Juan María Alponte cuenta en un artículo publicado hace varios años, que el 30 de julio de 1943, en la Francia ocupada por los nazis y en una estricta aplicación de una ley de 1920, una lavandera fue ejecutada por haber abortado.
Petain era lo suficientemente católico para no tolerar el aborto, pero sí la pena de muerte.
Transcurrieron 28 años, y en 1971 un grupo de más de 300 mujeres, entre las que destacaba Simone de Beauvoir (la indispensable escritora y filósofa), publicaron un manifiesto en el que reconocieron que ellas también habían abortado, por lo que se ponían a disposición de los tribunales para que se iniciara en contra de cada una de ellas el proceso penal correspondiente.
En 1972 –narra Alponte-, el Tribunal de Menores de Bobigny juzgó a una joven de apenas 16 años que había abortado tras ser violada. En el juicio, la madre de la menor asumió la responsabilidad en el aborto explicando que “Jamás permitiría ver a mi hija sufriendo el calvario que yo conocí”. El juicio concluyó con sentencia absolutoria.
El presidente francés, Valery Giscard d’Estaing asumió que había que cambiar la ley. En sus Memorias –citadas por Juan María Alponte- explica su dilema: “El problema del aborto era difícil de tratar para mí. De educación y convicción católica, y muy ignorante de los datos médicos y sociológicos, había asistido, como todos, a la escalada en intensidad del problema (…) Las legislaciones liberales existían ya en los países vecinos, Inglaterra, Holanda, Suiza, que permitían a las mujeres (francesas) de condición elevada, con un rápido ir y volver que permanecía en el anónimo, resolver sus problemas. Las otras eran reducidas a la clandestinidad y al recurso de medios degradantes para la dignidad femenina y que comprometían, a menudo, su salud y dejaba secuelas sicológicas durables (…) No se podía permanecer así. La ley civil debe ser compatible con el estado real de la sociedad. No se trataba, como se ha dicho, de aprobar el aborto, sino de transferir a la responsabilidad individual una parte de lo que era, hasta entonces, la ley colectiva. Cada uno debía respetar los imperativos de su conciencia o de su fe, pero no decidir por los demás”.
Más adelante el propio presidente francés habría de explicar su decisión a dos papas, Pablo VI y Juan Pablo II, y lo hizo diciendo: “Yo soy católico, pero soy presidente de la República de un Estado laico. Yo no puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos, sino velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa para que la ley pueda ser respetada y aplicada. Yo comprendo el punto de vista de la Iglesia católica y como cristiano la comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia demande a los que practican su fe que respeten ciertas prescripciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas (…) No he solicitado la respuesta de los papas por razones evidentes… pero les hice sentir un dilema, que era el mío, y que en la conciencia de mi función, tuve que resolver…”.
Por eso, cuando el gobernador Miguel Márquez declaró recientemente “En mi administración no verán el aborto, para que se aplique a través de la ley a los guanajuatenses. Por ningún motivo, yo no lo permitiría (…) Por ningún motivo debemos dejar que se instale el aborto aquí en Guanajuato… ¡por ningún motivo! Y eso lo defenderé siempre, y no tengo la menor duda”, no sólo se olvidó de gobernar con la historia, sino con la laicidad y la democracia que su cargo exige.
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