Un informe de la ONG denuncia que la crisis sanitaria ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están usando nuevas leyes para silenciar la información independiente y para atacar a quienes critican directamente su respuesta.
En marzo de este año, la activista egipcia Sanaa Seif fue condenada a un año y medio de prisión por “difundir mentiras” y por “insultar” a un agente. Había publicado comentarios relacionados con las personas hacinadas en las cárceles de Egipto en plena propagación de la COVID-19. En China, la periodista ciudadana Zhang Zhan, que viajó hasta Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote de coronavirus, fue detenida por la policía, acusada de “provocar peleas y crear problemas” y condenada a cuatro años de cárcel.
Sus casos vienen recogidos en el informe Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19, publicado este martes por Amnistía Internacional (AI), que denuncia que el derecho a la libertad de expresión ha sido atacado en todo el mundo en el contexto del coronavirus, lo cual ha “agravado los peligros de la crisis de salud pública”.
La organización especializada critica que en lugar de promover la libertad de expresión –considerada clave para exigir rendición de cuentas sobre las respuestas gubernamentales y concienciar sobre los riesgos para la salud– las autoridades la han restringido. “Los gobiernos han obstaculizado el desarrollo de actividades como el periodismo y el intercambio de opiniones, y han aprovechado la pandemia como excusa para acallar las voces críticas”.
El pretexto de la pandemia
Según el documento, algunos países han hecho uso de las leyes y otras medidas para restringir los derechos humanos “más allá de lo que permite el derecho internacional”, con el pretexto de proteger la salud pública, poner freno a la difusión de desinformación y “evitar el pánico”. La ONG especializada denuncia que para los gobiernos que ya llevan mucho tiempo manteniendo un estricto control sobre este derecho, la pandemia se ha convertido “en otra excusa para utilizar las leyes con el objetivo de censurar y silenciar la crítica, el debate y el intercambio de información”.
Otros gobiernos, ejemplifica AI, “se han servido de la alarma y confusión generalizadas” que ha provocado la crisis sanitaria para pisar el acelerador en la aprobación de nueva legislación y otras medidas de emergencia “que no solo son desproporcionadas, sino ineficaces para lidiar con problemas como la desinformación”.
Además, recuerda la entidad, en algunas ocasiones se han restringido los canales de comunicación —por ejemplo a través de la censura en redes sociales, el corte del acceso a Internet y el cierre de medios de comunicación—, “como mecanismo para controlar y castigar a determinados grupos y voces, y otras veces coincidiendo con momentos delicados”, como antes y después de elecciones. “Esto ha socavado el periodismo independiente y de interés público y ha privado a la población de acceder a información clave sobre la COVID-19, lo cual es fundamental para que las personas puedan informarse sobre temas de salud y refutar los rumores y la desinformación”.
“En mitad de una pandemia, se ha silenciado y encarcelado a periodistas y profesionales sanitarios. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades. Aproximadamente cinco millones de personas han perdido la vida a consecuencia de la COVID-19, y la falta de información probablemente ha sido un factor que ha contribuido a ello”, dice en un comunicado Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de AI.
De China a Nicaragua
AI destaca el caso de China, que ya tenía un largo historial de control de la libertad de expresión, como recoge el informe. La organización recuerda que en diciembre de 2019, hubo profesionales sanitarios y periodistas que intentaron dar la voz de alarma, pero “el Gobierno los puso en el punto de mira por informar” sobre el brote de lo que por entonces se trataba de una enfermedad desconocida. A 21 de febrero de 2020, se habían abierto 5.511 investigaciones penales contra personas que habían publicado información sobre la epidemia por “inventar y difundir deliberadamente información falsa y perniciosa” en China.
También esta Tailandia, donde las autoridades, para “controlar aún más el debate público”, invocaron un decreto que permite censurar o editar la información que consideren falsa o distorsionada, lo que conlleva una pena de hasta dos años de cárcel. La ONG recoge igualmente los casos de Indonesia, Uzbekistán, Cuba, Uganda así como varios países del Golfo, como Baréin, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que llevan años de interrogando, deteniendo, procesando y metiendo en la cárcel a quienes publican comentarios negativos sobre el gobierno, algo que ha continuado durante el último año, pero con la protección de la salud pública como justificación, denuncia AI.
Entre los países que han introducido leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión y silencian voces disidentes en el marco de la pandemia o con este pretexto se encuentran Tanzania, Rusia, Nicaragua y Filipinas.
El Gobierno tanzano, recuerda el informe, adoptó una postura negacionista sobre la COVID-19. Entre marzo y mayo de 2020, las autoridades utilizaron leyes que prohibían y penalizaban la desinformación y emplearon otras medidas para restringir la cobertura en los medios de comunicación de la gestión de la COVID-19 por parte del Ejecutivo. En Nicaragua, según AI, las autoridades usaron la pandemia hace un año para introducir la Ley Especial de Ciberdelitos, “que en la práctica permite a las autoridades castigar a quienes critiquen las políticas gubernamentales y les concede amplias facultades para reprimir la libertad de expresión”, dice Amnistía Internacional.
Rusia, en marzo de 2020, amplió su legislación e introdujo sanciones penales para la “difusión pública de información deliberadamente falsa” en el contexto de situaciones de emergencia. “Aunque se dijo que estas reformas formaban parte de la respuesta oficial a la COVID-19, se trata de medidas que seguirán en vigor una vez que la pandemia llegue a su fin”. Ese mes, Filipinas también promulgó una ley que otorgaba al presidente filipino Rodrigo Duterte” poderes especiales para hacer frente a la pandemia e incluía una disposición que castigaba la ‘creación, perpetuación o difusión de información falsa’ con hasta dos meses de prisión”, multas o ambas cosas.
El documento también repasa las nuevas medidas impulsadas en Camboya, Malasia, Sudáfrica, Botsuana, Marruecos o Serbia, donde el Gobierno, dice AI, “decidió centralizar toda la información sobre la pandemia e hizo que los periodistas pudieran ser perseguidos si utilizaban información que no estuviera aprobada por el gobierno o sacada de ‘fuentes no oficiales”. En Brasil, la organización teme que un proyecto de ley contra la desinformación inflija más daño, si se aprueba, a los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad y excluya a millones de brasileños del acceso a Internet, sin resolver necesariamente el problema que intenta abordar.
La ONG recuerda que muchos Estados han recurrido en los últimos años a apagar o ralentizar completamente Internet o a obstaculizar de otro modo el acceso a algunas páginas web” en un intento de controlar o detener las comunicaciones, o como forma de castigar a regiones o sectores enteros de la población”.
Access Now, una organización que trabaja para proteger los derechos digitales, ha documentado al menos 155 cortes de Internet y restricciones relacionadas en 29 países a lo largo de 2020, entre ellos en Bangladesh, Myanmar, Etiopía, Yemen, Bielorrusia, Tanzania, Camerún, Chad, Gambia y Togo. “Quizás uno de los casos más atroces ha sido la interrupción de la velocidad de Internet en la región india de Jammu y Cachemira, donde el acceso a Internet está restringido desde agosto de 2019“, dice Amnistía Internacional.
Al mismo tiempo, varios países no publicaron o se negaron a publicar los datos estadísticos de COVID-19, alegando preocupaciones por la reputación, la capacidad, la seguridad y el orden público, entre ellos Guinea Ecuatorial.
Muchos países también “han interferido” en el derecho de acceso a la información “modificando las leyes de libertad de información o suspendiendo las obligaciones de las entidades públicas de permitir al público el acceso a la información en su poder”. Entre ellos, el informa menciona varios países europeos como España, donde el decreto que estableció el estado de alarma también suspendió plazos en general para trámites de entidades del sector público. El Consejo de Transparencia emitió un aviso diciendo que el procesamiento de archivos podía retrasarse, según un informe de la Federación Europea de Periodistas (EFJ) del que se hace eco AI.
“No debe ser la nueva normalidad”
El documento analiza también ataques concretos a personas que han alzado la voz en momentos difíciles, y cómo la pandemia ha dado a los gobiernos “un nuevo pretexto para reprimir” las voces críticas e independientes.
Periodistas, activistas políticos, profesionales de la salud, denunciantes de irregularidades y defensores de los derechos humanos de todo el mundo que han manifestado opiniones críticas respecto a la respuesta de sus gobiernos a la crisis “han sufrido censura, hostigamiento, ataques y criminalización, lo cual ha contribuido a generar un clima de temor e intimidación que ha agravado la sensación general de incertidumbre y fragilidad”, recoge AI.
La organización teme que todas estas restricciones a la libertad de expresión vinculadas a la COVID-19 “o se queden en medidas puntuales.
“Está claro que las restricciones sobre la libertad de expresión relacionadas con la COVID-19 no son simples medidas extraordinarias de duración determinada para enfrentarse a una crisis temporal, sino que forman parte de una ofensiva contra los derechos humanos que se ha vivido en todo el mundo durante los últimos años. Los gobiernos han encontrado otra excusa para intensificar su ataque contra la sociedad civil”, ha dicho Rajat Khosla. “La restricción del derecho a la libertad de expresión es peligrosa y no debe convertirse en la nueva normalidad. Los gobiernos deben levantar urgentemente este tipo de restricciones y garantizar la libre circulación de información para proteger el derecho a la salud de la población.”
El informe dedica un capítulo entero a la amenaza de la desinformación, que ya era un problema grave antes de la pandemia, pero se ha visto impulsada por la incertidumbre y la confusión provocadas por el coronavirus, favoreciendo comportamientos como la reticencia a la vacunación. La ONG recuerda que la desinformación también se ha visto impulsada “por la falta de escrúpulos en los mensajes y la manipulación de quienes buscan extender la confusión en su propio beneficio, entre ellos los políticos”. Y considera que las compañías de redes sociales deben responder a la pregunta de si han adoptado suficientes medidas para evitar la difusión de información falsa y engañosa.
La desinformación “no se combate con censura”, dice la ONG, sino con unos medios de comunicación libres e independientes y una sociedad civil fuerte. “Los Estados y las empresas de redes sociales también deben garantizar que el público puede acceder sin restricciones a una información correcta, oportuna y basada en evidencias científicas”, ha dicho Rajat Khosla.
