El arzobispo de Granada, Javier Martínez, en su reciente artículo ´¡Gracias, Santo Padre!´ (aparecido en La Opinión de Granada y otros medios), nos ha refrescado la doctrina actual de la Iglesia católica en materias como el aborto, el preservativo, la píldora del día después, los matrimonios homosexuales, la sexualidad en general y la eutanasia. Los argumentos que utiliza serían dignos de figurar como ejemplos en un recomendable libro de Hubert Schleichert.
Por ejemplo, asegura Javier Martínez que "se silencia el número de suicidios entre las mujeres que han abortado". Lo primero que hay que señalar es que por ahí no se vislumbra un argumento válido a la hora de reconocer el aborto como un derecho de la mujer. Pero, en todo caso, ¿tenemos ese dato?: ¡el arzobispo también lo "silencia"! Y, si estas cifras son pertinentes, ¿cuántos suicidios origina la moral religiosa al ejercer presiones insoportables entre creyentes y no creyentes?: ¿cuántos suicidios se producen entre las mujeres que no abortan por razones religiosas?, ¿cuántos entre homosexuales católicos que no soportan que su naturaleza sea pecaminosa?, ¿y entre monjas violadas por sacerdotes?…
Pero han sido sus afirmaciones sobre los condones y el sida las que han suscitado más reacciones al reforzar las realizadas recientemente por el Papa. Benedicto XVI ha merecido la enérgica reprobación no sólo de organizaciones implicadas en la lucha contra el sida, como Onusida (organización de la ONU responsable de la lucha contra la enfermedad), sino incluso de la muy prestigiosa revista científica The Lancet (en su editorial del 28 de marzo). Pues bien, contra todo lo que se sabe y se ha explicado desde estas instancias, Javier Martínez insiste en que "se silencia el dato –perfectamente constatado– de que el uso masivo de los preservativos no ha detenido el sida en África, sino que lo ha propagado".
Si el rechazo de la Iglesia a los condones, y a los métodos anticonceptivos en general, no tuviera más trascendencia que la que le quieran conceder los católicos adultos, informados y con posibilidades de elección, tal vez no habríamos de preocuparnos mucho. En países como el nuestro, donde en general hay acceso suficiente a la información para que cada cual decida, la mayoría de los católicos optan por utilizar métodos anticonceptivos, ignorando pecaminosamente los mandatos de su Iglesia.
Sin embargo, ocurre que la Iglesia no se conforma con dictar normas para que las sigan quienes quieran, sino que pretende, hasta donde lo permiten sus posibilidades, que sus dictados sean seguidos por todo el mundo. Y, dados su gran poder y su enorme influencia, puede conseguir un importante efecto a escala planetaria sobre las políticas de defensa contra el sida y de control de la natalidad. Lo cual significa que la Iglesia promueve una ingente cantidad de nacimientos de personas abocadas a la desnutrición y a la miseria (esto le supuso enemistarse con la no precisamente extremista Unicef: hace años la Iglesia le retiró su apoyo por defender la anticoncepción en países donde los niños se mueren de hambre).
Y fomenta una profusión de contagios de sida pues, siendo otra la actitud eclesiástica, en buena medida podrían haberse evitado. La Iglesia ocasiona, por tanto, muerte y extraordinario sufrimiento a una escala que creo que puede competir con los peores fanatismos del siglo XX. Obviamente, entre sus objetivos no está el causar muerte y sufrimiento. En la actualidad (no hablemos ahora de otros tiempos), ni pretende matar a nadie, ni utiliza el terror como medio para alcanzar sus fines, ni persigue el exterminio sistemático de un grupo humano, por eso creo que no cabe –como se hace en algunos sitios– utilizar aquí palabras como terrorismo o genocidio. De hecho, se suele considerar a la Iglesia la organización benéfica por antonomasia.
Pero por eso resulta más perversa su acción: desactiva mecanismos de defensa. El que la Iglesia se proclame la gran defensora de la vida parece hacer aceptable lo que de otro modo no sería tolerado. No voy a discutir que lo que quiere la mayoría de los católicos es extender el bien… pero la muerte y el sufrimiento son, más que efectos colaterales, consecuencias directas de las afirmaciones y las acciones de la Iglesia en materia sexual. La Iglesia no busca activamente la muerte de quienes no la siguen, pero sí lucha con ardor para que éstos puedan evitar la enfermedad y la muerte (y nacimientos no deseados) mediante procedimientos que contravienen su doctrina sexual. Se trata de un grado extremo de intolerancia, integrismo y fundamentalismo.
Eso sí, siempre tendremos a algunos admirables católicos cuidando a algunos de los enfermos generados por la intolerancia no menos católica. Las tareas humanitarias de la Iglesia en absoluto pueden subsanar los estragos que ella misma origina. El perjuicio específico que, al margen de lo ya comentado, ocasiona la moral sexual católica en los homosexuales y en las mujeres es más difícil de ponderar por no ser cuantificable como las muertes o los contagios, pero piensen en una sola niña o niño o adolescente homosexual a quien hacen creer que su tendencia sexual es una aberración antinatural, una enfermedad. Esta es otra mentira palmaria, otra afirmación al margen de la ciencia y tremendamente cruel, capaz de provocar daños difíciles de reparar.
En mi opinión, es urgente reconocer la gravedad de estas actuaciones para ponerles freno. Es preciso también ser conscientes de que estamos ante una organización que posee un Estado, la Santa Sede, en el que se violan derechos humanos (de ahí que no haya firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que, hasta 2002, de 104 convenios de Naciones Unidas en defensa y promoción de los derechos humanos, la Santa Sede no haya suscrito más que 12). Se asemeja mucho más a un Estado totalitario, a una monarquía absoluta represora y sexista, que a un Estado de derecho.
Ante todo lo expuesto, me hago y les hago estas preguntas:
¿Cómo es posible que una organización que desarrolla iniciativas que conducen a una violación manifiesta de derechos humanos básicos, que incluso propagan la muerte y el dolor a escala mundial, no sólo sea legal, sino que disfrute de privilegios de todo tipo en un país como España?
¿Cómo puede mantener España unos Acuerdos tan leoninos (y de redacción preconstitucional y acaso anticonstitucional) con la Santa Sede? Entre otras muchas cosas, ¿cómo puede ser que estos días nos encontremos en la Declaración de la Renta con una casilla para desviar un dinero que es de todos al beneficio de la Iglesia?
Y aún más grave, ¿cómo se le puede conceder a esta organización la transmisión a los niños, en los centros de enseñanza, de una doctrina con elementos insanos, fundamentalistas y anticientíficos?
Ah, ¿quieren saber el título del libro de Hubert Schleichert?: "Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón".
Juan Antonio Aguilera Monchón es Profesor de la Universidad de Granada, miembro del Secretariado de Granada Laica – Andalucía Laica
