Granada Laica denuncia que en un colegio se meten en clase de religión a alumnos que no lo han solicitado

El abajo firmante D. Rafael Gallego Sevilla, con DNI 3049883, residente en C/ Gobernador Pedro Temboury, 10, C53, en nombre propio y en el de la Asociación GRANADA LAICA de la que es coordinador 

EXPONEMOS: 

1. Que hemos recibido información de miembros de la comunidad educativa del CEIP Tierno Galván sobre el trato ilegal que reciben los alumnos y alumnas que no optan por recibir clases de adoctrinamiento en la religión católica.
2. Estos alumnas y alumnas, en vez de recibir una atención educativa adecuada o alternativa de acuerdo con la legislación educativa, y con los principios morales de sus padres, son mantenidos en la clase de adoctrinamiento católico, sin el conocimiento de éstos.
3. De manera informal hemos recibido noticia de que en otros colegios públicos es práctica habitual dejar a los alumnos y alumnas que no optan por las clases de adoctrinamiento en la religión católica en aulas de otro grupo o nivel, al fondo de las mismas, mientras se imparte clase en la misma.
4. Igualmente de manera informal tenemos conocimiento de que estas prácticas están generalizadas en los colegios concertados religiosos que, a pesar de su ideario, deberían ofertar un servicio público universal y no de índole sectario.
5. Que si estos hechos no son denunciados con más frecuencia es en primer lugar por el miedo de los padres a enemistarse con sus tutores y resto de profesores, por lo que aceptan resignados la discriminación de que son objeto sus hijos o hijas, y por el falso ‘corporativismo’ de algunos claustros que consienten su existencia.
6. Que sin embargo la Delegación de Educación tiene recursos más que suficientes para detectar de oficio estas prácticas, a través primero de los directores de los centros y en segundo lugar de su servicio de Inspección.
7. Que estos hechos no sólo son totalmente ilegales sino que pueden contravenir el derecho constitucional e internacional a la libertad de pensamiento, conciencia, religión de los afectados, así como su derecho a sus hijos e hijas reciban una educación que esté de acuerdo con sus principios morales.

  Por todo ello  

SOLICITAMOS: 

1. Que abra un Expediente Informativo en el C.E.I.P. Tierno Galván para esclarecer los hechos aquí relatados.
2. Que en dicho expediente se investigue la implicación de los tutores, directores y el inspector del centro en las irregularidades señaladas.
3. Que en caso de confirmarse los hechos relatados u otros similares de los que no tengamos conocimiento, se depuren las responsabilidades con los correspondientes Expedientes Disciplinarios.
4. Que de forma general se den las directrices adecuadas a la Inspección Educativa y de esta a las Direcciones de los centros públicos, en las que:
   1. Se informe a los Inspectores de los Centros de su obligación de evitar y/o denunciar estas graves prácticas discriminatorias.
   2. Se informe a los Directores/as de la gravedad de prácticas semejantes y de su obligación de evitarlas y/o denunciarlas.
   3. Se entregue a principio de curso a los tutores de cada grupo un listado con los alumnos y alumnas del mismo que han optado por la clase de adoctrinamiento en religión(es) para evitar abusos por parte de lo catequistas episcopales que imparte las clases de adoctrinamiento religioso católico en cada grupo.
5. Que se nos informe de los pasos dados en la investigación y reparación de estos hechos

6. Que como interlocutores sociales relevantes en esta materia, nos conceda una cita para exponerle nuestros puntos de vista sobre la misma.

 La presencia del adoctrinamiento religioso en los centros financiados con dinero público es una fuente continua de conflicto en los centros. La situación de la que “gozamos” en los centros educativos andaluces queda muy lejos de la “Escuela Laica” que exige nuestro Estatuto. Confiamos en que  las Autoridades Educativas de Granada y de Andalucía en general, den pasos decididos para acabar con estos hechos irregulares y permanezcan vigilantes para evitar que los privilegios que nuestras leyes conceden a la jerarquía católica en la escuela sostenida con fondos públicos, sea en la practica un concesión de “carta blanca” para el proselitismo contra toda la comunidad educativa de los centros públicos  concertados. 

Quedamos a la espera de su respuesta en la confianza de que nuestras solicitudes sean atendidas. 

Granada 18 de mayo de 2008