Honduras: un Estado laico

El presidente de Honduras ante Bergoglio en El Vaticano


Con frecuencia se percibe una confusión de los papeles: el pastor habla como político y muchos políticos hablan como pastores, cada uno tratando de colocar frases bíblicas a favor de su postura, como si la Biblia fuese un manual de estrategia para la toma del poder político.

Cuando el reformador Marco Aurelio Soto promovió el principio de laicidad en la educación lo hacía convencido que desde el positivismo, corriente sociológica de aquel momento, el conocimiento basado en un método científico era el único que podía impulsar el orden y progreso que era la consigna del momento y con el cual el capitalismo se abría paso en América Latina. Los cambios reformistas del gobierno de Soto se plasmaron en la Constitución de 1880, ahí también se dejó clara la prohibición de ocupar cargos públicos a los ministros religiosos.

En la Constitución de 1924, emitida durante el gobierno de Vicente Tosta, se oficializó la separación de la Iglesia y el Estado y se prohibieron todas las subvenciones a instituciones religiosas, estableciendo la libertad de culto.

Las constituciones de la segunda mitad del siglo pasado, fueron más benevolentes con las confesiones religiosas, pero siempre se ha mantenido la prohibición para que los ministros religiosos puedan ejercer cargos públicos ni hacer propaganda política invocando motivos eclesiásticos.

En un Estado laico ninguna confesión tiene carácter estatal, supone la nula injerencia de cualquier confesión religiosa en el gobierno, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La separación Estado-Iglesia supone que ambas instancias tienen la fortaleza suficiente para sobrevivir con sus delimitaciones funcionales y que mantienen relaciones de respecto y neutralidad.

Pero, como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, en las últimas administraciones, especialmente en la del actual Presidente, abogado Juan Orlando Hernández, es muy común observar ceremonias religiosas desde instituciones estatales, incluyendo la misma Casa Presidencial. Hemos visto que hasta los cuerpos armados como la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas han doblado rodillas y fusiles en cultos de oración dirigidos por pastores evangélicos. Algunos líderes religiosos son muy dados a repartir bendiciones y absoluciones de pecados.

Lo cierto es que con frecuencia se percibe una confusión de los papeles: el pastor habla como político y muchos políticos hablan como pastores, cada uno tratando de colocar frases bíblicas a favor de su postura, como si la Biblia fuese un manual de estrategia para la toma del poder político.

Preocupa que en el proceso de elección de la Junta Nominadora para la escogencia y nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se eligiera a un ministro de la iglesia evangélica en una clara intromisión confesional en asuntos públicos.

Este es un proceso que deberá concluir con la elección de uno de los poderes del Estado. Si hay una separación entre Iglesia y Estado no se puede entender cómo una denominación religiosa como institución participa en un evento de esa naturaleza.

Esto no le hace bien al Estado porque recurre a la fe como principio de dominación, pero tampoco le hace bien a la Iglesia porque aparece avalando acciones que eventualmente pueden resultar carentes de la práctica de justicia que es un ideal de toda iglesia basada en creencias divinas.

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