Guerra acierta

Dijo Guerra que «no hay otro camino» que «la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede». Esa es exactamente la primera terapia que el Estado español debería aplicar a la enfermedad social en que se han convertido sus relaciones con la iglesia cat

Muy probablemente, Alfonso Guerra está fuera de contexto, tanto en su partido como en la escena política actual. Pero, en cualquier caso, no ha perdido su agudeza y su lucidez, dos características que, en ocasiones, le llevan a plantear muy atinadamente los problemas.

Una de esas ocasiones en las que el ex vicepresidente del Gobierno de Felipe González ha dado en el clavo, vino dada por su análisis tras la proclama de la Conferencia Episcopal Española en contra de su partido, ante el 9-M.

Dijo Guerra que "no hay otro camino" que "la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede". Esa es exactamente la primera terapia que el Estado español debería aplicar a la enfermedad social en que se han convertido sus relaciones con la iglesia católica.

Como fruto de la chapuza que fue la -tan sin embargo alabada- transición del franquismo a la democracia, los sucesivos Gobiernos mantuvieron y consolidaron una relación de privilegio con la iglesia católica. Lo hicieron por miedo.

Los gobernantes españoles, desde el final del franquismo hasta ahora, no se atrevieron a aplicar la democracia en sus relaciones con las diversas confesiones religiosas. Pudo más el miedo al poder de la iglesia católica y del Vaticano, y a su eventual influencia sobre los votantes de esa confesión religiosa.

El caso es que ese trato de privilegio se ha mantenido, y se está manteniendo, a costa del bolsillo de todos los ciudadanos, la mayoría de los cuales no tiene nada que ver con estos representantes de una de las religiones existentes.

El progresivo -y parece que imparable- descenso de la clientela católica, ha hecho que sea el Estado el que tenga que suplir la falta de recursos económicos que ese descenso implica.

Es decir, la incapacidad profesional de los obispos y sacerdotes a la hora de hacer adecuadamente su trabajo, que consiste en mantener y aumentar el número de sus feligreses, ha tenido que ser suplida por la ayuda del Estado con el dinero de todos.

Por supuesto, esta situación no sólo va contra los criterios democráticos, laicos, modernos y racionales, sino que, además, supone una discriminación contra el resto de confesiones religiosas existentes en el Estado español.

En el caso del PSOE, sus intentos de neutralizar la animadversión de los obispos españoles, siempre han finalizado -y la última proclama episcopal lo demuestra- como augura el dicho popular de "cría cuervos…". Pero no se atreven a actuar con sentido democrático.

Guerra acierta. El Estado debería tratar a la iglesia católica igual que al resto de confesiones religiosas. Porque mantener su situación de privilegio es, además de incumplir la legalidad vigente, una muestra de ineficacia y de cobardía políticas.

El problema es que, a estas alturas, Alfonso Guerra sólo se representa a sí mismo en el PSOE. Hoy, los socialistas con alguna coherencia, y a veces Alfonso Guerra la tiene, sobran en el PSOE. Hoy, en el PSOE mandan la vaciedad intelectual, la mercadotecnia electoralista y el miedo al poder. Al poder que encarnan los obispos.

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