Golpe al laicismo “en nombre de Dios”

La iniciativa de Camila Vallejo es sencilla. En muchas de las denominadas democracias modernas y avanzadas, se habría tomado con naturalidad. No es menor que diarios del extranjero hayan dado cuenta de la propuesta de la legisladora de terminar con la norma de abrir “en nombre de Dios” las sesiones del Parlamento, destacando el anacronismo de costumbres institucionalizadas en Chile.

La parlamentaria recibió una andanada de insultos, descalificaciones, menosprecio y ataques, propio de una habitualidad en vocerías políticas y legislativas, que lejos de contribuir a un debate profundo e incluso de sentido común, se ubica en un contrasentido de lo común, apelando más a la emocionalidad que a la racionalidad, a la agresividad que al entendimiento. Algo, por cierto, poco cristiano.

El asunto en concreto, es que la jerarquía de la Iglesia Católica y políticos que profesan esa religión, quieren trastocar el principio de la existencia de un Estado laico, imponiendo normas, hábitos y protocolos que privilegian a su Dios, a su credo.

Toda definición mundial de Estado laico sostiene que no puede existir en sus prácticas, ni en el funcionamiento de sus entidades, ninguna situación de privilegio hacia una religión, ningún tipo de injerencia de un credo, y debe sostener su independencia y neutralidad respecto a cualquier corriente religiosa.

De acuerdo a la Constitución de Chile, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se presupone que también sus instituciones militares y policiales, así como otros estamentos, deben adoptar una característica laica.

Abrir las sesiones “en nombre de Dios” (que por lo demás todos saben que es referencia al Dios de la Iglesia Católica), que las Fuerzas Armadas celebren un Día de la Espiritualidad relevando el catolicismo, que el Estado promueva un Te Deum para celebrar la fecha de Independencia y que se instalen pesebres en los días de la Navidad católica en la sede del Poder Ejecutivo, no puede dar cuenta del respeto a la Constitución y a la existencia de un Estado laico en el país.

Lo que hace Camila Vallejo es presentar un proyecto que termina con esa situación en el Parlamento y que las sesiones se inicien en nombre del soberano, que es el pueblo chileno. De manera precisa, la diputada reivindicó “una corrección al anacronismo en que incurre este Poder del Estado, por cuanto es precisamente una inconstitucionalidad invocar a Dios al inicio de cada sesión de la Cámara”. Enfatizó que “ningún Poder del Estado debe actuar en conformidad a un credo religioso determinado, en desmedro de otros. El Poder Legislativo debe dejar de invocar a una divinidad”.

Algunos dijeron que eso es irrelevante y que hay temas más importantes que discutir en el Parlamento. Es cierto. Pero ello siempre será así, porque en efecto, se puede tratar de un tema aditivo. Pero eso no puede implicar que jamás se aborde el asunto, deberá existir la ocasión de tratarlo.

Otros acusaron a Camila de querer imponer el totalitarismo comunista y prohibir las religiones en Chile. Un lenguaje denostador,falso e irracional, que retrotrae a tiempos en que esos parlamentarios apoyaron a una dictadura que asesinó e hizo desaparecer a los comunistas, a gente progresista y libertaria…”En nombre de Dios”. Lo peor es que quienes insultaron así a la legisladora son católicos activos.

El Arzobispado de Santiago no tardó en reaccionar, como lo viene haciendo la jerarquía católica en cada tema que ve afectada su penetración en el Estado o las políticas públicas, al punto que ya es habitual que haga lobby para abortar proyectos legislativos o establezca descalificaciones morales sobre funcionarios públicos.

El Arzobispado distorsionó las cosas. Nadie ha planteado que no se considere a las religiones como parte de la cultura o del ejercicio de derechos ciudadanos como la libertad de culto. Y decir que “apelar a Dios no significa suscribir a una religión en particular, ni que un Estado sea confesional”, es quitarle entonces sentido a esa frase o pretender esquivar el fondo del debate.

El argumento de que “la mayoría” de los chilenos son católicos y por eso órganos del Estado pueden apelar a Dios, incurre en dos problemas. Que año tras año esa mayoría está bajando. Y que ninguna mayoría por sí misma, en ningún ámbito, puede estar por encima de la Constitución.

Como sea, queda al debe el tema del laicismo en el Estado chileno, que de pronto parece poner a la sociedad chilena en un par de siglos atrás.

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