La Iglesia Católica de El Salvador actuará como mediadora para solucionar el conflicto de poderes que ha surgido en el país a raíz de un decreto legislativo que modificó la votación en la Sala de lo Constitucional, y fue sancionado por el presidente Mauricio Funes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, anunció hoy que durante la semana pasada se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y al presidente de Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, para solucionar el problema y "buscar el bien de todos".
A la reunión también fue invitado el presidente del país, Mauricio Funes, pero no asistió.
La polémica se desató después de que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) decidieran el pasado 2 de junio que la Sala Constitucional debe tomar sus decisiones por unanimidad y no con sólo cuatro de los cinco magistrados que la integran, como hasta ahora había ocurrido.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el actual partido de Gobierno, no apoyó la iniciativa, sin embargo, la decisión fue sancionada el mismo 2 de junio por Funes, lo que desató las críticas.
En conferencia de prensa, Escobar señaló que se "avanzó en el diálogo entre ambas partes". Sin embargo, reconoció que no "fue posible llegar a un acuerdo definitivo, por lo que el diálogo quedó abierto con un clima de mucha esperanza".
De acuerdo con el arzobispo los presidentes de los organismos del Estado acordaron "volverse a reunir", y que él será "testigo" del diálogo entre ambos.
"Primero Dios pronto tendremos muy buenas noticias al respecto", expresó el prelado a la prensa, a su vez pidió al pueblo salvadoreño unirse en oración "para que pronto y de la mejor manera se solucione esta situación negativa que se ha suscitado entre los órganos del Estado", petición que también realizó al final de la misa dominical.
Reconoció que el "punto central del problema" es el decreto 743, pero que la solución no es únicamente derogarlo, porque si no se evita "todo aquello que de alguna manera propicio ese decreto", puede surgir otro con "los mismos conceptos, entonces no habríamos salido del problema".
También recientemente la relatora de la ONU sobre la Independencia de Jueces, Gabriela Knaul, calificó el decreto de "posible atentado" contra la independencia de la Justicia.
