La instrucción es clara y revolucionaria en la historia del clero colombiano: cuando una persona llegue a alguna iglesia a denunciar un caso de abuso sexual cometido presuntamente por un sacerdote o un colaborador cercano de la parroquia, se informará a la brevedad a la Fiscalía para que se inicien las acciones judiciales correspondientes. De esta manera se rompe con el silencio, la parsimonia y hasta con la complicidad que caracterizó a los manejos internos que la Iglesia le dio durante épocas a este tipo de situaciones.
El mismo Vaticano ha reconocido y pedido perdón por sus políticas de protección (o encubrimiento) de sacerdotes implicados en casos de violencia sexual, sobre todo, traslados a otras parroquias o ciudades, sin tener nada que ver con las autoridades civiles. Lo que se venía haciendo hasta ahora simplemente era decirle a la víctima o al denunciante: “Vaya a la Policía y denuncie”. Nada más. Pero ahora, por primera vez, quien reciba la denuncia debe activar un protocolo para que la información sea reportada a la Fiscalía de manera inmediata.
Este es el punto más sorprendente del documento ‘Entornos protectores en la Iglesia, ruta de acompañamiento en presuntos casos de violencia sexual de niñas, niños, adolescentes y adultos en estado de vulnerabilidad’, elaborado por la Arquidiócesis de Bogotá, a la cabeza del cardenal Rubén Salazar –máxima autoridad de la Iglesia católica en Colombia–, y que se presentará este martes 12 de febrero a los sacerdotes y trabajadores de las 297 parroquias capitalinas, de los centros de culto y capellanías, de los 19 colegios y de la universidad que les pertenecen a la Arquidiócesis de Bogotá (la Universidad Monserrate) y en los seminarios y centros de formación.
El documento se implementará inicialmente en Bogotá y coincide con la Comisión Nacional de Protección de Menores de Edad de la Conferencia Episcopal de Colombia, que iniciará labores en las próximas semanas y estará integrada –además de sacerdotes y obispos– por psicólogos, abogados y trabajadores sociales.
Y será una guía para acciones similares que deberán implementar los 82 obispos y arzobispos del país, claro está, adaptándola según los contextos de cada región. En pocas palabras, la Iglesia colombiana está implementando una rigurosa estrategia para evitar a toda costa más casos de abuso sexual cometidos por sus sacerdotes: esa escandalosa problemática que le ha costado tanto fieles como credibilidad. Una estrategia que hace parte de la arremetida contra este flagelo que viene desarrollando la Santa Sede desde épocas de Benedicto XVI y que ha encarado el papa Francisco.
El escándalo ocurrido en Chile el año pasado, en el que siete obispos fueron removidos de sus cargos tras estar involucrados en presuntos casos de abuso, y el reconocimiento que hizo hace poco de las violaciones de monjas por parte de sacerdotes han sido las acciones más contundentes del Papa argentino.
“No podemos tapar el sol con la mano. La protección de los niños y adolescentes en los contextos eclesiásticos es una prioridad. Y también lo son las víctimas”, expresa monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y miembro de la Comisión Pontificia de Protección de Menores, creada por el papa Francisco y conformada por 18 miembros, de los cuales solo dos son obispos, tres sacerdotes y todos los demás laicos expertos en psiquiatría, psicología, derecho canónico, derecho internacional y un miembro no católico de las Naciones Unidas de todo el mundo. Solo dos son latinoamericanos: Herrera y un brasileño.
Se trata de un robusto documento de 80 páginas, que él –que además es psicólogo clínico– ha venido liderando desde hace un año, con el aval del cardenal Rubén Salazar y bajo la asesoría de Clemencia Ramírez Herrera, doctora en Psicología Clínica y experta en el manejo de abuso sexual infantil.
La ejecución de la ruta estará a cargo de la Oficina para el Buen Trato (OBT), creada dentro de esta iniciativa y encargada de informar a la Fiscalía cuando se reciba alguna denuncia en una parroquia o en cualquier dependencia de la Arquidiócesis de Bogotá. Y quien reciba la primera denuncia debe reportar inmediatamente a la OBT, y si no lo hace, se expone a sanciones canónicas o disciplinarias. Y también se iniciará el respectivo proceso canónico, que va desde la desvinculación temporal de los oficios hasta la expulsión definitiva del sacerdocio.
Los protocolos no se limitan a los casos de violencia sexual en contextos eclesiásticos, pues proponen una completa ruta a fin de orientar a niños y padres para evitar estos abusos o para enfrentarlos cuando ocurran en el hogar o en el colegio.
“Hay que recordar que la inmensa mayoría de abusos sexuales ocurre en los hogares, y que los abusadores son familiares o personas cercanas. Los acólitos y los niños en catequesis aprenderán a identificar cuando estén en riesgo y a denunciar y actuar si ya han sido víctimas, en cualquier contexto”, sigue monseñor Alí Herrera.
También se generarán políticas para que los niños no ingresen a espacios privados de los sacerdotes, como las casas curales.
Otras acciones
También se hará un completo acompañamiento psicosocial y espiritual a las víctimas y a sus familias por parte de trabajadores sociales y otros miembros del clero, y se orientará sobre cómo denunciar ante las autoridades civiles. Y también se incluye una ruta para casos ocurridos años atrás, pues estos no prescriben. Será un juez el encargado de definir tanto la condena del sacerdote implicado como la reparación integral de la víctima, que dependiendo del caso podría incluir una reparación económica. En ese sentido falta ahondar en la jurisprudencia.
