Resulta sorprendente que en pleno siglo XXI un Congreso estatal de la República, opte por penalizar el aborto para tratar a las mujeres como delincuentes.
Por supuesto, como lo he afirmado en múltiples ocasiones en éste y otros espacios, no se trata de favorecer el aborto. Nadie en su sano juicio puede proponer que las mujeres acuden gozosas a interrumpir una gestación.
No se trata de nada placentero, siempre implica algún dolor físico o emocional de diversas intensidades, pero eso no significa que deban ser tratadas como delincuentes y ser perseguidas por la policía judicial, como pretende el lamentable Congreso de Hidalgo.
Las posiciones al interior de la sociedad siempre estarán encontradas por la simple razón de que no existe una manera clara de comprobar el inicio de la persona humana. Los que tenemos argumentos científicos sabemos que no puede existir una persona sin corteza cerebral y, por lo tanto, antes de la aparición de ese tejido, es francamente imposible afirmar que hay una persona, pero diversas religiones afirman que es antes por un influjo divino.
Sin pretender aquí otorgarle razón a nadie, la postura oficial de los gobiernos civilizados tiende a respetar los diversos puntos de vista, de tal forma que las mujeres que profesan alguno de esos credos puedan cabalmente continuar sus embarazos sin ninguna interferencia, así como las que no profesan ninguna religión puedan abortar libremente y con los mejores cuidados médicos.
Cada persona debe tener libertad total y absoluta en sus convicciones personales, en eso consiste exactamente la laicidad, como bien lo sostiene de forma brillante Roberto Blancarte, pues, parece ser que los brillantes legisladores del estado de Hidalgo no lo han entendido.
Habría que recomendarles un mínimo de lecturas para que entiendan la tendencia mundial hacia el respeto a los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, que, además están claramente expresados en la Carta Magna de México.
No les basta contemplar el absurdo espectáculo que brindamos a la comunidad internacional con cerca de tres mil mujeres presas por el delito de aborto. Ellos quieren más mujeres tras las rejas por este motivo. Desean que la policía judicial se dedique a perseguir mujeres que abortan en lugar de acudir tras peligrosos delincuentes que azotan todo el territorio nacional.
Todavía en entidades como la Ciudad de México existen personajes de una incultura tan extrema que afirman que el aborto “es un delito” si no se ajusta a las semanas exactas que marca como límite el Código Penal, sin entender que dicha legislación contempla otros motivos que despenalizan la conducta y queda, en todo caso, la carga moral en cada mujer que decide libremente el final de la gestación.
El aborto no debe siquiera aparecer en los códigos penales, el hecho de que aparezca raya en el ridículo. Ahora aparecen también personajes que esgrimen mentiras, menciono como ejemplo que escuché hace poco a un ginecólogo diciendo que el Código Penal de la Ciudad de México no aplica para la medicina privada, lo cual mueve a risa, porque exactamente en ese ámbito es en el que no existe ninguna dificultad. De hecho, sólo algunas instituciones federales esgrimen reticencias alegando que el Código Penal Federal no se ha modificado. Urge que la 4T tome una decisión clara a favor de los derechos de las mujeres a nivel federal, para que se terminen todas las artimañas que los personeros de las religiones siguen articulando en detrimento de la salud materna y con mayor razón cuando seguimos sin alcanzar las metas en términos de la disminución de la mortalidad materna.
Raymundo Canales de la Fuente
