El Obispado de Almería, responsable del despido, dice que tiene que «analizar» el fallo
COMENTARIO: El verdadero problema es la existencia de este personal en la escuela, designado por el obispo, pagado por el Estado (700 millones de euros al año) para adoctrinar a los escolares en unas ideas religiosas concretas. Una situación lamentable que los sucesivos gobiernos de uno u otro signo han mantenido dando cada vez más carácter laboral a estos catequistas. En este caso 200 000 euros que como el obispado de Almería no tiene que pagar, sino toda la ciudadanía, podrá seguir haciendo lo que quiera. Por eso este problema de los catequistas sólo se resolverá cuando la religión salga de la escuela (como doctrina) y los catequistas también.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, considera que la Iglesia “obviamente” tendrá que “acatar” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que debe readmitir a Resurrección Galera en su puesto de profesora de religión, después de haberla despedido por casarse con un divorciado. El Obispado de Almería, que decidió hace once años no renovar a Galera por su estado civil, ha expresado su “respeto” a la sentencia, si bien el delegado episcopal para la Enseñanza Religiosa, Ignacio López Román, ha precisado que estudiarán “con calma” el escrito antes de hacer un pronunciamiento en profundidad. El asunto, según ha declarado, está ahora en manos del vicario general de la Diócesis de Almería, Tomás Cano, y los abogados de la institución.
Una de las cuestiones que más críticas han suscitado ha sido la cuantía que el Estado español deberá abonar a la profesora en concepto de sueldos atrasados, dado que es el “auténtico empleador”, como se lee en la sentencia, aunque fuera la institución religiosa la que decidiera despedir a Galera. La cifra podría superar los 200.000 euros. “Que sea el Obispado de Almería el que se haga cargo”, ha manifestado el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. “El Estado no debe pagar los caprichos dogmáticos de la Iglesia”, ha subrayado. En este mismo sentido, el parlamentario de IULV de Andalucía Ignacio García ha exigido que cesen “las intromisiones de la Iglesia católica en el sistema educativo español”, también en la gestión económica “que se materializa en que esta indemnización tendrá que ser pagadas con dinero público”. La propia protagonista de esta historia, Resurrección Galera, ha abogado por una “separación real” del Estado y la Iglesia para que su caso no vuelva a repetirse.
