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Granada Laica y la coordinadora estatal ‘Recuperando’: «No son 1.000, son 100.000»

Estas organizaciones sociales exigen información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946 y reivindican la nulidad de las inmatriculaciones realizadas desde ese año, pero especialmente las posteriores a 1978, por inconstitucionalidad sobrevenida.

Comunicado de Granada Laica y Recuperando

El 16 de febrero del año pasado, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Fue un logro de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles.

No obstante, aquella publicación resultó insatisfactoria por sus importantes limitaciones:

  • Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.
  • Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.
  • Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
  • Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición, y Pedro Sánchez en su discurso de investidura, se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?

Exigimos información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946.

Reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones realizadas desde 1946, especialmente las posteriores a 1978, por inconstitucionalidad sobrevenida.

Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica.

Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno ha recibido de la Iglesia, en una exhibición de parafernalia episcopal, un informe que recoge un millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, y da por bueno el resto. Pero en realidad ese millar de inmuebles no se presentan como errores de la Iglesia, ni se trata de bienes que se vayan a devolver, como se está difundiendo erróneamente. Y, aunque así fuera, recordamos que la Iglesia no debe devolver 1.000 bienes, sino 100.000.

En Granada Laica hemos realizado un análisis, basado en los datos registrales recopilados por nosotros, del informe episcopal y del listado del Gobierno. Éste sólo recoge 244 bienes en la provincia, y no encuentra ninguno en 107 municipios. Nosotros, por el contrario, hemos encontrado bienes en muchos de esas localidades, hasta sumar un total provincial de 1.047. En su informe sobre los 244 del listado gubernamental, la Iglesia dice tener título de propiedad sólo de 35. Se han registrado sin título de propiedad inmuebles tan extraordinarios como la Catedral, la Capilla real, la iglesia de Santa Ana (registrada cuando legalmente no se podía), etc., etc.

Desde Recuperando nos hemos dirigido a siete ministros/as de Pedro Sánchez solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Ninguno/a de ellos/as ha tenido interés en conocerlas. Debido a este evidente agravio, con un tratamiento privilegiado a la Iglesia católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas.

Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos luchando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

Por ello, hemos vuelto a convocar concentraciones en distintas localidades para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público.

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