la nueva Constitución le permitía mantener lo esencial de sus privilegios, fundamentalmente dos de ellos: su influencia en las aulas y la financiación pública.
La Iglesia en las aulas
En el nuevo marco del Régimen del 78 la Iglesia pudo mantener por tanto una de sus áreas de acción más deseables, la educación, que le permite tener una enorme influencia social y un capital simbólico. Por un lado, a través del sistema público de educación mediante las asignaturas de religión, y por otro, a través de la educación concertada (privada financiada con dinero público).
Tras el franquismo la Iglesia perdía el poder formal de fiscalizar la educación pública, algo que no podía sostener un “estado moderno”. Hasta ese momento los emisarios de la Santa Sede en España eran quienes supervisaban las materias impartidas en el sistema público para mantener la doctrina de la fe a través de la educación. El Estado, oficialmente católico, entregaba todo el control de la educación a la Iglesia. La Transición suprimió esta tutela doctrinaria de la Iglesia sobre la enseñanza, pero se desarrollaron otras fórmulas para mantener la presencia de la Iglesia en materia educativa. La herencia del franquismo para la Iglesia en este campo no fue menor y se concretó con la entrega de una porción sustancial de la educación a través del régimen de conciertos.
Hablemos de dinero
A partir del 78 se sucedieron una seria de leyes y modificaciones con cada gobierno que, con sus matices, avanzaron en consolidar lo que había quedado resuelto en el 79: garantizar la influencia de Iglesia en materia educativa. Así durante estos 40 años la Iglesia ha mantenido su poder en las aulas. Para esto se apoya en dos aspectos, por un lado, a través de la financiación del sistema de conciertos y, de manera indirecta, a través de la degradación de la red pública en beneficio de la concertada.
La Iglesia católica cuenta con más de 2500 centros educativos en todo el estado, algo que significaría un importante gasto para la institución, sin embargo, el Estado brinda importantes partidas presupuestarias para financiar toda esta red educativa.
Respecto a la financiación directa: el Estado dedica 6000 millones anuales a la educación concertada, que es católica en un 60%. Los centros católicos en concreto reciben cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos (consultado en laicismo.org).
Pero esta no es la única vía de financiación. Por la red de docentes de religión que imparten en la escuela pública, por fuera de la contratación del Estado, la Iglesia se embolsa otra partida, pero en este caso los datos no son claros. La organización Europa Laica viene denunciando hace tiempo la falta de transparencia por parte de las comunidades, pero estima que “la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control”.
Reforzar la red concertada en detrimento de la pública
En concreto la Iglesia cuenta con 2.591. centros, 1 millón y medio de alumnos y más de 100.000 docentes. España es el cuarto país europeo donde menos red pública hay en secundaria, y el tercero con menos red pública en primaria. La media europea no alcanza el 15% de concertada y España tiene el 30%.
El dinero público dedicado a la red concertada ha aumentado un 50,4% desde 2004, mientras que el porcentaje dedicado a la red pública tiene una tendencia decreciente. Como explica Ángel Munárriz en su libro: “el problema no son solo los 6000 millones en subvenciones a concertados, la mayoría católicos. El problema es que es un dinero entregado a costa de la calidad del sistema público.”
¿Y cómo se sostiene la idea de qué el Estado tenga que financiar los centros católicos privados?
Esto se justificó mediante dos ideas: por un lado, lo deficitario del sistema público que debía de ser apoyado por una red concertada, algo que se ha promovido desde todos los gobiernos del PP-PSOE. Por otro lado, bajo el principio de la libertad de elección de los padres en la educación de sus hijos, principio en el que hoy se apoya la derecha con Vox a la cabeza para atacar la educación sexual de la diversidad con el llamado “pin parental”.
Esta misma lógica justifica que haya una asignatura de religión en el sistema público educativo, equiparando esta al resto de las disciplinas científicas, y que los profesores que imparten esta materia sean elegidos por la institución católica. Y es la misma lógica que permite que se degrade el sistema público porque hay que destinar millones y millones del presupuesto educativo el sistema privado.
La unión indisoluble entre Iglesia y Régimen del 78
Esta unión real de la Iglesia y el Estado se fraguó en el final del franquismo y pasó a ser parte del nuevo Régimen del 78. Durante más de cuarenta años hasta hoy ha sido sostenida por todos los partidos del régimen sin excepción y sin un mínimo cuestionamiento a los privilegios de la Santa institución en el Estado. El PSOE gobernó durante décadas sosteniendo económica y socialmente a la Iglesia católica, ampliando sus áreas de influencia, financiándola, ocultando sus abusos y dejando que expropiara libremente bienes propiedad del Estado.
Por tomar un ejemplo más reciente, las intenciones del nuevo gobierno ya se han podido conocer. Cuando hace unos meses la derecha empezó a agitar la idea de que se estaba por atacar a la iglesia en el campo educativo, el gobierno de Pedro Sánchez pronto salió a defender la educación concertada. Del mismo modo, Podemos hace tiempo que abandonó en su programa la idea de terminar con la educación concertada.
Hoy la extrema derecha se apoya en los principios defendidos durante décadas por todos los partidos del Régimen, la “libertad de elección” en la educación, la defensa de los valores de la Iglesia católica y la moral que esta inculca a su miles y miles de alumnos. La consigna planteada durante décadas por el movimiento feminista y estudiantil de “Separación efectiva de Iglesia y Estado” es imprescindible retomarla como parte del programa para enfrentar a la extrema derecha.
