Ante el penúltimo bulo lanzado por la extrema derecha en redes sociales para intentar atribuir un incendio en una iglesia a la comunidad musulmana, hacemos un repaso a las últimas noticias sobre iglesias y religión. Sin mentiras.
La extrema derecha ha lanzado en redes sociales su penúltima mentira. Y digo penúltima porque es muy probable que en el tiempo que tarde en publicarse este artículo, suelten alguna nueva. Son profesionales de ello. La hasta ahora última mentira se centraba en el incendio ocurrido en la iglesia de San Martín, en Plasencia (Cáceres).
El origen del fuego era totalmente desconocido pero, sin ningún tipo de pruebas, la extrema derecha ha intentado vincular las llamas a un ataque contra la cristiandad que habría sido provocado por musulmanes. Ese poso xenófobo y racista siempre presente en el relato de los ultras. Así, hemos podido leer comentarios afirmando que “el caos, odio y fuego francés» llegaban a España, en un intento por trazar un paralelismo con el incendio ocurrido en la catedral de Nantes a mediados de julio.
Un eurodiputado de Vox era mucho más directo: “Estos no son vándalos. Son los terroristas encargados de la destrucción y acoso a los testimonios y baluartes de la civilización. El jueves quemaban biblias en Portland. Hace diez días la catedral de Nantes. Ayer era Plasencia. Son los mismos”.
Lo cierto es que, según informa la Agencia EFE, no existe una supuesta oleada de ataques a iglesias en Francia: “Algunos de los incendios mencionados fueron accidentales y otros provocados, pero ninguna investigación encontró vínculos con grupos islamistas”, explican en la verificación. En el caso de Plasencia, más de lo mismo: la investigación apunta a que un cortocircuito pudo ser la causa del siniestro.
Y, ya que estamos hablando de religión, puede resultar interesante hacer un repaso por otras noticias recientes relacionadas con la Iglesia católica que, por determinados motivos, los ultras han decidido no difundir. Y sí, estas sí son reales:
El Estado no controla cómo usa la Iglesia el dinero del IRPF
El Tribunal de Cuentas ha sido rotundo: el Estado no es capaz de fiscalizar el dinero que recibe la Iglesia católica del IRPF. Así lo ha determinado en un informe hecho público a finales el 29 de julio. En sus conclusiones, se constata cómo “la Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios, ante la ausencia de otros acordados o establecidos en la normativa estatal respecto a su contenido, de forma que constituye más una memoria de actividades de la propia Iglesia que una memoria justificativa”.
Debido la “inconcreción” de estos datos, es imposible para el Estado “determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación”. Tampoco es posible conocer cómo se usan los fondos que provienen tanto de marcar la X en la declaración de la renta como de las exenciones fiscales. Todo esto se resume en que no podemos saber si la Iglesia tiene posibilidad de autofinanciarse y así dejar de recibir fondos públicos. No le interesa que lo sepamos.
Lo que sí sabemos es que los obispos han recibido un “superávit por importe de 19,3 y 15,9 millones de euros, respectivamente”. Un excedente que ha ido a parar a la financiación de su televisión TRECEtv, un espacio donde no tienen cabida una gran parte de la ciudadanía española y que sirve de altavoz para determinados pensamientos reaccionarios.
Registro de las inmatriculaciones en Catalunya y en Valencia
Hace apenas dos semanas, conocimos que solo en Catalunya la Iglesia tiene inscritos 3.722 inmuebles a su nombre a pesar de que no cuenta con ningún documento que pueda acreditar que son de su propiedad. La mayoría son lugares de culto, pero también fincas rústicas, rectorías, garajes, palacios… Se trata de las conocidas como inmatriculaciones, un privilegio proveniente del franquismo –desde 1946– que permite a la Iglesia autocertificar que un bien es suyo sin tener que demostrar nada. Por la gracia de dios.
En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Transparencia también ha solicitado estos días al Ministerio de Justicia la relación de bienes inmatriculados en la comunidad para estudiar la legitimidad de estos y recuperar su propiedad. Algo similar hará Catalunya a través una oficina de mediación sobre inmatriculaciones
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, define este hecho como “el mayor escándalo inmobiliario de la historia”, que, además, solo ocurre en España. Fue José María Aznar quien, en 1998, dio todavía más alas a la jerarquía eclesiástica para que también pudiesen inmatricular lugares de culto, unos inmuebles que estaban fuera de la norma del 46 por su consideración histórica. Sin embargo, tal y como explica Antonio Manuel, la Iglesia venía haciendo caso omiso a esta exención desde el franquismo. “Aznar lo que hizo fue solo legalizar esa práctica irregular”, explica.
En 2017, el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a aportar la relación de bienes que la Iglesia ha inmatriculado desde 1998, algo que para el profesor de la UCo es un error: “El listado de esos bienes, que ni el gobierno socialista ni el de coalición hacen público, recoge unos 35.000 bienes desde el 98, pero nosotros calculamos que desde el 46 se adueñaron de unos 100.0000”, denuncia.
Una lista en la que se encuentran bienes como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la catedral de Burgos, pero también fincas, solares, palacios, garajes… “La gente piensa que, como son lugares de culto, pertenecen a la Iglesia. Pero esto es una anomalía que no ocurre ni en Francia ni en Portugal, donde grandes catedrales pertenecen al Estado”.
Religión en los hospitales, religión en el Ejército, religión en los hospitales… y muchos millones de euros
En un momento en el que la Comunidad de Madrid contaba con menos de la mitad de rastreadores que había prometido para pasar a la Fase 2 –180 en lugar de 400– y poco antes de pedir licenciados voluntarios para llevar a cabo los rastreos, el Gobierno regional decidía destinar casi un millón de euros al año para pagar los servicios de 73 capellanes para los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. Un convenio religioso que enmarcado en el acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1985 y que durará cuatro años, aunque podrá ser prorrogado “por períodos bienales” otros cuatro años más. Además, este Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC) “podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos”.
Pero no solo hemos conocido estos días cómo la Iglesia católica extiende sus tentáculos hacia la Sanidad. También lo hace en el Ejército. Tal y como desveló La Marea, anualmente gastamos 4 millones de euros en pagar el salario a 86 capellanes castrenses para las Fuerzas Armadas Españolas (FAS), lo que supone que cada sacerdote cobraría una media de 37.000 euros al año. Como explica Ángel Munárriz en su libro Iglesia S.A. (Akal, 2019), el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede también garantiza la asistencia religiosa a las FAS: “Se entrega al Vicariato Castrense su prestación. Es una especie de subcontratación sin concurrencia competitiva. ¿Quién más iba a presentarse al concurso?”, se pregunta el autor.
Una cifra similar -4,3 millones de euros- cuestan anualmente los diferentes programas religiosos en la televisión y en la radio pública, según la información publicada también por este medio hace solo unas semanas. Si bien es cierto que en esta partida se incluyen otras confesiones –como el judaísmo, el cristianismo evangélico o el islam–, la mayor parte del presupuesto se destina a programas católicos. Para Munárriz, esto implica que la Iglesia “goza de un claro privilegio en los medios públicos”, algo que viene prolongándose desde la dictadura. Solo tranmitir la eucaristía dominical tuvo un coste de 1,5 millones de euros en 2019.
Ahora sí, podemos decir que hemos hablado de iglesias y religión. Pero sin mentiras.
