Gobierno y religión

Hasta el momento, y pese a las movilizaciones incitadas desde la Conferencia Episcopal Española ante el hipotético peligro que se cierne sobre sus privilegios, dos cosas han quedado claras en la posición oficial del PSOE: 1) no se cuestionarán los acuerdos Iglesia- Estado de 1976 y 1979, que recortan derechos fundamentales e hipotecan nuestra Constitución; 2) no se modificará el estatuto de la asignatura de religión católica establecido en la LOGSE, como un adoctrinamiento que invade el horario lectivo de todo el alumnado y, por lo tanto, genera obligaciones confesionales a toda la comunidad educativa.

La única respuesta visible del nuevo gobierno, ante la manifiesta confesionalidad católica fáctica del Estado, es extender parte de los privilegios de que goza la religión católica a otras confesiones que, en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, han suscrito acuerdos de cooperación. Se continúa, pues, en la línea de desprecio al reconocimiento de los derechos humanos de reclamación individual de la inmensa mayoría de los españoles (los que, tanto en la declaración de IRPF como en recientes encuestas de opinión, piensan que la Iglesia Católica -como las restantes organizaciones privadas, confesiones religiosas y ONGs- debería sostenerse gracias a las aportaciones de sus fieles y no enquistarse en las instituciones y organismos del Estado para gestionar, fuera de todo control democrático, la vida y las opciones éticas y morales de todos los españoles).

   En materia educativa, donde la problemática se presenta con la mayor crudeza para padres y madres, alumnos y profesores, las propuestas del Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Cultura, aparecen en un documento de modificación de la LOCE, cuyo punto 10, sobre la enseñanza de la religión, la Asociación Europa Laica ha analizado de manera pormenorizada en sus tres apartados: introducción, propuestas y preguntas:  http://www.europalaica.com

Como síntesis de este documento de trabajo, centrada en las tres preguntas finales formuladas por el MEC, los puntos básicos de nuestras posiciones quedan reflejados en las respuestas siguientes:
   1) ¿Le parece adecuado que se incorpore la enseñanza no confesional de la religión y el hecho religioso en el currículo de historia, filosofía y educación para la ciudadanía? (10.1)

   El hecho religioso ya se estudia en el contexto de los hechos políticos, artísticos, literarios, etc., en el marco de las asignaturas clásicas. Darle una dimensión superior a los restantes sólo puede conducir a una mutilación tendenciosa de la realidad, manifiestamente lesionadora de los fines educativos planteados en el artículo 27.2 de la Constitución, con encubiertas intenciones apologistas.

   2) ¿Está de acuerdo con que el Ministerio de Educación y Ciencia eleve una consulta al Consejo de Estado acerca de si las familias o los alumnos que lo soliciten expresamente a título individual pueden renunciar a desarrollar actividades alternativas a la enseñanza confesional de las religiones?

   ¿A título individual? ¿Con qué fundamento jurídico se nos puede obligar a hacer objeción de conciencia (y, consecuentemente, si no la hacemos, a "consentir"), ante obligaciones que sólo vienen impuestas por la invasión del horario lectivo de todo el alumnado por parte de una organización privada como es la Iglesia Católica?

   3) ¿Estima necesario que las condiciones laborales de los profesores de las enseñanzas confesionales se adecuen al Estatuto de los Trabajadores? (10.5)

   Hablamos de una oferta pública de empleo, que de ninguna manera puede vulnerar el artículo 14 de la Constitución y lo que en derecho laboral se deriva del mismo. ¿Se consideraría conforme a la legislación una oferta pública de empleo -por ejemplo de 15.000 plazas de profesores de Física- destinada únicamente a acreditados ateos, avalados por una organización atea, que las Administraciones Públicas estarían obligadas a contratar y pagar? ¿No se ven vulnerados una vez más los derechos fundamentales por los Acuerdos de 1979? El hecho de que las condiciones laborales de las personas encargadas de enseñar religión católica (y el mismo razonamiento es válido para las restantes confesiones) se adecuen al Estatuto de los Trabajadores sería deseable partiendo de condiciones no lesionadoras de los derechos fundamentales: que tales enseñanzas se llevaran a cabo fuera de la escuela, para quienes voluntariamente desearan recibirlas, sin crear obligaciones a los demás, y que el contratante y pagador (y, por lo tanto, también responsable en caso de despido) fuera la Conferencia Episcopal Española.

El MEC ha abierto un foro de participación ciudadana sobre estos temas:
http://debateeducativo.mec.es
El seguimiento de las acciones y campañas de la Asociación Europa Laica puede hacerse a través de nuestra herramienta de envío de boletines mensuales y comunicados:
http://es.groups.yahoo.com/group/listaeuropalaica/
Rogamos a todas las fuerzas progresistas -individuos y organizaciones-  la necesaria movilización que contrarreste la beligerancia de una organización que, como la Iglesia Católica, se ha destacado de manera innegable durante los dos últimos siglos por oponerse a cualquier desarrollo de una sociedad justa, desde la más feroz connivencia con las fuerzas fascistas y, en la actualidad, con las tendencias más regresivas.

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